La de la última década en política social
Aunque para muchos podrían no resultar tan espectaculares o mediáticos después de casi una década de crisis política y de seguridad, los recientes nombramientos adelantados que hizo la gobernadora electa, Margarita González Saravia de su Gabinete Social adquieren especial relevancia por atender una deuda añeja del Ejecutivo con los morelenses.
Los pendientes enormes en combate a la pobreza, educación, salud, cultura y atención a las mujeres solo pueden entenderse bajo la lógica de un gobierno omiso y muchísimas veces cómplice y promotor de catástrofes en cada una de las áreas de política social, la mayoría de ellas responsabilidad del Estado que supone ser su rector (salud, educación, combate a la pobreza, ambientes de paz para las mujeres) o su principal promotor (cultura).
Margarita advirtió que el Gabinete Social atenderá la prioridad de su gobierno, a saber, el combate a la pobreza y la atención al desarrollo y bienestar de los morelenses. Porque si bien es evidente que la peor crisis que atraviesa Morelos tiene que ver con violencia e inseguridad, también lo es que durante el último sexenio cientos de morelenses murieron por falta de políticas y atención a la salud, miles quedaron marginados de la educación, decenas de miles de mujeres sufrieron violencia y fueron revictimizadas por las autoridades, cientos de familias se volvieron más pobres, y la cultura fue reducida a una actividad de “mantenimiento” por sus responsables.
La errática política social de las dos últimas administraciones gubernamentales ha afectado a muchos más morelenses que la inseguridad, y eso es decir mucho. Aún peor, en el sector salud las sospechas de corrupción en adquisiciones de medicamentos, aplicación de recursos para infraestructura y equipamiento hospitalario, mantenimiento de centros de salud y clínicas, encuentran eco en el desastre que ha sido la salud pública en Morelos durante los últimos dos sexenios.
En educación, la distracción de las autoridades educativas del nivel básico y la corrupción con la que ejercieron el mando del sistema es casi epopéyica y junto a la ineptitud en el manejo de la pandemia, provocó que miles de niños no regresaran a las escuelas. La autoridad educativa prefirió dedicarse a hacer política partidista y generó conflictos constantes en el sector que golpearon directamente la calidad del servicio educativo. A ello tendríamos que añadir la histórica desarticulación de los subsistemas que impide una coordinación en beneficio de un perfil de estudiante deseable y la incorporación de tecnologías para cada uno de los niveles. El analfabetismo tecnológico en el sector llega al grado de pretender que montar un libro físico en un archivo PDF es digitalizar la educación.
El combate a la pobreza ha sido otro de los fracasos estrepitosos del gobierno estatal; la casi total desaparición de programas subsidiarios locales impidió cerrar la pinza del efecto positivo que podrían haber tenido los programas sociales federales en comunidades de alta marginación. La incapacidad del gobierno estatal de promover y mantener las inversiones productivas desembocó en la pérdida constante de empleos y con ello el aumento de la economía informal. El desastre en combate a la pobreza en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco es tal, que en 2024 hay más personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar (1.3% del total de la población económicamente activa que trabaja 40 horas a la semana) de las que había en 2021 (0.47%, con todo y pandemia).
La violencia contra las mujeres es un capítulo aparte. El incremento a los feminicidios en los últimos tres años es preocupante. En el primer semestre del 2024, ocho municipios de Morelos se ubican entre los 50 con más presuntos feminicidios cometidos reconocidos por la autoridad: Cuautla: 6; Temixco, 5; Cuernavaca, 4; y con dos cada uno, Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla y Yecapixtla. Han crecido también la violencia familiar y los delitos contra la integridad sexual, cuyas víctimas son mayormente mujeres. Adicionalmente, las instancias de seguridad suelen revictimizar a las mujeres y los juzgadores actúan cotidianamente sin perspectiva de género. Decenas de mujeres víctimas de violencia vicaria aguardan sin acompañamiento más allá de colectivas, que los juzgados resuelvan sus casos; esas decenas seguramente son cientos, pero la mayoría no denuncia los delitos en su contra porque conocen de la incapacidad o inutilidad del Tribunal Superior de Justicia para resolverlos.
La cultura en Morelos ha sido subordinada a una actividad superflua, la importancia que tienen las manifestaciones individuales o colectivas de tradiciones, historia, arte, han sido reducidas a una actividad que el estado hace sin saber porqué o para qué. La utilidad de la cultura como restauradora de tejidos sociales, ocupante de los espacios públicos, manifestación de la identidad de los pueblos, las comunidades y los grupos sociales, ha sido anulada por la incapacidad del Ejecutivo para entenderla, y con ello, para entender a Morelos.
El discurso colectivo durante los últimos seis años se dirigió a la emergencia en seguridad y al alto nivel de conflictividad política. Pasó por alto cosas que ocurrían en sus narices y que han dañado a la sociedad a un grado que, afortunadamente, aún es reparable. Tocará a la gobernadora, Margarita González Saravia, a Silvia Salazar en Bienestar, Mario Ocampo, Salud, Karla Aline Herrera, Educación, Clarisa Manrique, Mujeres, y Montserrat Orellana, Cultura, tratar de enderezar el capítulo social de la política estatal. La exigencia es alta, pero los perfiles parecen alentadores.
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