Ayer informamos que uno de los individuos señalados como responsables del artero crimen contra tres jóvenes en Huitzilac, y que tanto ha indignado a la sociedad morelense, fue liberado porque se consideró que su arresto se basaba en pruebas irregulares que no se podían admitir.
A pesar de la indignación que esto pueda despertar, se debe recordar que el llamado “debido proceso” es una garantía de que la ley se está aplicando y que el proceso es legal, es un beneficio para toda la ciudadanía, no solo para quien es señalado, sino también para las víctimas, que tendrán la certeza de que se está haciendo justicia y no se está inventando a un culpable. No es algo menor y, mucho menos, el capricho de un juez.
Es por eso por lo que las instancias encargadas de investigar cualquier tipo de delito deben ser muy cuidadosas en la forma en que se procesan tanto a los individuos como las pruebas materiales y hasta los dichos en un caso. Y en el caso de “El Diablo” a la juez no le pareció que haya sido así y se desistió de sujetarlo a proceso penal.
Entre otras cosas, argumentó que el inculpado había sido investigado primero como víctima pues había sufrido una agresión que lo llevó al hospital, por lo que él no sabía que se le estaba investigando por un crimen -de hecho, según la versión de la propia FGE, ni ellos lo sabían- y proporcionó información o facilitó el acceso a evidencias que después serían usadas en su contra por un caso diverso en donde ahora él figuraba como agresor.
Hoy, la fiscalía contesta y señala cosas graves contra la juez, como que favoreció al acusado aplicando en su ventaja un criterio erróneo en la valoración de las pruebas, la acusa de que se extralimitó pues ni siquiera la defensa observó arbitrariedad alguna. Desde luego, defiende la legalidad del cateo y, para acabar, anuncia la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la juez.
Esta situación tampoco es trivial, pues se pone en duda la probidad de un juzgador, es decir, una de esas figuras en las que la ciudadanía debería depositar su confianza y en las que se apoya la imparcialidad y la equidad de la ley.
Mientras nuestras autoridades discuten, ya se liberó al único sospechoso del crimen quien, a pesar de su escasa edad -22 años- tiene un largo historial y, por alguna razón, parece esquivar cualquier problema y tiene la confianza suficiente como para pasearse en un auto robado a plena luz del día en el mismo escenario de sus posibles delitos.
Ahora estamos peor que antes. Aunque la indignación continúa, el único sospechoso está libre sin haber señalado a sus cómplices y tenemos a dos instituciones enfrentadas en una situación absurda en donde ni la ley, ni la ética o el sentido común parecen querer asomarse. Un retrato de cuerpo entero de la actual situación de la justicia en Morelos.
