Gerardo Ramírez Vidal
El 5 de febrero del año en curso, el titular del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas de reforma, entre las que se encuentra la del Poder Judicial, uno de cuyos objetivos es “establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad”. En aquel momento, este proyecto parecía que estaba condenado a un rotundo fracaso. Sin embargo, las elecciones del 2 de junio, con el triunfo contundente de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, modificaron por completo el panorama político y dieron fuerza inesperada a esa iniciativa, tanto que se da por hecho que los cambios son inevitables.
Los partidos y las fuerzas opositoras al gobierno actual, doblegados en las urnas, pero altisonantes y arrogantes como siempre, han buscado cualquier mecanismo y artilugio para anular las propuestas del gobierno e impedir que su último bastión quede derrumbado.
Es vital para las fuerzas conservadoras impedir a toda costa que la iniciativa sea aprobada en sus términos actuales, por lo que han emprendido una serie de acciones para evitar su aprobación, incluido el paro de labores. Se han centrado sobre todo en un punto medular: la elección directa de los impartidores de justicia, haciendo a un lado otros puntos importantes, pero que no les afectan tanto como aquél.
Para impedir la aprobación de la propuesta de reforma, los partidos opositores han intentado, en primer término, evitar que Morena y sus aliados, que conforman la coalición de la Cuarta Transformación (4T), alcancen la mayoría calificada (66%) en la Cámara de Diputados. Al no lograr disminuir el porcentaje alcanzado en las urnas, han dirigido sus baterías contra la sobrerrepresentación de la coalición, a fin de que los partidos de la coalición no puedan hacer cambios constitucionales por sí solos. Para ello, esgrimen con ahínco el argumento de que el Instituto Nacional Electoral no debe apegarse a la letra del texto constitucional, sino interpretar la voluntad del legislador. Recurren también a otros argumentos interpretativos: el analógico, que consiste en comparar la propuesta con diseños constitucionales de otros países, o la contradicción de las leyes. En la retórica antigua, estos artilugios eran muy bien conocidos: se recurre a la voluntad del legislador cuando no conviene la letra; se hace una comparación amañada cuando existe una laguna en las normas.
Nuestra historia parlamentaria muestra que la elección directa o indirecta ya se había establecido en nuestros ordenamientos constitucionales, como bien se asienta en la exposición de motivos de dicha iniciativa. En la Constitución de 1857 se estableció la elección indirecta, en la que podían participar ciudadanos que a juicio de los electores estuvieran instruidos en la ciencia del derecho, pero no se requería que fuesen abogados. La designación de los integrantes por la mayoría del Senado se estableció en 1917 y en 1928 se otorgó al presidente la facultad de elegirlos, con la aprobación del Senado. El actual diseño se estableció apenas en 1994, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, que en los hechos otorga también al presidente la facultad de nombrar a los ministros, aunque en la letra es la mayoría del Senado quien los designa.
Sin embargo, ha habido otro mecanismo en la elección de los jueces: el sorteo, aplicado en la Atenas democrática y en Suiza, en 2021. En México vivimos durante sesenta años el sistema de jurados (de 1869 a 1929), es decir, de jueces legos designados por sorteo de una lista de ciudadanos. Esto último no se menciona en la iniciativa objeto de debate. Tampoco se señala que la idea de que el pueblo debe elegir a sus jueces (y a los ministros de la suprema corte) quedó establecida por Francisco Zarco. En la Historia del Congreso Constituyente (1856-1857) (México: El Colegio de México, 1956, p. 997), Zarco afirmó categórico: “Gómez Pedraza, que no era abogado, fue electo Magistrado de la Corte, pero fue porque el país conoció que aquel distinguido ciudadano tenía más ciencia, más aptitudes y más probidad que muchos abogados”, y en seguida estableció el punto nodal que sustenta de modo suficiente ese punto: “si han de ser iguales los tres poderes, si los tres se instituyen en beneficio del pueblo, todos han de tener la misma fuente, el pueblo y sólo el pueblo».
Se ha afirmado de manera contundente que la elección de los ministros de la suprema corte de justicia es algo que no está sujeto a discusión. No parece que los recursos contra la supuesta sobrerrepresentación vayan a prosperar, pero, aunque prosperaran, la 4T tendría grandes posibilidades de alcanzar esa mayoría con el apoyo de legisladores de otras fuerzas políticas.
