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La iniciativa de ley enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pasado propone la prohibición de las concesiones para la explotación minera a cielo abierto y expresa en su diagnóstico que “Los residuos producidos por la minería a cielo abierto no solo son residuos sólidos, también se componen por aguas residuales, por lo cual el daño puede extenderse a zonas más alejadas.” Enumera nueve de los múltiples efectos graves sobre la vida en los territorios, como la destrucción de la naturaleza por el uso de explosivos y la contaminación del aire y del suelo por polvos, gases y vapores de cianuro, mercurio y azufre, así como la contaminación acústica. Este documento cierra con un artículo 5º transitorio que dice “Con relación a la reforma efectuada por este decreto al artículo 27 constitucional se respetarán los contratos, concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a particulares con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en términos de ley.” Esto significa que continuará la extracción a tajo abierto de metales, minerales, arenas y toda substancia extraíble. Las 264 minas existentes -según dato de la iniciativa de ley- mantendrán sus actividades hasta que agoten los recursos. Conservarán por 30 años adicionales las concesiones con las que han comerciado por décadas.

El artículo 4º de la Ley de Minería aprobada en mayo de 2023 establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” La no retroactividad de la iniciativa de febrero de 2024 protege los derechos adquiridos por el capital minero y omite que los perjuicios a los pueblos afectados por esta actividad depredadora del ambiente deben detenerse. El derecho a un ambiente sano no aplica para las personas que viven cerca de las minas, en la medida en que la no retroactividad, evita el perjuicio a personas físicas o morales, es decir, a las empresas pero no observa el perjuicio social.

La cancelación de la minería a cielo abierto por ahora es una posibilidad. El capital minero, uno de los más poderosos a nivel mundial, se vería acotado y no podría avanzar más allá del 10 por ciento del territorio de México que hoy usufructúa y aniquila. Las mineras quieren libre acceso a mayores dimensiones territoriales. No han cejado su campaña contra la Ley de Minería y contra la iniciativa de cancelación. Un argumento que esgrimen es que los acuerdos de libre comercio obligan a México a sostener las facilidades para la inversión minera y que incumplirlos significaría demandas internacionales millonarias. Este argumento tiene más peso que el derecho a vivir en un ambiente sano.

En el cierre sexenal, el gobierno de la 4t intenta mediar entre el capital minero y sus lesivas formas de producción y los pueblos afectados. Es una pretensión imposible. Otorga la razón a las comunidades en el diagnóstico y propone “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, con la adición de que se sancionarán a las personas que realicen esas actividades.”, en tanto que mantiene que vigentes los privilegios adquiridos de centenares de empresas mineras. Las comunidades afectadas por las mineras, tendrán la posibilidad de denunciarlas penalmente por daños ambientales, sociales y a la salud e iniciarán el viacrucis de litigios que, como ha ocurrido, durarán años.

La Cámara Minera de México ha expresado su entusiasmo por la designación de Marcelo Ebrard como futuro Secretario de Economía. Impulsó el T-MEC y, dicen, gracias a sus buenas relaciones con sectores empresariales de Estados Unidos, tal vez no sea proclive a la prohibición de la minería a cielo abierto. También consideran que Claudia Sheinbaum sería sensible a los argumentos del empresariado minero. Es probable que estén en lo cierto.

*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México