Otra conducta peligrosa del gobierno de Morelos
El perdón, olvido y hasta premio a los conductores de motocicletas que decidieron no acogerse a un primer programa de descuentos para regularizar sus unidades publicado el lunes en el periódico oficial Tierra y Libertad de Morelos es una muy mala señal para quienes han debido padecer la cada vez más difícil tarea de tener en regla su documentación y contribuciones.
Demos mucho contexto.
En la administración de Cuauhtémoc Blanco se ha registrado el robo de más de siete mil 800 motocicletas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Algunas de esas unidades son desmanteladas y vendidas por piezas, pero se presume que la mayoría son remarcadas, o simplemente puestas en marcha con permisos para circular falsos emitidos en casas de gestoría ubicadas en diversos municipios del estado: los tristemente famosos permisos de Guerrero, llamados así porque utilizan membretes de municipios de ese estado, demarcaciones que la motocicleta o su usufructuario no tienen que pisar jamás. Las unidades tienen dos destinos finales, el primero es la venta ilegal, con papeles también chafas, a precios “de remate”; la segunda es su uso en la comisión de delitos que van desde el robo en cualquiera de sus modalidades hasta el homicidio doloso, una vez cumplida esa utilidad suelen ser abandonadas.
Hace años se busca acabar con este ilícito y para ello es necesario un programa de identificación vehicular total que permita la certeza de que las motos que circulan en el estado tienen un origen licito y sus propietarios son localizables para cualquier eventualidad de la que pudieran ser víctimas o victimarios. El asunto no era tan difícil, instalar puestos de verificación para revisar la documentación de las motocicletas, retener las de procedencia ilícita y procesar a sus tenedores, y a las solamente irregulares remitirlas a la autoridad para su regularización.
A pesar de su triunfo contundente en las urnas en el 2018, la administración de Cuauhtémoc Blanco, a lo mejor por su origen de famoso futbolista y nada más, siempre ha enfrentado problemas de legitimidad. Detrás de sus declaraciones agresivas, de su selección de enemigos y adversarios para echarles carrilla, de su proclividad al conflicto, parece esconderse una colección de funcionarios excesivamente cautelosos, dominados por mini poderes fácticos, no siempre de origen legítimo.
Así que los operativos para detectar motocicletas han sido esporádicos y erráticos. En la busca de conseguir adeptos, funcionarios como el exsecretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado, fue permisivo con las motocicletas irregulares, lo que inmediatamente aumentó la frecuencia del robo de unidades, de 175 en los meses de octubre a diciembre del 2018 (ya con Blanco en el gobierno estatal), a 866 en el 2019; mil 110 en el 2020; mil 118 en el 2021; mil 337 en el 2022; y 2007 en el 2023. El primer semestre de 2024 ya hay mil 84 denuncias por robo de motocicleta. En efecto, frente a una autoridad permisiva se vio el aumento de dos conductas ilícitas. Una sin mayores datos porque los ayuntamientos sólo han podido calcular los negocios que se dedican a la venta de permisos para circular y otros medios de identificación de vehículos y conductores apócrifos que funcionan hasta con letreritos en los postes. La otra, con datos de denuncias penales, 131% de aumento en el robo de motocicletas entre 2019 y 2023.
Ya para el cierre de la administración Blanco y pasadas las elecciones, la Secretaría de Movilidad y Transporte decidió emprender nuevamente la cacería de motocicletas irregulares, se apoyó en los ayuntamientos para que con sus policías viales se revisara la documentación y en los pocos días que duró la medida se lograron detener decenas de motocicletas robadas, remarcadas o amparadas con documentación falsa que fueron remitidas a los corralones municipales.
Entonces vino la reacción, motociclistas repartidores de plataforma, que a pesar de los muchos meses de beneficios fiscales no se habían regularizado protestaron por la medida, tomaron las calles alegando la ineptitud de Movilidad y Transporte un argumento incuestionable en tanto ha sido incapaz de dotar de láminas a quienes intentan emplacar sus vehículos lo que también ha servido de pretexto a quienes protagonizan el desorden de motocicletas en las calles. La autoridad cedió y las concedió un nuevo plazo, treinta días de trámites sin pago alguno en refrendo anual de los derechos de control vehicular con expedición de tarjeta de circulación y holograma, por los ejercicios fiscales 2023 y anteriores; y en el servicio de trámite de baja de registro en padrones vehiculares de otras entidades federativas; también otorga la condonación en el pago de multas, recargos y actualizaciones por los dos conceptos.
Los beneficios son solo para motociclistas, a quienes hayan regularizado ya sus unidades no se les devolverá el dinero que hayan pagado. Tampoco aplica para propietarios de otros vehículos que siguen esperando documentación de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
La parte buena es que probablemente este beneficio ofrecido por la autoridad contribuya a regularizar el parque de motocicletas en el estado y reducir la comisión de delitos, particularmente el robo de éstas y su uso en la comisión de otros ilícitos. La mala es que se trata de una nueva derrota de la administración de Cuauhtémoc Blanco que nuevamente evidencia lo costoso que es ser ciudadano responsable de las obligaciones legales y tributarias, y lo barato que resulta estar al margen de la ley.
@martinellito / martinellito@outlook.com
