El martes pasado vimos atónitos, en vivo, y a todo color, por TV y por redes sociales, que varios “modelos” de comportamiento “legal”, ministras y ministros de la Suprema Corte de Injusticia de la nación, intentaron torcer la Constitución a su muy particular conveniencia personal y parcialmente gremial. Lo hicieron descaradamente: no leyeron los artículos que deberían, aplicaron otros a su antojo interpretativo, olvidaron unos más porque eran contrarios a su propuesta de modificación de la reforma constitucional, intentaron usar la ley que rige para 9 ministros, en esta etapa de 11 ministros, con tal de salirse con la suya y lo peor, intentaron ocuparse del fondo de lo que ya es la Constitución, para cambiarla, sin tener tal atribución, esto es: por sus pistolas, al viejo estilo de los forajidos del oeste.
Sí, estos meses está en camino un profundo cambio en el país, en sus instituciones encargadas de la justicia, en las que tenían el encargo social de garantizar la transparencia en el ejercicio de los funcionarios y de las instituciones públicas, precisamente por tolerar, permitir, prohijar y algunos de sus directivos, cometer actos de corrupción con impunidad. Lo que vimos en el caso de la SPJ, lo estamos viendo en otros tribunales de circuito que operan en las entidades federativas, en los ministerios públicos, en varias fiscalías, con honrosas excepciones. Esto que no querían los poderosos del país y del extranjero que ocurriera en México, por ser durante décadas los ganones del expolio de los bienes nacionales y del trabajo de los mexicanos, va tomando forma, creativamente, paso a paso, mediante procesos democráticos, legales y constitucionales.
¿Qué podemos esperar entre las consecuencias de este cambio en el ámbito mexicano, cultural y de las artes? Uno: una nueva Suprema Corte y renovados jueces, no proclives a soltar a delincuentes o a perdonar pago de impuestos a multimillonarios, de casa y del extranjero, llevará al país a contar con mayores recursos para programas sociales, entre ellos, de seguridad y salud para sectores abandonados, como los trabajadores de las artes y la cultura, sin acceso a ellas, pues ya se habla de ello en el programa de gobierno federal respectivo; dos, mayor eficacia y eficiencia en el aparato de justicia, cuando se renueve, de modo que los juicios lleven menos tiempo, los jueces no se vendan al mejor postor, y no impere la ley del que tiene más billetes, en los actos de las instituciones a cargo de impartir justicia; tres, un cambio sensible en patrones de comportamiento cultural y social, ajenos a la anomia, a la corrupción y a la impunidad, con conciencia del poder que tiene la ciudadanía para cambiar lo que no está funcionando en los actos de gobierno y de la ciudadanía..
La capacidad de autorregularse, tanto a nivel personal como colectivo, y también social, es reconocida como un estado superior de conciencia, de humanidad, pues tras ella se da la mejora, con atención de los otros, en un marco de respeto y reconocimiento del valor de las otras personas y del rol de uno mismo. No es casual que desde Europa como desde muchos países latinoamericanos, periodistas, políticos y ciudadanos, volteen a ver con atención lo que está ocurriendo en el actual escenario político mexicano, por ser faro esperanzador de que otro mundo es posible, otro rol del poder popular se puede conseguir, que atienda prioritariamente a los pobres, a las mayorías, y sí, a las minorías vulnerables, en un marco amplio de libertades y de extensión de los derechos sociales. Eso es México, y será aún mejor, lo que depende también de lo que aportemos cada persona consciente de su responsabilidad histórica.
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