Presupuesto directo para pueblos indígenas y asambleas comunitarias
Paloma Estrada Muñoz y Juliana García Quintanilla
La marginación y discriminación contra los pueblos indígenas han ocasionado graves violaciones a los Derechos Humanos durante siglos de opresión y explotación. El trabajo organizado de las comunidades indígenas es lo que ha permitido preservar las raíces históricas y mantiene la esperanza de una transformación de la realidad.
Alpuyeca y la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Morelenses hemos llevado a cabo 11 Asambleas para tener una Agenda de Derechos para ejercer nuestra Autonomía y Libre Determinación.
Uno de los temas que se han abordado y requieren contar con amplia información es el de la entrega de recursos económicos directamente a las comunidades indígenas a través de sus asamblea comunitarias. Durante este mes de abril del 2025 se tendrán que ejecutar los presupuestos directos, por lo que no debe haber simulación ni desviación de los mismos. Por eso es importante dejar claro que con los pueblos todo y sin los pueblos nada.
Los aspectos principales están planteados en las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que señala claramente que:
«Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas son la verdad más íntima de México. De su historia, sus lenguas, sus formas de organización y su cosmovisión surge la grandeza de nuestra nación. No puede entenderse la identidad de México sin la raíz profunda de quienes han habitado este territorio desde
tiempos ancestrales. Sin embargo, durante siglos fueron relegados y excluidos de las decisiones fundamentales del país. Hoy, con la reforma al artículo 2º de la Constitución, se reconoce su carácter de sujetos de derecho público, con autonomía y patrimonio propio, lo que marca un hito en la lucha por la justicia y la igualdad.
Esta reforma continúa con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, un esfuerzo que inició en el sexenio pasado con la implementación de 17 Planes de Justicia, en el que participaron 23 pueblos indígenas en 12 entidades de la República Mexicana. A través de estos planes, el Estado ha asumido el compromiso de escuchar y atender las demandas históricas de estas comunidades, bajo un modelo de desarrollo que respeta su autonomía y su cultura. La incorporación de este nuevo componente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es parte de ese proceso de transformación y responde a la necesidad de garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a quienes más los necesitan.
Por primera vez, el FAIS aplicará este nuevo marco constitucional, asegurando que al menos el 10% de sus recursos se asignen directamente a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esto representa un cambio estructural en la manera en que el Estado atiende a estas comunidades, pues ahora son ellas quienes decidirán de manera autónoma el destino de los recursos, sin necesidad de intermediarios.
La Secretaría de Bienestar tiene un papel central en la operación de este fondo, garantizando que su aplicación respete los principios de justicia social y libre determinación. En coordinación con los tres niveles de gobierno, se asegurará que los recursos lleguen de manera directa y transparente, fortaleciendo las capacidades comunitarias para la administración y ejecución de proyectos de infraestructura social básica.
La consolidación del Estado de Bienestar sólo es posible si se saldan las deudas históricas con los pueblos que son el México profundo.
Para garantizar la correcta aplicación de estos recursos, los lineamientos establecen la creación de Comités de Administración y de Vigilancia Comunitarios, integrados por las propias integrantes de pueblos, comunidades y localidades. Estos comités tendrán la responsabilidad de administrar y ejecutar los recursos del fondo, así como supervisar y dar seguimiento a los proyectos, asegurando que el uso de los recursos responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.
Este nuevo esquema de operación del FAIS es un primer paso en la materialización de la reforma constitucional, y marca el inicio de una nueva relación entre el Estado y el México profundo basada en el respeto, la justicia y la autonomía. Con ello, se avanza en la construcción de un país más justo, donde los que antes fueron olvidados retomen el lugar que siempre les ha correspondido.»
Por todo ello es que los organismos encargados de la aplicación directa de estos presupuestos deben asumir que son mediante las Asambleas Generales, acorde con lo establecido en sus Sistemas Normativos o Estatutos para el ejercicio de la Autonomía y Libre Determinación, como lo ha llevado a cabo la comunidad indígena de Alpuyeca.
Recordemos que desde el año 2019 ha solicitado la creación de su Municipio Indígena, a través del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para crear el Municipio Indígena, y cuya solicitud está en manos de las Comisiones Unidas del Congreso del Estado de Morelos y que debe resolver a la brevedad posible.
En tanto, el uso y disfrute de los recursos públicos a través del presupuesto directo, es un derecho que no debe aceptar injerencia indebida de ninguno de los tres niveles de gobierno, respetando los acuerdos tomados en la Asamblea General de fecha 10 de diciembre del 2024, dónde se aprobaron sus Estatutos y el Plan Indígena Municipal, donde se contemplan las prioridades en cuanto a obras de infraestructura social.
Éste mismo procedimiento debe ser para todas las comunidades indígenas del Estado de Morelos, tal como se le ha informado a la Gobernadora Margarita González Saravia y a la Secretaría de Bienestar estatal y federal.
Con los pueblos, para los pueblos y desde los pueblos.
Y que Viva la Unión!!!
Y que Viva el Municipio Indígena de Alpuyeca, el lugar más hermoso de todo el Universo!!!
