Guardianes de la Sierra de Santa Catarina: entre el crimen organizado y la explotación minera
(Primera parte)
Fernanda Isabel Lara Manríquez
En el año 2005 se aprobó el programa de manejo del Área Natural Protegida (ANP) con carácter de zona de conservación ecológica “Sierra de Santa Catarina”, ésta se localiza al oriente de la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Se trata de aproximadamente 2,166 hectáreas, de las cuales un 34% conforman el ANP.
A sus alrededores se asientan diversos pueblos originarios de ambas alcaldías, entre ellos el pueblo Santiago Zapotitlán en Tláhuac. Sus habitantes tienen una identidad y una relación simbólica con los cerros y volcanes monogenéticos que la integran, lo cual las y los impulsa a ser guardianes de esta sierra.
Ello se percibe cada vez que se visita dicho espacio con la cantidad de personas que practican el senderismo y el ciclismo de montaña, además de los campamentos y lunadas que se organizan frecuentemente, consolidando así los lazos comunitarios de la zona. De las épocas más bellas para asistir es durante la cosecha de flor de Cempasúchil cuando grandes fragmentos se tiñen de naranja, rojo y amarillo, formando un hermoso contraste con los colores del amaranto, el cual también se siembra ahí.
Tierras de siembra de Cempasúchil, Sierra de Santa Catarina. Archivo fotográfico personal.
Con ese maravilloso deleite a los ojos el estómago se revuelve y el corazón se estremece de observar otros espacios de la sierra que se han convertido en territorios de muerte, ahí donde hay minería que extrae arena de los cerros a diestra y siniestra sin ningún control o manejo ambiental, donde nadie sabe y nadie supo quiénes ostentan las concesiones ni hace cuánto tiempo, sólo rumores se escuchan entre los habitantes de Zapotitlán.
Se han realizado ya múltiples solicitudes de información a diversas secretarías a través del portal de transparencia, sin embargo, la respuesta de todas es siempre “aventarse la bolita” y lavarse las manos. Esto implica no sólo desinformación sino la configuración de un espacio de asedio, de despojo, de anarquía y de anomia en el cual es Estado no sólo mira a otro lado, sino que también es cómplice.
El secreto a voces anuncia que las concesiones se dividen en dos grandes grupos, a saber, el crimen organizado (más específicamente el cartel más poderoso de la zona) y el rumor sobre el relativamente reciente otorgamiento de concesión minera a Carlos Slim. Conforme a las entrevistas recabadas en el lugar, el principal comprador de la arena que ahí se extrae sin ninguna regulación es el Gobierno de la Ciudad de México.
Minería de arena en la Sierra Santa Catarina.
Archivo personal de habitante del lugar.
Pero la explotación de arena del lugar, la cual es de larga data, pues se sostiene que incluso Templo Mayor se construyó con dicho material, no es la única problemática que enfrentan los habitantes de Santiago Zapotitlán y de otros asentamientos aledaños, sino que también se enfrentan a asesinatos públicos a plena luz del día, como ya ha ocurrido en los últimos meses en la plaza de Zapotitlán, debido al asedio del crimen organizado y los carteles.
Otra problemática a la que se enfrentan es al desconocimiento, negación y cuestionamiento de sus autoridades tradicionales por parte de actores gubernamentales de la alcaldía de Tláhuac y de secretarías como la SEPI. Si bien esta situación ha representado un reto para los pueblos originarios de CDMX al menos desde el siglo pasado hasta la actualidad, con la constituyente de esta ciudad en 2018 pareciera haber una relegitimación hacia sus autoridades locales, sin embargo, hay una disociación entre la legislación y su praxis en esta entidad.
Fue en el año 2018 que los habitantes de Zapotitlán comenzaron una lucha en contra de la construcción de una unidad habitacional de más de 900 departamentos a 500 metros del centro del pueblo, en ese contexto y también a partir de la nueva legislación que presumía garantizar el derecho a la libre determinación y autonomía política, deciden conformar su propio órgano colegiado de gobierno, además de las múltiples autoridades tradicionales con las que ya contaban.
Conforme a la información recabada en entrevistas los habitantes del pueblo anuncian tener una de las organizaciones político-sociales más complejas pues cuentan con 23 mayordomías, además de 13 comparsas que coordinan carnavales cada 8 días. Las mayordomías no solo se encargan de las festividades religiosas, sino que también administran aspectos de salud y deportivos. A dichas autoridades se suma ahora el órgano colegiado de gobierno el cual también ha sido asediado y cuestionado por actores gubernamentales tanto de la alcaldía como de la SEPI. Ésta serie de complicaciones será abordada en la siguiente entrega.
