El Congreso tiene dos vetos en el Poder Judicial
Para quienes se dicen cercanos a él, la tranquilidad con que Luis Jorge Gamboa Olea dejará su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, se debe a que alguien le habría prometido ya que será el sucesor de Juan Salazar Núñez al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Esta especie, junto a las múltiples denuncias ciudadanas y de organizaciones y a las sospechas de algunos diputados sobre probables actos de corrupción aceleró la investigación que el Congreso debe hacer respecto de los nombramientos que le corresponden; una tarea que la Legislatura anterior omitió para ceder a los mecanismos de cuotas, compadrazgos y amiguismos, pero que la actual parece decidida a retomar.
Los investigadores del Congreso han encontrado, entre otras cosas que incluyen el uso irracional del presupuesto destinado al Poder Judicial, un esquema en que, a través de una abogada particular, asignada a algunos casos de interés político, Gamboa habría intervenido para presionar a jueces y liberar a presuntos implicados en actos de corrupción durante la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido.
Algo de contexto, en la administración del exgobernador tabasqueño de Morelos, hubo algunos abogados “consentidos”, dos de ellos vieron crecer meteóricamente sus carreras: Ángel Colín, quien fue nombrado secretario de Gobierno en la última parte del sexenio, y Luis Jorge Gamboa Olea, a quien desde el Ejecutivo de entonces se impulsó para ser magistrado e incluso se buscó su nombramiento como presidente del Tribunal Superior de Justicia, en uno de los pocos planes que fallaron al exgobernador con un Congreso a modo, pero un pleno del Tribunal que no lo obedecía ciegamente.
Según los datos de las indagatorias en el Legislativo, Gamboa Olea habría continuado pagando favores al equipo de Graco Ramírez y esta conducta se aceleró con su nombramiento, ya en el periodo de Cuauhtémoc Blanco, como presidente del Tribunal Superior de Justicia. En el esquema de favorecimientos, sería vital la figura de una defensora particular quien habría sido abogada del primer fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón. La abogada intervino como defensora suplente en casos en que logró suspensión, sobreseimiento y cambio de medidas cautelares a favor de tres exfuncionarios acusados por la Fiscalía Anticorrupción por delitos contra el servicio público, Sergio Beltrán, Patricia Izquierdo y Raúl Tadeo. En cada uno de esos casos se investiga la probable presión o recomendación de Gamboa Olea a los jueces para cambiar sus resoluciones iniciales, todas ellas, de prisión preventiva a alguna forma de libertad.
La sospecha de este esquema tendría que ser suficiente para que las bancadas del Legislativo votarán en contra de una propuesta que incluyera a Gamboa Olea como próximo fiscal Anticorrupción del estado de Morelos.
Pero Luis Jorge no es el único investigado por el Legislativo. La documentación que obtuvimos, básicamente compuesta por tarjetas informativas que preparan para el conocimiento de algunos coordinadores parlamentarios, incluye también a la magistrada Anahí Bahena López, designada en noviembre del 2023 por la LV Legislatura.
La magistrada estuvo señalada y fue sujeta a proceso por el escándalo de las “pensiones doradas”, que obtuvieron irregularmente algunos que fueron funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo en las postrimerías del sexenio de Graco Ramírez. En el momento de obtener su pensión (2018), Bahena López, esposa del entonces secretario de Gobierno, Ángel Colín, tenía apenas 37 años, y se había desempeñado apenas dos años (2017 y 2018) como directora general de Consultoría en Asuntos Administrativos. Su labor en el servicio público inició en el 2006 en el ayuntamiento de Ayala como asesora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y después de cuatro años sin registro laboral en su currículum, en el 2013 reapareció como coordinadora jurídica del ayuntamiento de Yautepec, ya a cargo de la familia Alonso, que la impulsó a la postre como magistrada, aún sin tener carrera judicial alguna.
En el reciente conflicto que partió al pleno del tribunal en dos, Anahí Bahena López se alineó del lado de Luis Jorge Gamboa Olea. De hecho, en aquella sesión de pleno en que se destituyó (o no, algo que ya nunca quedará claro) de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a Luis Jorge Gamboa Olea, la magistrada fue una de las que hizo mutis a petición del presidente y salió junto con Alejandra Hernández García, para romper el quórum del pleno.
La intención de Anahí Bahena de hacerse de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia pasa por dos personajes, Ángel Colín, quien opera políticamente para su candidatura, y el diputado Isaac Pimentel de Morena que sería el responsable de buscarle apoyos en el Legislativo.
Sin embargo, los riesgos que ven los investigadores del Congreso es que, bajo una presidencia de alguno de los incondicionales de Gamboa Olea, y especialmente en el caso de Anahí Bahena, se repitan los esquemas de probable protección a los delincuentes desde los juzgados, especialmente a quienes cometieron actos de corrupción ya no solo en el sexenio de Graco Ramírez, también en el de Cuauhtémoc Blanco.
Y aunque muchas de las revisiones del Congreso podrían no tener futuro como causas penales, entre otras cosas porque el Congreso no es autoridad de procuración de justicia o investigación de delitos; la idea es que se transformen en argumentos sólidos para sostener el veto de los legisladores a las intenciones de algunos magistrados y a los probables nombramientos que se postularan durante los próximos tres años, uno de los más importantes, sin duda sería el del relevo en la Fiscalía Anticorrupción.
@martinellito
