

Esta semana (21 al 25 de abril) el Ejecutivo de Morelos publicará la reforma constitucional en materia judicial para el estado con la que se rediseña por entero al sistema de impartición de justicia en el estado, algo que, pese a su relevancia para la vida pública, se entiende muy poco en la sociedad.
El Poder Judicial es el responsable de administrar justicia, interpretar las leyes, instruir y sancionar su incumplimiento, resolver conflictos, proteger los derechos humanos y el orden institucional. Cuando actúa conforme a lo que es debido, contribuye a la paz social, al garantizar el acceso a la justicia para todas y todos.

En todo al país, el Poder Judicial vive una crisis de credibilidad que lastima la legitimidad de sus determinaciones. La percepción de corrupción de jueces y magistrados, es alta, en Morelos supera el 70% de la población; y la impunidad en la mayoría de los delitos supera el 95%, en una responsabilidad compartida entre las fiscalías, las policías, y los juzgadores.
La reforma judicial federal
En la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se propuso una integral al Poder Judicial que en el plano federal fue aprobada al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ella se incluyó la obligación de los congresos estatales de hacer las reformas a las constituciones locales para homologarlas con la legislación federal.
De hecho, según la LVI Legislatura del Congreso del estado de Morelos, la reforma constitucional local está integrada en un 80% por lo que se estipula en la reforma federal que, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal tendrá estos beneficios:

- La renovación estructural del Poder Judicial para generar una justicia más ágil y eficiente, alineándose con los cambios sociales y culturales generados en los últimos años, y para cumplir con una justicia expedita.
- Tener una impartición de justicia más cercana a las personas, que supere antiguas barreras como las de procedimientos (para lo cual incorpora la justicia digital), las de lenguaje (por ello se forma a profesionales de la justicia para que dominen diferentes lenguas) o las de conocimiento (con ese propósito, incorpora a juezas y jueces más sensibles a las problemáticas sociales).
- Un proceso de limpieza y renovación interna, para eliminar prácticas como la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, que impiden una justicia plena y afectan sobre todo a las personas en mayor estado de vulnerabilidad.
- Paridad de género y protección de las mujeres que laboran dentro del Poder Judicial frente a situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia en su trabajo.
- Quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, podrán obtener una justicia de calidad en condiciones de igualdad.
Para lograrlo:
- Se establecen formas nuevas de combate a la corrupción y al nepotismo en el Poder Judicial.
- Se reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar la investigación y sanción de las personas servidoras públicas que cometan actos de corrupción.
- Se integran plenos regionales para resolver las contradicciones de criterios y los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales.
- También se crean Tribunales Colegiados de Apelación para fortalecer el debate y la deliberación de los asuntos, lo que dará mayor certeza y calidad a sus resoluciones.
- Se faculta al Consejo de la Judicatura a atender asuntos que constituyan violaciones graves de los derechos humanos.
- La Suprema Corte de Justicia se convierte en un “auténtico” Tribunal Constitucional mediante la adecuación de los sistemas de precedentes jurídicos, la procedencia de los amparos para cuestiones propiamente constitucionales, las controversias constitucionales sólo para violaciones a la Constitución Federal y a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales; y fortaleciendo los mecanismos de defensa del orden constitucional.
- Se fortalece la defensoría pública ampliando sus materias de atención, formando mejor a los defensores y capacitándolos en lenguas indígenas.
- Se establecen la igualdad y paridad de género en la carrera judicial y se incorpora la perspectiva de género de forma transversal.
- Se expide la Ley de Carrera Judicial.
- Se establece la designación de ministros, magistrados y jueces por un sistema de votación popular previo concurso de oposición para validar candidaturas.
- Y se crea una escuela de formación judicial para la profesionalización de los miembros del Poder Judicial Federal.
¿Y en Morelos, cómo va a funcionar?
En términos generales, la reforma judicial para Morelos tiene los mismos objetivos que la federal, y comparte muchos de sus principios como el combate a la corrupción y el nepotismo, la elección de personas juzgadoras y magistradas, y la búsqueda de una justicia más efectiva y cercana a la gente.
Pero en el ejercicio de revisión y construcción de consensos, el constituyente de Morelos incorporó algunas adecuaciones locales, como el hecho de un más estricto proceso de selección de candidatos a ser jueces y magistrados un proceso que en el estado será más o menos así:

¿Quiénes podrán ser personas juzgadoras y magistradas en Morelos?
Para postularse a un espacio de juez o magistrado en el Poder Judicial de Morelos, los aspirantes deberán ser mexicanas y mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos; contar con título y cédula profesional en derecho con promedio superior a ocho en su especialidad; acreditar una práctica profesional de tres años; gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales, o hacer cometido delitos de violencia política de género, sexuales o familiares, tampoco podrán participar los deudores alimentarios morosos; deberán acreditar residencia en Morelos al menos por un año previo a la convocatoria; no haber sido magistrado (salvo en los casos específicos en que se permite la reelección; presentar un ensayo de tres cuartillas sobre su materia en derecho y cinco cartas de recomendación.
Una vez acreditados esos requisitos, deberán atender a la convocatoria que se publicará el 30 de septiembre de 2026.
El listado de candidatos y la elección

Los aspirantes serán seleccionados por comités de evaluación compuestos por cinco expertos. Estos comités serán tres, integrados cada uno por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y podrán proponer hasta tres aspirantes por magistratura vacante y dos por juzgado vacante.
Una vez integrado el listado de aspirantes la ciudadanía podrá elegir a las nuevas personas titulares de juzgados y magistraturas en junio del 2027, el mismo día de la elección de ayuntamientos, diputaciones locales y diputaciones federales.
¿Cuánto durarán en su cargo jueces y magistrados en Morelos?
La reforma judicial plantea una duración de hasta nueve años para personas juzgadoras y titulares de magistraturas. En la primera elección, sin embargo, la mitad de los jueces y magistrados que resulten electos con la menor votación durarán solo seis años, lo que permitirá una renovación escalonada del Poder Judicial a partir del 2033.

En todo momento se respetará el principio de paridad en la integración del Poder Judicial.
Dos nuevos órganos para vigilar y eficientar el Poder Judicial
La reforma judicial de Morelos crea dos órganos de control adicionales al pleno del Tribunal Superior de Justicia.
El Órgano de Administración Judicial será el responsable de que permitirá que los recursos y la organización del Poder Judicial se manejen con objetividad y profesionalismo a través de la gestión administrativa, distribución de recursos y supervisión de la carrera judicial. Este órgano se integrará con cinco personas designadas, una por el Ejecutivo, dos por el Legislativo y dos por el Judicial e iniciarán sus funciones en este mismo año, para lo que deberán ser designadas en los 60 días siguientes a la publicación de la reforma.
El Tribunal de Disciplina Judicial, buscará que las resoluciones judiciales se apeguen a la ley, resolverá asuntos disciplinarios y sancionará faltas graves. Se integrará con cinco magistradas y magistrados electos por la ciudadanía.
La reforma también limita a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a una representación política y jurídica con el respaldo del pleno. La presidencia del Tribunal no será electa por los magistrados, como ocurre ahora, sino por la mayoría de la ciudadanía el día de la elección. Será presidente o presidenta quien obtenga el mayor número de votos ciudadanos y solo durará en el cargo dos años.
Los detalles pendientes
Dadas las condiciones actuales de crisis que privan en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, la LVI Legislatura determinó dejar los detalles operativos de la Reforma Judicial hasta resolver cada una de las leyes secundarias, en un proceso legislativo que considerará el aporte de trabajadores y funcionarios del Poder Judicial y los del Ejecutivo.
Entre otros pendientes que ha dejado la Legislatura está el haber de retiro para las y los magistrados del Poder Judicial.
