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La oposición, razones para desconfiar

 

Los diputados de la LV Legislatura que votaron por la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos no tenían necesidad alguna de intentar acotar el poder que los diputados de Morena no se habían planteado usar a partir del 1 de septiembre que inicia la LVI edición del Legislativo local.

Ya el diputado electo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la próxima legislatura, Rafa Reyes, había dado muestras de generosidad política, una condición que ha acompañado la carrera del ex alcalde de Jiutepec. Se planteaba en las mesas la posibilidad de ceder la Junta Política y de Gobierno, o la presidencia de la Mesa Directiva al PAN que, con sus cuatro diputados será la segunda fuerza, y ofrecer algo también al Partido del Trabajo, el más extraño aliado de Morena que tiene dos curules.

Dirán algunos que la mula no era arisca, pero la hicieron. Después de un sexenio de sospechas y enfrentamientos con la administración neomorenista de Cuauhtémoc Blanco, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morelos Progresa, juntaron sus votos y sumaron los del PT, Redes Sociales Progresistas y dos de Morena, para aprobar la reforma a la Ley Orgánica que impedirá a la próxima fracción parlamentaria de Morena en el Congreso hacer lo que no había pensado, controlar los tres órganos más relevantes del gobierno Legislativo, Junta Política, Mesa Directiva y Comisión de Hacienda.

De los 14 que votaron por la reforma a la Ley Orgánica, cinco estarán en la próxima legislatura, los panistas Andrea Gordillo Vega y Francisco Sánchez Zavala; los petistas, Tania Valentina Rodríguez y Alberto Sánchez Ortega; y de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado. Esos cinco votos buscaban alguna seguridad para el trabajo a partir del 1 de septiembre. Igual podrían considerarse los emitidos por los panistas, Oscar Cano Mondragón y Ángel Adame, y el emecista, Julio César Solís; que intentaban en su caso mantener alguna fuerza de sus partidos en el Congreso.

El voto de Erika Hernández Gordillo fue, como ella misma lo explicó en sus reservas, en congruencia porque ella misma había presentado una propuesta de reforma similar hace meses que se fue a la congeladora legislativa. Los votos de Alejandro Martínez Bermúdez y Arturo Pérez Flores, ambos de Morena, no tienen más explicación que, probablemente, haber sido marginados totalmente de los espacios de poder durante, por lo menos, los próximos tres años.

Y a pesar de todas las razones que tuvieron las diputadas, la reforma a la organización del poder en el Congreso es un exceso de una legislatura que no debió haber pasado a la historia por ser tan atascada. Muchas de las leyes que aprobaron en las dos últimas jornadas legislativas con las que buscaron resolver un rezago de más de una veintena de ordenamientos pendientes no han sido siquiera considerados por el discurso público que se ha ocupado en la justa crítica del agandalle legislativo.

Un agandalle que, por cierto, no será fácil de deshacer porque el PT volverá a tener dos votos en la próxima legislatura que, sumados a los cuatro de Acción Nacional, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PRI, serían suficientes para evitar que la Ley Orgánica fuera nuevamente reformada para quedar como estaba hasta el domingo pasado. Porque ¿cómo explicarían Tania Valentina Rodríguez y Alberto Sánchez que el 15 de julio votaron por una reforma que consideraron justa y los primeros días de septiembre votar por una contrarreforma que consideraran justa? Quedarían como priistas, o perredistas. Para quienes consideran que las legislaturas son como mercados de diputados, lo que hicieron los diputados del PT fue elevar mucho su precio en la próxima legislatura.

Lo cierto es que la desconfianza entre los diputados, abonada por las intentonas intervencionistas que se dieron en la LV Legislatura, y el principio de la que está por concluir, tiene también responsables externos, algunos de ellos que estarán presentes aún en la política local.

Nombres como Ulises Bravo Molina, José Manuel Sanz Rivera, Pablo Ojeda Cárdenas, Jesús Sotelo Martínez, quienes instruyeron las campañas contra el Congreso, la adquisición de voluntades de legisladores y otras estrategias de debilitamiento del Legislativo durante los últimos seis años, se han quedado en la memoria de muchos diputados como una suerte de modus operandi del Ejecutivo; y aunque no hay señales de que Margarita González Saravia presenta subyugar al Congreso, la presencia de Ulises Bravo en el ambiente político local, por más diluida que se encuentre, y la de Alfonso de Jesús Sotelo en la próxima legislatura, mantienen viva la sospecha de una oposición que se quemó con champurrado y ahora le sopla hasta a la horchata.

Pero entre la perversidad de unos, el miedo de otros, y la sospecha de todos, lo cierto es que la oposición no está dando buenas señales. La posibilidad de construir un diálogo en que todos los poderes participen para el bienestar de los morelenses parece complicarse conforme avanzan los días. Esta vez, a diferencia de los dos últimos sexenios, no parece ser por falta de generosidad de los ganadores, sino por las excesivas sospechas de quienes serán la oposición.

@martinellito

martinellito@outlook.com