Enrique Guadarrama López*
Para la mayoría de los legisladores, en los tiempos que hoy corren, la función de aprobar y reformar leyes no parece una tarea complicada ni de dificultad intelectual. Simplemente reciben “línea” sobre el sentido del voto para aprobar lo que interesa al grupo partidista o para rechazar lo que no se acepta, particularmente si viene de la oposición. Asimismo, reciben los argumentos ideológicos y dogmáticos, muchas veces desde el poder ejecutivo, para supuestamente debatir cuando les solicitan subir a la tribuna camaral. Su función se torna comodina, a pesar de la relevancia y trascendencia que tiene para el mejor desarrollo del país… o para su retroceso o estancamiento.
En el colmo de la sumisión y obediencia, los legisladores han llegado a recibir la instrucción de “no cambiar ni una coma” a un proyecto legislativo. El problema se torna de fondo cuando la pretensión es destruir conscientemente una institución o reducirla al mínimo para que deje de ser un contrapeso natural al gobierno. Cuando la aviesa intención de destrucción domina a quienes tienen el poder diseñan esquemas alternos para lograr su cometido. Uno queda pasmado ante los planes A, B o C para supuestamente transformar instituciones porque “así lo quiere el pueblo” o para que “haya participación del pueblo”. No importan las formas parlamentarias, ni políticas ni de imagen pública, simplemente tienen que cumplir el mandato recibido. En esos casos, todo indica que los legisladores no se detienen a considerar el daño a uno de los pilares de la democracia o que vaya en demérito de la protección de los derechos humanos.
En el quehacer legislativo no hay discusión real de propuestas ni mucho menos de ideas. En cambio, es frecuente el intercambio de insultos personales, epítetos y descalificaciones por una supuesta pertenencia al grupo antagónico, según desde donde se lance la andanada de agresiones verbales. Es un espectáculo circense más que una actuación soberana de uno de los poderes del Estado.
Ante esto, ¿los ciudadanos qué? Parece que para los legisladores somos los últimos en sus prioridades. Aunque sostengan lo contrario, lo cierto es que “el pueblo no pinta” cuando se trata de propósitos políticos al legislar. Hay un desdén de los legisladores a la sociedad. Creo que el camino es seguir el ejemplo mostrado por miles de mexicanos y mexicanas que inundaron las plazas públicas el domingo 26 de febrero, en decenas de ciudades en el país y en el extranjero. Es el momento que la ciudadanía levante la voz para exigir a los legisladores que cumplan con su obligación constitucional en favor de la sociedad y del país y no de sus intereses políticos. Una manera de dar contenido al principio de escrutinio público es lograr que los legisladores sustenten un examen básico sobre su labor.
He denominado ese ejercicio Test de compromiso democrático, basado en 5 preguntas mínimas que todo legislador debería contestar en relación con cada proyecto legislativo, particularmente aquellos que tienen mayor repercusión en la vida nacional y, por ende, en la atención de la sociedad, sea en lo institucional, en lo económico o en lo social. Las preguntas son las siguientes: 1) ¿Ha leído en su totalidad el proyecto legislativo que se pone a discusión?; 2) ¿Entiende el alcance que el proyecto legislativo tiene para la vida nacional?, 3) ¿Considera que el proyecto legislativo resulta favorable a la democracia mexicana y a los derechos humanos, porqué, 4) ¿Qué aporta el proyecto legislativo al desarrollo del país, y 5) Estaría dispuesto(a) a razonar técnicamente el sentido de su voto con representantes de la sociedad?
Para que el ejercicio resulte realmente provechoso es importante que se cumplan condiciones previas. Los legisladores deben explicar con argumentos objetivos su voto. No debe haber apasionamiento político, ni explicaciones de índole ideológico, ni menos demagógico. El ejercicio se reduce a motivar y sustentar el sí o el no de sus respuestas.
Por supuesto, usted amable lector/lectora puede sugerir la inclusión de alguna otra pregunta, que sea de elemental planteamiento sobre el papel del legislador ante la sociedad. Con gusto puedo recibir sus sugerencias. Es necesario exigir cuentas a nuestros representantes legislativos.
Cualquiera podría calificar de utópico lo aquí planteando, pero estoy convencido que corresponde a los ciudadanos la búsqueda de fórmulas imaginativas para lograr que nuestra presencia en las decisiones sobre el destino de nuestro país sea visible y sonora.
* Investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.