El aumento al transporte y otras herencias malditas de Cuauh…
Probablemente nacida de su origen futbolero, la administración de Cuauhtémoc Blanco ha sido un recurrente patear los problemas con la esperanza de que se resuelvan o disuelvan solos (como la pandemia por Covid-19 o la epidemia de dengue); los solucione otra persona o Poder, como la falta de obra pública que han debido atender el Congreso local y los ayuntamientos con adecuaciones presupuestales o recursos propios; o de plano para ignorarlos y dejarlos en manos de la siguiente administración, como los que tienen que ver con la crisis de seguridad pública, la de desarrollo económico, las observaciones de los órganos de fiscalización federal y local al gasto de dependencias públicas, las denuncias por corrupción y ahora hasta la primera bomba activada que se dejará a la administración de Margarita González Saravia, el incremento a la tarifa del transporte colectivo, al que en Morelos se conoce como “rutas” o “peseros”.
Las “trampas” que dejan, más por indolencia e ineptitud (queremos pensar) que por mala fe, los funcionarios de Cuauhtémoc Blanco son enormes peligros para la estabilidad política y social del estado. La inseguridad, la enorme impunidad y la desatención a las víctimas de los delitos son un riesgo latente para la nueva administración. La exigencia ciudadana es altísima en esta materia y aunque puede concederse que no hay soluciones mágicas, las tragedias provocadas por la delincuencia durante las últimas décadas han movido a un sentimiento de urgencia en la ciudadanía.
El cierre o reducción de actividades de cientos de empresas, la consiguiente pérdida de empleo y la crisis productiva en el campo, también genera un riesgo permanente que ya empieza a notarse en movilizaciones no atendidas por la administración Blanco, las más recientes son las de las extrabajadoras de Equipos Médicos Vizcarra, pero no son las únicas, hay quejas de campesinos en las zonas oriente y sur y de trabajadores en la zonas industriales y comerciales.
Las observaciones a auditorías federales y estatales no atendidas por la administración Blanco, además de los expedientes penales por daños al erario cometidos por funcionarios y exfuncionarios públicos, podrían provocar sanciones presupuestales aplicables tan pronto como en el proyecto de gasto para el 2025, el primero que ejercerá en su totalidad la administración de la primera gobernadora de Morelos y su funcionariado, que deberán cargar con las culpas heredadas y las consiguientes reducciones en materia del gasto necesario para empezar bien el sexenio.
Las denuncias por corrupción en la pasada administración probablemente sean el pendiente menos peligroso de todos. Eso sí, los castigos pendientes a la presunta corrupción en la administración de Graco Ramírez se acumularán con los procedentes contra colaboradores de Cuauhtémoc Blanco, que podrían implicar al propio gobernador, lo que mermará la de por sí lánguida confianza que la ciudadanía tiene en los políticos. La fe que los morelenses tendrían en el nuevo equipo del Ejecutivo será bastante menor a la deseable, si tan solo no hubiera el recurso de Graco y Cuauhtémoc.
Por si todos esos aplazamientos fueran pocos, el Ejecutivo tomó esta semana la decisión de patear una vez más el bote del probable incremento a la tarifa del transporte colectivo para que sea la administración de Margarita González Saravia la que tome la decisión y reciba el golpe político que podría significar.
Si bien el salario mínimo en todo al país ha crecido de forma importante, en términos reales la recuperación del poder adquisitivo es de apenas un cuatro por ciento en promedio. La petición de los concesionarios de las “rutas” es un aumento de 40% (ya lo redujeron del 50% que exigían al principio de este año). Y si bien sería el primer incremento que se autoriza desde el 2021, cuando en plena pandemia se estableció la tarifa mínima de 10 pesos, lo cierto es que la información que el propio gobierno tiene sobre el transporte público en el estado es mínima, desordenada, lo que impide la formación de criterios para la toma de decisiones orientada al usuario. De hecho, el Ejecutivo carece de un dato real incluso sobre el número de usuarios del transporte colectivo; las estimaciones que hace se fundan en otras estimaciones y no en un censo que podría establecer datos de control que permitieran entonces calcular los efectos económicos y sociales del incremento a la tarifa, y de otras determinaciones que deben tomarse sobre el transporte público.
El Programa Estatal de Transporte 2019-2024, con que la Secretaría de Movilidad regula sus acciones y traza sus políticas públicas parte de un diagnóstico con datos del 2015 y una “consulta ciudadana” de diciembre de 2018 (presentada sin vitrina metodológica ni conteo de participantes); probablemente por el poco rigor científico, la mayor parte de los objetivos del programa permanecen incumplidos: modernización del parque vehicular; uso de energías alternativas y sustentables; mejora de la calidad, eficacia y eficiencia del transporte público; y cuidado del medio ambiente.
Por eso la necesidad de que un tercero, en este caso la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sea quien realice el estudio de factibilidad del incremento a las tarifas. Un estudio que debió solicitarse desde el año pasado, cuando iniciaron las exigencias de los concesionarios, a fin de contar con los datos más o menos reales en junio o julio, y tomar la decisión antes de concluir la administración de Cuauhtémoc Blanco.
Idealmente, la solicitud del estudio se haría a la UAEM en septiembre próximo, para que los resultados quedaran listos en mayo; es decir, cuando la administración de Margarita González Saravia tenga ya poco más de 200 días y pudiera empezar a presumir logros que se verían opacados por el problema del incremento o no a las tarifas del transporte colectivo. Podría hasta pensarse en sabotaje, si hubiera alguien tan brillante para tal confabulación.
@martinellito / martinellito@outlook.com
