Guardianes de la Sierra de Santa Catarina: entre el crimen organizado y la explotación minera
(Segunda parte)
Fernanda Isabel Lara Manríquez
Si bien en el año 2018 los habitantes originarios de Santiago Zapotitlán en Tláhuac, Ciudad de México, apelaron a su derecho a la libre determinación, el cual comprende el derecho a la autonomía política, y eligieron la conformación de su propio órgano colegiado de gobierno, la alcaldía no ha garantizado dicho derecho para este pueblo e incluso ha intervenido en la toma de decisiones internas al pueblo en los últimos años impunemente a pesar de violar sin tapujos la constitución local de la capital de nuestro país.
Carta dirigida a Clara Brugada. 15-01-25.
Ante esta situación varios habitantes de Zapotitlán decidieron enviar una carta a la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, en la cual acusan que el día 10 de enero del presente “la servidora pública Sonia Mateos Solares llamó al Coordinador del Centro Cultural Zapotitlán, Profesor Martín Cruz González, a que se presentara en las instalaciones de la SEPI [Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes] como representante de Zapotitlán, en su calidad de autoridad tradicional […]”.
También se señala que en la reunión citada no solo estaba presente la directora de Desarrollo Social de la alcaldía (Sonia Mateos), sino de igual forma Rita Salgado Vázquez, directora General de Pueblos y Barrios Originarios de la SEPI. Al finalizar dicho encuentro esta última funcionaria le solicitaría a Martín Cruz firmar diversos documentos como autoridad tradicional del pueblo, a lo que él se negó pues esos cargos se deciden en Zapotitlán mediante asamblea, además que no forma parte del órgano colegiado de gobierno, el cuál funge como autoridad local de cuarto nivel, es decir, es quien en estricto sentido se encarga de la vida política del pueblo, más no una figura unipersonal designada arbitrariamente por la alcaldía o por la SEPI.
Cuando Martín Cruz se negó a firmar los documentos, ambas funcionarias mencionaron que de no hacerlo “nuestro pueblo no recibiría los beneficios de los programas de SEPI”, tal como versa en dicha carta dirigida a Brugada. Sin embargo, ya habían surgido injerencias por parte de la alcaldía en la vida política de Zapotitlán a pesar de haberse conformado como un pueblo autónomo desde el año 2018.
Poco después de haber realizado la asamblea en la que se cambió la figura política del pueblo, pasando de ser una representación unipersonal a un órgano colegiado de habitantes originarios y expulsando también a los partidos políticos, se le notificó a la alcaldía y a la SEPI sobre la decisión colectiva recién tomada.
Pasaría un mes sin recibir respuesta, después simplemente llegaron los requerimientos del IECM mencionando que había personas no originarias en el pueblo que referían ser violentadas en sus derechos electorales por no haber podido participar de la asamblea comunitaria debido a no ser originarios. De acuerdo con sus sistemas normativos, en dichos espacios se concibe como “originario” a quien cuenta con familia nacida en el pueblo por tres o más generaciones, siendo estos mismos quienes tienen acceso a los derechos colectivos de un pueblo originario.
A su vez, la alcaldía presentó varias impugnaciones ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México lo cual plantea la exigencia de estas autoridades hacia el órgano colegiado de gobierno de Zapotitlán que se reponga el recurso, es decir, la asamblea mediante la cual se eligió dicha representación y que se incluya a los habitantes no originarios del pueblo. Como respuesta, el pueblo de Zapotitlán lucha actualmente por el reconocimiento de la asamblea realizada conforme sus propios sistemas normativos, tal como lo permite la constitución local desde el año 2018. Parte de esa lucha es acompañada desde el año en curso por la defensoría pública electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por si lo anterior fuera poco, información adicional de los últimos dos meses, obtenida mediante testimonios de sus habitantes, refiere injerencias adicionales a su proceso autonómico por parte del IECM en lo referido al acceso al presupuesto participativo, el cual se elige mediante asamblea comunitaria en Zapotitlán, también desde el año 2018. Así, dentro de todos estos ejercicios de coerción, funcionarios del IECM presuntamente se han acercado “de más” a ciertos habitantes originarios, al grado de romper los lazos comunitarios, favoreciendo que algunos proyectos que se presentan en asamblea ganen los presupuestos, como presuntamente señalan sucedió en las tres asambleas de los últimos años. La gran diferencia es que en esta ocasión el pueblo ya no permitió que fuera el IECM quien convocara las asambleas para evitar que se favoreciera de nuevo a la Comisión de Panteones, sino que el propio pueblo realizaría su asamblea y decidirían que otro proyecto fuera aprobado, para así evitar que por tercer año el presupuesto participativo fuera designado a proyectos de la Comisión de Panteones.
También, de acuerdo con los testimonios, esta aproximación de extrema confianza por parte de ciertos funcionarios del IECM con algunos integrantes de dicha comisión devela no sólo el posible vínculo de corrupción, sino también el intencionado quebrantamiento de los lazos comunitarios por parte de ciertos funcionarios públicos. Ello para continuar propiciando la privatización de la vida y los espacios comunitarios en pro del cartel inmobiliario y de todo un sistema político que lo sostiene, desde las instituciones públicas de diversos órdenes de gobierno hasta el crimen organizado y la minería de arena, todas estas estructuras conformando el régimen de despojo y de desplazamiento que ahí se mantiene.
Por otro lado, se tiene a un pueblo originario resistiendo por la permanencia de su modo de vida en el territorio que habitan, el cual contiene además de biodiversidad, una basta diversidad cultural, gastronómica, religiosa y, sobre todo, una política contrahegemónica, tan necesaria para una verdadera democracia política y epistémica.
Sierra de Santa Catarina. Creative Commons.
