Hacia una extinción ordenada del Instituto de la Mujer
Conforme tras bambalinas adquiere mayor fuerza la propuesta para extinguir el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos se empiezan también a reforzar las voces que de forma pública, pero desde las minorías políticas, se pronuncian por mantener el órgano autónomo que este año ejerce un presupuesto de poco más de 32.9 millones de pesos, todos ellos provenientes de recursos federales no etiquetados.
Los argumentos que soportan la idea de desaparecer el órgano autónomo parecen contundentes: los recursos para atender la agenda de derechos de las mujeres se dispersan y pierden fuerza entre los órganos dedicados a ser garantes de esos derechos; la mayor jerarquía de la Secretaría de las Mujeres le ofrece un mucho mayor margen de acción; los resultados de la actual administración del Instituto resultan por lo menos dudosos ante la falta de transparencia, y hay sospechas fundadas de que viola los derechos laborales de trabajadoras y extrabajadoras. En contraste, durante los poco más de cinco meses que ha operado la Secretaría de las Mujeres es evidente su presencia en todo el estado a través de programas que, con pocos recursos todavía, han llegado a todos los municipios de la entidad y la confianza de las organizaciones ciudadanas dedicadas a las muchas agendas de las mujeres parecen favorecer más a la Secretaría.
En cambio, los argumentos para la defensa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos parecen reducirse a sólo su figura de órgano autónomo, “el único con estas características en el país”, aseguran los defensores del despacho como para hacer olvidar todo lo demás. Por sí mismo, el argumento parece moderno (aunque los primeros organismos autónomos en México se crearon en los noventa) y democrático. Y por supuesto que la autonomía constitucional en algunos asuntos públicos es deseable, como el caso de las fiscalías, las instituciones electorales, las comisiones de Derechos Humanos, las universidades y colegios profesionales, y los garantes de la transparencia. También funcionó la del Instituto de la Mujer frente a gobiernos que ignoraron la agenda feminista.
La autonomía constitucional, en teoría, funciona para que las instituciones especializadas realicen sus tareas de forma más eficiente y con independencia de los vaivenes, las presiones políticas y la intervención de los poderes públicos, especialmente, el Ejecutivo. Es decir, la autonomía tendría que ser aplicable a aquellas decisiones y tareas cuyo desarrollo podría ser obstruido por determinados intereses desde los poderes del estado.
Las políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su acceso a una vida en paz e igualdad no parecen inscribirse más en esas tareas que corren el riesgo de ser obstruidas por los poderes públicos, dadas las actualizaciones realizadas la última década al marco jurídico del estado. Estas reformas, por cierto, fueron impulsadas por colectivas feministas y la anterior administración del Instituto de la Mujer. En este sentido, convendría empezar a pensar en un segundo momento de las políticas orientadas a la atención de la agenda feminista que se trasladara del reconocimiento jurídico a la acción ejecutiva para garantizarla; y eso puede hacerse mucho mejor con el más alto nivel en la jerarquía de la burocracia estatal, es decir, una entidad con el rango de Secretaría.
A la Secretaría de las Mujeres le fueron asignados parta el 2025 alrededor de 42 millones de pesos de los que poco menos de la mitad son destinados a gasto de capital y acciones de fomento; la extinción del Instituto de la Mujer podría reforzar su presupuesto en casi un 80%, lo que se traduciría de forma inmediata en mayor cobertura de sus programas, dedicados justamente a atender la agenda específica de mujeres. Además, podría impulsar nuevas acciones de fomento transversales o reforzar las que ya ejecuta con las secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y Educación, entre otras.
La situación de riesgo permanente que siguen viviendo las morelenses y que se ha agravado en la última década vuelve urgente la eficiencia absoluta de los recursos materiales y humanos destinados a la atención de las mujeres en el estado. La duplicidad de esfuerzos, el excesivo gasto administrativo, la simulación en cualquiera de los despachos resulta, en sí misma, una agresión directa desde el Estado contra miles de mujeres que enfrentan todos los días violencia, marginación, falta de oportunidades y otras formas de lesionar o ignorar sus derechos.
Frente a estos argumentos, languidece el de la originalidad en el diseño institucional morelense que concedió la autonomía al Instituto de la Mujer, convirtiéndolo en el único en el país con esa forma. Cierto, Morelos es el único estado del país que tiene un Instituto de la Mujer autónomo; pero también Morelos ha sido el único estado del país en tener a un exfutbolista profesional como gobernador, y así nos fue.
Claro que la extinción del Instituto de la Mujer debe hacerse con la cautela suficiente para garantizar que el Ejecutivo, más allá de quien lo presida en el futuro, esté obligado a mantener el conjunto de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres como una parte fundamental en su agenda, para ello probablemente será necesario promover y aprobar las reformas suficientes en las leyes y códigos que, más allá del lenguaje inclusivo, garanticen el reconocimiento del Estado y la sociedad a esos derechos y brinden a ellas la oportunidad de ejercerlos plenamente.
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