La operación política para resolver al Poder Judicial
Los intentos por resolver la crisis del Poder Judicial en Morelos continuaban hasta el momento de escribir esto al más alto nivel en la política estatal.
La preocupación está justificada: el Congreso de Morelos declaró la validez de la reforma constitucional en la materia el ocho de abril pasado, con un transitorio que establece un proceso de relevo en la presidencia del Poder Judicial, para cuyo inicio que concede un plazo de 24 horas después de la publicación del decreto en el Periódico Oficial. Esa condición estaría programada -según se avisó al Legislativo- la semana que hoy llega a la mitad y hasta la tarde del martes no había condiciones que permitieran una elección sin sobresaltos.
En términos más prácticos, para que haya elección en el judicial se requiere, además de la publicación del decreto, el acuerdo de por lo menos quince magistrados para sesionar en pleno y designar una terna que el Congreso valide. Este proceso está ubicado en tiempos exactos que obligarían a la publicación del decreto a más tardar este jueves, para cumplir con el deseo de todos de que el Tribunal Superior de Justicia estrene presidente esta misma semana, probablemente la tarde del viernes.
Una señal de optimismo es que, durante la sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el ministro Jorge Gamboa Olea se despidió del órgano pues la silla que ocupaba corresponde a la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia; pero hasta ahora es la única, y mientras siguen las reuniones, llamadas telefónicas e intentos de construir acuerdos para el relevo de Gamboa Olea o Juan Gabriel Vargas Téllez, según a quien el lector conceda alguna legitimidad como titular del Poder Judicial de Morelos. La operación se hace en el propio judicial, pero también hay operadores del Ejecutivo y el Legislativo trabajando en el “allanamiento” del camino para que pueda integrarse una terna que pudiera ser validada por el Congreso y luego votada efectivamente por los magistrados, de forma que la transición sea mucho más sencilla.
Otra buena noticia para algunos es el aparente silencio público que guardan el resto de los magistrados, lo que para muchos observadores significa que el diálogo continúa en privado y hay buena voluntad para conseguir los consensos necesarios para designar a quien ocupará la presidencia del Tribunal hasta el 31 de agosto del 2027, fecha en que asumirían los magistrados y jueces electos por el voto de la ciudadanía.
En tanto, el Poder Judicial cumplió ya más de dos años en crisis y un mes prácticamente paralizado por el conflicto entre los dos grupos de magistrados que partió a la mitad el pleno del Tribunal y en el que participaron todos y todas. Ante el prolongado caos en un poder del Estado que, a diferencia de los otros, no debería permitirse ninguna clase de desorden, los abogados han vuelto a ser un factor de presión. Las organizaciones de profesionales del Derecho y abogados particulares nuevamente se pronuncian contra la ineptitud, desaseo y ambición de poder de los magistrados que mantienen al Poder Judicial en las condiciones actuales.
Es natural la desesperación, los juzgados, salas y hasta el pleno del Tribunal Superior de Justicia son los espacios donde la mayor parte de la abogacía suele ejercer así que las obstrucciones que enfrentan esos despachos afectan directamente la práctica profesional y, por supuesto, a los justiciables. Pero poco ayuda a estas alturas la presión, por lo que los operadores políticos del estado tratan de mantenerlos en paz a fin de evitar que de alguna forma los señalamientos entorpezcan los acuerdos.
Otro factor que parece detener la designación, por cierto, es la falta de candidatos capaces de garantizar, por una parte, la operación del pleno en condiciones de paz durante los próximos dos años; y por la otra, las condiciones de legitimidad, y confianza ciudadana que debería ofrecer el Poder Judicial en los próximos dos años.
Parte por sus historias personales, por sus vínculos con desgastados actores políticos, sus actos o su participación relevante en alguna de las dos facciones en pugna al interior del plano, los magistrados del Poder Judicial de Morelos fueron acumulando datos en contra, lo que vuelve en extremo compleja la decisión. La presidenta de la Barra de Abogados de Morelos aseguró justo ayer que la terna para designar al nuevo presidente debería estar integrada por personas con los mejores perfiles, algo que incluye el conocimiento, el deseo y vocación de servicio y de atención a la sociedad; y también aseguró que a los actuales magistrados les “falta el compromiso… creímos en las mejores mujeres y los mejores hombres en la administración de justicia, pero nos hemos equivocado completamente… (los 22 magistrados) no cumplieron con la tarea, quedaron a deber mucho”.
Y a no ser que alguien creyera que a partir de su inclusión en una terna para ser votados por el Congreso los magistrados se convertirán casi mágicamente en gente diferente que ejerza su cargo con ética y profesionalismo, y sobre todo, alejado de intereses más allá de la impartición de una verdadera justicia, lo cierto es que sigue sin haber gente suficiente para integrar la terna y peor, tampoco parece haber uno solo que pudiera presidir el Tribunal con la necesaria solvencia. Ahí es donde todo se ha detenido.
Por lo pronto, lo urgente es la construcción de un acuerdo que permita revivir al Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en ello está enfocada la operación política, probablemente la siguiente tarea será garantizar que durante los dos años que durará la transición, los magistrados y jueces se porten bien.
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