Desaparición forzada y feminicidio impune son responsabilidad del Estado
El Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia para toda la sociedad y aplicar la justicia a quienes cometen desaparición forzada y feminicidio para que no haya impunidad y lograr que se respeten los derechos humanos de todas y todos. Este principio fundamental de todas las leyes vigentes en nuestro país y compromisos internacionales no puede ser eludido por el gobierno del partido que sea.
La crisis humanitaria que significa la existencia de más de 127 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses y más de 10 feminicidios que ocurren a diario en todo el país, no puede ser ocultado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado o la CNDH, mediante documentos y declaraciones de descalificaciones contra el Comité de Desaparición Forzada de la ONU que adoptó una resolución donde solicita información al Estado mexicano para aplicar medidas extraordinarias contempladas en el Artículo 34 de la Convención firmada por nuestro país.
La crisis de desapariciones en México está desde hace semanas en el ojo del huracán.
Tanto la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la presidenta Claudia Sheinbaum, niegan la responsabilidad del Estado sin asumir su obligación ante estos crímenes de lesa humanidad.
Ante ello hay que recordar que a lo largo de la última década que el Comité contra la Desaparición Forzada lleva estudiando el caso de México ha hecho recomendaciones constantes (en el año 2015, 2018 y en el 2022) para que el Estado mexicano abordara esta crisis humanitaria. Algunas de las conclusiones recogían que el Estado no participa en la búsqueda de los desaparecidos; que se niega la justicia y la verdad para las familias, entre otras.
Se han interpuesto 681 solicitudes hasta septiembre de 2024; por delante de otros países como Iraq, que tiene en su contra 608, o el doble que Colombia, con 233. Es decir, un tercio del total de acciones urgentes por este delito en el mundo (1.835) se han registrado en México.
Así lo han expresado las familias, colectivos en búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones y personas aliadas y solidarias que respaldamos de manera contundente al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual a través de su Presidente, anunció la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que a la letra reza:
«Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas».
Durante más de catorce años, las familias, tanto de forma individual como agrupadas en colectividades y acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, han proporcionado al CED información sobre la crisis de desapariciones en México, así como sobre las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas por las últimas cuatro administraciones federales —encabezadas por tres partidos distintos— en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia. Desde 2015 se ha solicitado que el CED aplique en México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Frente a una crisis sostenida y en aumento, afirmamos que el acompañamiento de la ONU es indispensable, como lo fue el GIEI en el caso Ayotzinapa.
«La obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito, corresponde únicamente al Estado, y no a las familias, la aquiescencia también es una forma de desaparición. Sabemos que solo con cooperación internacional y escrutinio independiente México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar.
“En México hay más de 127 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas. Son hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos, personas amadas que faltan en sus hogares. Negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales, y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia. Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación, verdad y justicia.
“Esperamos que el Estado mexicano rectifique su postura y compromiso, reconociendo en el CED, en la ONU y en los mecanismos internacionales, no una amenaza, sino un apoyo indispensable para que nunca más una persona desaparezca en este país.
“El artículo 34 no es una amenaza, es esperanza. Invitamos a toda la sociedad mexicana a alzar la voz. Porque el momento exige verdad, no neutralidad. La desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele. Destruye. Desgarra. Y no debe repetirse jamás.»
Ni la omisión ni la simulación ayudan a prevenir, atender, investigar y sancionar la desaparición forzada y los feminicidios en nuestro país.
No hay democracia con desaparecidos y feminicidios en México. Exigimos verdad, justicia y no repetición.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
* Defensores de derechos humanos.
