Amargo adiós en el TSJ
Al momento de redactar esta pieza, la LVI Legislatura del Congreso de Morelos ya había, con el respaldo de 28 de los 36 cabildos, declarado la validez de la reforma constitucional en materia judicial para el estado que, además de la elección de jueces y magistrados a partir del 2027 y una serie de cambios a la estructura del sistema de justicia para volverla, se piensa, más eficiente y honesta, la que se considera una sesión definitiva a la crisis de poder que vive el judicial capturado por la soberbia y las ansias de poder de dos grupos cuya preocupación por la justicia y los derechos humanos y ciudadanos resulta muy cuestionable.
La solución se operaría desde la noche del martes y la madrugada de hoy, con la idea de que, tan pronto como este mediodía el Tribunal Superior de Justicia de Morelos estrene presidente y pueda retomarse el orden en la instancia patrona de jueces y trabajadores poder judicial en Morelos. Dada la división en dos partes del pleno del tribunal, sobra decir que hasta la tarde del martes no parecía haber nada “planchado” y se apostaba solo a la civilidad de quienes hace tiempo no la mostraban.
Tampoco es que pudiera esperarse mucho del acuerdo, o que éste fuera muy ambicioso. Se trataba de solucionar el cuento de los dos presidentes del Tribunal y no se trazó algo como una ruta de mejora para que el acceso a la justicia de los morelenses sea algo siquiera imaginable. La Legislatura arregló lo que estaba notoriamente roto, arruinado, inservible, pero no reparó la estructura que permite las profundas fallas del Poder Judicial. Tampoco el impacto que ello tiene en quienes demandan justicia pronta y expedita, como se dice. Para eso está la otra parte de la reforma, la sustancial digamos, que empezará a operar a fondo hasta casi el último trimestre del 2027. Por lo menos hay fecha, dirá alguien.
Cierto que los dos monstruos protagonistas del desaguisado que desde el 19 de marzo tiene al Tribunal reducido a un atado de sujetos que cobran mucho y resuelven casi nada, quedarán reducidos a su figura inicial: la de magistrados, con el adjetivo nuevo de desgastados. Luis Jorge Gamboa y Juan Gabriel Vargas apostaron todo su capital en un pleito que no se resolvió en las instancias que ellos querían y presumen dominar, perdieron y su prestigio quedó profundamente dañado, aunque siempre pueden apostar a la mala memoria de la gente, o a los compromisos que, por amistad o interés pudieran hacer valer con quienes los han apadrinado políticamente (siempre que no resulte, a la larga que fueran los mismos).
El problema con el sistema de justicia en Morelos, además de las evidentes deficiencias de la mayoría de los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia, es estructural. Hay pocos juzgadores y muchos de ellos envueltos en círculos de corrupción algunos dolosos, otros relacionados con la ineptitud (que si nos ponemos estrictos es otra forma de corrupción). Las decisiones de esos jueces y juezas están guiadas por opiniones de peritos altamente corruptibles, de abogados notoriamente incapaces acostumbrados a rutas de dinero para recorrer los sinuosos caminos de los procesos, y de un profundo desconocimiento de la gente sobre sus derechos, lo que pone en duda la legitimidad de cualquier sentencia. No es culpa solo de las personas titulares de las magistraturas, pero también es su culpa.
Lo delicado es que, a pesar de la sana y deseable división de poderes, mucha de la responsabilidad del Ejecutivo (seguridad pública, cohesión social, desarrollo económico, salvaguarda de los derechos humanos), depende de un eficiente, honesto y confiable sistema de justicia en todas sus disciplinas y especialidades. La falta de certeza jurídica derivada de la incapacidad e ineficiencia del sistema de justicia, lesiona los alcances de las políticas públicas, de ahí la urgencia de solucionar a profundidad lo que ocurre en el Poder Judicial de Morelos.
Probablemente la magistrada o magistrado que a partir de esta semana presida el Tribunal Superior de Justicia en el estado sí pueda ver más allá de las narices del pleno y entienda la urgencia de mejorar en todo lo posible (y es mucho) cada parte de la administración e impartición de justicia en Morelos. En ello van las vidas de miles de víctimas, la tranquilidad social y hasta el desarrollo del estado.
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Este miércoles a las once en la UAEM la rectora Viridiana Aydeé León Hernández rinde su primer informe de actividades al frente de la institución. Los datos que ofrecerá muestran la recuperación que la universidad empezó a experimentar desde el inicio del 2024 y se fue mostrando como una tendencia al principio de este año, pese a coyunturas que podrían distraer de esos resultados, hay que reconocer los logros de una administración que podría sacar a la universidad de sus recurrentes crisis y cambiar la conversación hacia lo mucho que ya contribuye al desarrollo de Morelos.
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