Un rezago de miles de expedientes de corrupción
Tampoco es que anduviéramos buscando, pero hasta ahora no hay quien haya dicho algo malo sobre el nuevo fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel. Y conste que en el gremio de los abogados es muy fácil encontrar denuestos suficientes contra muchos, pero el catedrático y experto en derecho Díaz Rogel tiene la suficiente buena fama pública como para que su nombramiento, ocurrido apenas el viernes pasado, permita abrigar esperanzas de que las cosas mejorarán en la Fiscalía Anticorrupción, un órgano que, libre de las sospechas sobre la probable protección a diversos exfuncionarios acumula históricos e insultantes pendientes.
Lo que recibe Leonel Díaz Rogel es un único activo, el diseño institucional aparentemente eficiente (salvo por la cuestión de la autonomía presupuestal); contra decenas de pasivos que durante una década mermaron la credibilidad, funcionalidad y eficiencia de la Fiscalía Anticorrupción que francamente ya recordaba a los Pumas o el Cruz Azul, con llegadas brillantes que al final acababan volando el balón o entregándolo dócilmente al portero.
Los datos de la propia Fiscalía Anticorrupción resultan de escándalo, de las tres mil 810 carpetas de investigación trabajadas entre 2018 y 2024, sólo 150 lograron sentencias condenatorias, 2 mil 970 están en procesos de investigación o integración y 649 están ya judicializadas en diversas etapas.
Hay que reconocer, eso sí, que, bajo el mando de Juan Salazar Núñez, la Fiscalía Anticorrupción le entró a casi todos los casos. Sólo en 27 carpetas se determinó no investigar o se revocaron las indagatorias lo que representa menos del 1 por ciento de los casos. Pero eso habla más de la proclividad a la corrupción de los funcionarios públicos en Morelos y la solidez de las acusaciones en contra de ellos, así que no corresponde a un indicador de eficiencia.
Entre las 2 mil 970 carpetas de investigación en fase de integración, hay casos mucho más relevantes que otros, por ejemplo, los por lo menos diez asuntos que involucran al exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en diversas conductas probablemente constitutivas de delitos y que van desde el enriquecimiento ilícito hasta la falsificación de documentos o la falsedad de declaraciones ante la autoridad. Dada la pésima fama de Blanco en Morelos, la falta de avance en esas carpetas es un agravio permanente que debería ser atendido de forma inmediata.
La corrupción en la administración de Blanco Bravo fue casi generalizada, incluso mucho mayor, según todo apunta, de la practicada en la época de Graco Ramírez. Así que en la Fiscalía que dejó Juan Salazar no solo están los expedientes que involucran directamente al gobernador, sino muchos otros por probables ilícitos cometidos en la Oficina de la Gubernatura, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Hacienda, la entonces Secretaría de Movilidad y Transporte, la ya extinta también Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Instituto de la Educación Básica, el Conalep Morelos, Colegio de Bachilleres, Servicios de Salud Morelos, la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Sustentable, la Comisión Estatal del Agua, los fideicomisos de Competitividad y Empleo, Fondo Morelos, Turismo, del Fondo para el Desarrollo Empresarial.
Estos asuntos se suman a las ya muy publicitadas denuncias sobre actos de probable corrupción en las secretarías de Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Económico y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
Otros pendientes importantes son, sin duda, los que involucran a exfuncionarios que colaboraron con el exgobernador, Graco Ramírez, e involucran actos y omisiones que podrían constituir delitos en Desarrollo Sustentable, Obras Públicas y Hacienda.
También habría que sumar las de los municipios, sólo en el caso de Cuernavaca hay 30 que no se han judicializado contra exfuncionarios del periodo 2019-2021, y una decena contra quienes formaron parte del ayuntamiento entre 2016 y 2018 (sí, justo cuando el alcalde era Cuauhtémoc Blanco). Otras carpetas contra exfuncionarios municipales incluyen a diversos de Cuautla, Yautepec, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Zacatepec, Jojutla, y van desde elementos policiacos y empleados de ventanilla hasta alcaldes, síndicos y regidores; así de extensa resulta la corrupción en Morelos.
Así que la tarea que Leonel Díaz Rogel enfrenta desde ahora es apabullante, lo que no justificaría errores (para eso mejor ni hacer cambios), pero sí deberá reconocerse que la Anticorrupción requiere apoyos en personal de investigación para concluir lo más pronto posible esos casos, a los que cada año se suman cientos; y poder, mediante el castigo ejemplar reducir la proclividad del funcionariado morelense a torcer la ley para beneficiarse a sí mismos o a sus grupos de interés.
Díaz Rogel tiene un trabajo enorme resultado en gran parte de que la corrupción generalizada rebasó por años a la institución responsable de combatirla. La discreción de su antecesor para reconocer el tamaño de ese problema ayudó muy poco a que se comprendiera su gravedad y contribución a la impunidad. Otra urgencia, por cierto, estará en verificar que los juzgadores hagan su trabajo sin conceder beneficios ilegales a los acusados, porque ese ha sido otro asunto grave. Mientras tanto, el nuevo fiscal Anticorrupción de Morelos tiene tanto trabajo que es posible deba hacerlo de lunes a siempre.
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