En tiempos de inmediatez y sobresaturación de información, las soluciones simples tienen un atractivo poderoso, son fáciles de comunicar, generan expectativas inmediatas y permiten a los gobiernos presentarse como activos, resolutivos y cercanos a las demandas ciudadanas. Sin embargo, este enfoque se vuelve peligroso cuando la simplificación sustituye al análisis, y cuando los problemas sociales profundos, multidimensionales y estructurales son reducidos a narrativas simplistas que ignoran sus causas de fondo.
Los problemas sociales como la pobreza, la violencia, la marginación, la desigualdad, la deserción escolar o la precariedad laboral no surgen de la nada, son el resultado de procesos históricos, relaciones de poder, estructuras económicas, decisiones políticas pasadas, contextos culturales y dinámicas comunitarias, a ello se suma una capa de incertidumbre global: el cambio climático, la migración forzada, la crisis de los modelos laborales, los efectos de la digitalización o los conflictos geopolíticos.
Frente a esta complejidad, cualquier intervención pública debería empezar por reconocer la imposibilidad de soluciones rápidas, se requiere de instrumentos de diagnóstico multidimensionales, uso de datos cualitativos y cuantitativos, comprensión de las redes institucionales y diálogo genuino con los actores sociales involucrados. Por ejemplo, erradicar la violencia de género no es solo castigar a los agresores: implica transformar estructuras culturales, garantizar acceso a justicia, promover la autonomía económica de las mujeres y reformar los marcos institucionales que perpetúan la impunidad.
Este tipo de aproximaciones exigen algo que muchos gobiernos hoy parecen evitar: pensar en el largo plazo, asumir costos políticos y aceptar que no todo es visible ni medible en encuestas inmediatas. El problema se agrava cuando los gobiernos, movidos por la lógica electoral y mediática, optan por soluciones inmediatas que buscan efectos visibles, sin importar su efectividad real, es lo que el académico Donald Schön denominó “el pensamiento de la solución”, que reemplaza la comprensión del problema por la obsesión con una respuesta rápida, esta cultura de inmediatez, reforzada por redes sociales y ciclos noticiosos de 24 horas, lleva a que los gobiernos privilegien medidas reactivas, espectaculares o incluso simbólicas.
En México, por ejemplo, ante la inseguridad, muchos gobiernos, optan por militarizar el territorio o repartir patrullas, sin fortalecer ministerios públicos ni programas de prevención, en lugar de reconstruir el tejido comunitario, se opta por el despliegue mediático de la fuerza. Lo mismo ocurre con la pobreza: se reparten apoyos económicos sin fortalecer los servicios de salud, educación o acceso a empleos dignos y en el sector educativo, se promulgan cambios curriculares sin diagnóstico previo ni consulta docente, creyendo que el problema se resuelve desde la estructura normativa.
Este tipo de políticas tienen una constante: se basan en la intuición política, no en la evidencia, el diagnóstico se reemplaza por la ideología, la evaluación por la propaganda, y la planeación estratégica por la improvisación. Como consecuencia, la ciudadanía recibe políticas públicas desconectadas de sus necesidades reales, mal focalizadas o incapaces de generar impactos sostenibles.
La primera consecuencia de este enfoque simplista es la ineficacia. Cuando se actúa sin comprender la complejidad del problema, las soluciones fallan, y con esto, no solo se desperdician recursos públicos, sino que se pierde credibilidad institucional, la ciudadanía deja de confiar en las instituciones, y eso debilita la democracia. La segunda consecuencia es más peligrosa: la banalización del análisis, en nombre de la “cercanía con el pueblo”, muchos gobiernos descalifican a académicos, especialistas o técnicos, esta narrativa antiintelectual ha ganado fuerza en muchos países, debilitando los mecanismos de evaluación, de contrapeso y de reflexión.
Por lo anterior, es urgente fortalecer las capacidades estatales para el análisis, el seguimiento y la evaluación, en esta tarea, las universidades, centros de investigación y organismos autónomos deben ser aliados, y la sociedad civil organizada debe participar activamente en la formulación y monitoreo de las políticas, no solo como observadora, sino como protagonista.
*Universidad Autónoma del Estado de México
Fuente: Imagen elaborada con IA
