Agua y protección social
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Anthony Joab Olivera*
En la Tierra hay una gran cantidad de agua, pero no toda es apta para el consumo humano ni suficiente para cubrir las necesidades básicas. Esto provoca que, en algunas áreas, el agua sea escasa e, incluso, en ciertas regiones, el acceso sea inexistente.
Es por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró desde 1992 el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Posteriormente, en el año 2009 la ONU introdujo el concepto de piso de protección social, que incluye el acceso al agua como un servicio esencial al igual que salud, educación, vivienda y saneamiento.
El acceso al agua potable debe ser una prioridad nacional en la planificación de la protección social de cada país; sin embargo, aún existen grandes desafíos, pues según la OMS, una de cada tres personas en el mundo no tiene suficiente agua para satisfacer sus necesidades diarias.
En México, el artículo 4 de la Constitución (CPEUM) reconoce el derecho humano al agua, pero la distribución sigue siendo desigual. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023, estados como Baja California y Nuevo León tienen un alto acceso al agua, mientras que otros como Morelos y Guerrero presentan menores porcentajes, especialmente en áreas rurales con poca infraestructura y marginación.
Particularmente, en el Estado de Morelos, los datos de la ENCIG reflejan que, si bien el 86% de la población tiene acceso al agua mediante una red pública, la calidad del agua presenta desafíos, pues su puntaje de pureza es del 78.3%. En términos de potabilidad, solo el 35.9% del agua es considerada segura para beber.
Además, aunque el 53.1% de los morelenses tiene un suministro constante, no se especifica si este es 24/7 o limitado. Y a esa cifra se agrega que solo un 36.7% de los habitantes reportan no tener fugas, lo que indica un alto desperdicio de agua.
El 49.4% de la población depende de pozos comunitarios, lo que implica cargar agua desde distancias y con los riesgos asociados a su calidad. La principal problemática en Morelos no solo se refiere al acceso al agua, sino a su disponibilidad continua, calidad y accesibilidad. Según la CNDH, estos aspectos son esenciales para garantizar el derecho al agua. Las zonas urbanas como Cuernavaca, Cuautla y Jojutla concentran más del 70% de la población y ahí se requiere modernizar la infraestructura, que tiene más de 40 años y ya ha sobrepasado su vida útil. Aunado a lo anterior, muchas áreas periféricas y rurales enfrentan serias dificultades debido a la falta del servicio. La Comisión Estatal del Agua destaca que residentes rurales han formado comités para gestionar sus propios sistemas hídricos debido a la ineficiencia de las autoridades locales.
El derecho al agua no se limita a un concepto abstracto, sino que abarca todas las actividades necesarias para los seres humanos, como la alimentación, actividades diarias como bañarse o limpiarse en el hogar, el saneamiento y que son fundamentales para una vida digna. Lamentablemente, no todas las personas tienen acceso a este derecho. Por esta razón, el acceso al agua debe ser un derecho garantizado a lo largo de toda la vida, sin importar el lugar en el que se viva.
*Profesora Investigadora de Tiempo Completo y estudiante de la Maestría en Derecho de la FDyCS de la UAEM.
