El 26 de septiembre de 2014 es una de las fechas más importantes de los últimos años en México. Diez años después, hay por lo menos dos cosas claras: por un lado, no se trató de una tragedia que indigne o movilice coyunturalmente; las marchas en protesta se mantienen con una asistencia aceptable en ya una década. Por otro lado, también es claro que los esfuerzos gubernamentales para lograr verdad y justicia han sido más que insuficientes. De hecho, habría que apuntar que hay agentes dentro del Estado mexicano que se han opuesto a colaborar en esclarecer los hechos, entre los que destacan mandos militares.
En cuanto a la continuidad de las protestas sociales pro-Ayotzinapa, quizá se compare compararse con las que se realizan en dos fechas emblemáticas del México contemporáneo: 2 de octubre y 10 de junio. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa nos hizo voltear a ver hacia el papel de las Normales Rurales en la historia social y política del siglo XX mexicano. Esto le dio argumentos a una tesis que se viene generando desde hace ya algunos años: es necesario complejizar los actores que solemos incluir en las lógicas de rebeldía social de esos años. Muchas veces, las observaciones se centran en hombres, de origen urbano y de clase media.
Ayotzinapa ayudó a visibilizar otro tipo de actores críticos y opositores del régimen autoritario que dominó durante el siglo XX. Rápidamente se le asoció con símbolos como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pero también, como se pudo apreciar en los discursos de la marcha del décimo aniversario, ahora se incluye otros como Arturo Gámiz y el 23 de septiembre de 1965. Se trata de un interesante esfuerzo por representar a la lucha guerrillera de los años 60 y 70 y hacer un lazo con ellos.
En cuanto a la continuidad de la impunidad, me preocupa especialmente una cosa: la participación de las Fuerzas Armadas. La responsabilidad de integrantes del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes es más que clara. También es evidente que algunos mandos militares han entorpecido las investigaciones, como lo muestra la negación a colaborar con la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) e, incluso, el hostigamiento a su entonces titular Alejandro Encinas hace unos meses.
Por ello, la demanda sigue siendo válida: fue el Estado y lo sigue siendo. Ahora bien, no se debe pensar en todas las personas que han ocupado responsabilidades estatales en estos 10 años. Lo que se debe resaltar, me parece, es la clara participación de elementos de algunas instituciones estatales (claramente, autoridades políticas guerrerenses y del ejército mexicano).
Los Estados no son creados por instituciones dadas de una vez y para siempre; más bien, se trata de una serie de relaciones entre actores con intereses diversos, en algunas ocasiones hasta contradictorios. En el caso Ayotzinapa, no tengo elementos para dudar de que algunos funcionarios estatales (como Alejandro Encinas y algunos integrantes de su equipo) realmente trabajaron por verdad y justicia. Pero, al mismo tiempo, otros agentes estatales, sobre todo militares, se han opuesto y han saboteado las investigaciones.
Tampoco tengo dudas de que López Obrador haya querido esclarecer el caso. No obstante, se enfrentó a una disyuntiva y eligió no presionar suficiente a las Fuerzas Armadas. Es verdad que la seguridad es uno de los temas más importantes del país y sin la participación de militares el gobierno tendría menos capacidad de acción. Ahora bien, para hacer balances precisos sobre la participación de las fuerzas armadas en la vida pública nacional, también hay que tomar en cuenta otro de sus efectos, como el de la continuidad de la impunidad en casos como el de Ayotzinapa (y otros como el de la “guerra sucia”, donde también se creó una comisión presidencial que dio resultados muy limitados).
La entrada del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum traerá tanto cambios como continuidades. No sabemos cómo será la nueva relación con las fuerzas armadas. En ese contexto, no quiero dejar de mencionar que el argumento de que quienes hablan de militarización son parte de la oposición conservadora (o le hacen el juego) cada vez parece menos viable. La oposición conservadora, si bien mantiene bases sociales y hay que seguirle prestando atención, cada vez se encuentra más deslegitimada y desarticulada.
Hoy en día, el debate sobre la militarización del país que más importa es aquel en el que participan activistas sociales, defensores de derechos humanos, colectivos de madres buscadoras, entre otros sectores de la sociedad que no ocupan puestos estatales, pero tienen una voz legítima sobre el tema.
* Profesor de Tiempo Completo en El Colegio de Morelos. Doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora.
