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La Jornada Morelos

El 17 de enero pasado se cumplió una década de que el entonces futbolista en declive, Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmó un contrato en el que, por siete millones de pesos, se comprometió a ser candidato del Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía de Cuernavaca en un horario de 9 a 11 de la mañana y 4 a 6 de la tarde.

Con el acuerdo, inició una etapa de cínica corrupción en la política de Morelos a cargo de quien, fuera de todo cálculo, no solo ganó la elección para el Ayuntamiento, sino que tres años más tarde, aprovechando la más profunda crisis en la política morelense, ganaría la elección para gobernador y, junto a su equipo, coleccionaría toda clase de hechos abusivos del poder acompañados de las consiguientes denuncias, la mayoría de éstas aún en proceso de solución.

En aquel contrato, que requirió de la acreditación falsa de un domicilio que comprobara la residencia de Blanco Bravo en Cuernavaca para poderse registrar como candidato, la firma obligaba al entonces aún delantero del Club Puebla, a “ser cordial y carismático con las personas, saludar a la gente de mano y besos a las mujeres, sonreír y ser amable con las personas, tomarse fotos y dar autógrafos ilimitados (las fotos y autógrafos fuera de los horarios establecidos podrán generar costos adicionales)”.

Blanco recibió los siete millones de pesos que indicaba el contrato en parcialidades. Visto en dinero, no era un mal negocio, aunque el efectivo que logró por apenas unas semanas de cuatro horas hábiles diarias como candidato a la alcaldía de Cuernavaca, eran poco menos del doble de lo que obtendría como salario y prestaciones legales como alcalde de Cuernavaca, una plaza de tiempo completo, jornada extendida y sin días de descanso, que cobraba entonces 81 mil 396 pesos al mes; un millón 220 mil 940 (incluyendo tres meses de aguinaldo) al año; y tres millones 662 mil 820 en todo el periodo, de acuerdo con el tabulador de sueldos autorizado.

Un grupo de personas con traje de color negro

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Cuauhtémoc Blanco en el anuncio de su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca en el 2015. Foto: Cortesía

SAPAC, adeudos y empresas fantasma

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) es un órgano descentralizado del Ayuntamiento que diariamente recibe cientos de miles de pesos en pagos de los usuarios de la ciudad. Gran parte de su operatividad depende de la energía eléctrica que la suministra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la operación de los equipos de bombeo de los pozos que dan servicio a las colonias.

Sin embargo la administración de SAPAC, en tiempos de Blanco, dejó de pagar a la CFE hasta 95 millones de pesos (31 millones en el 2017, y 64 millones en el 2018) ya presupuestados para pago de energía. La omisión de pago resultó en 55 cortes de luz el primer año de la administración, 53 en el segundo y otros tantos en el 2018; por lo menos la mitad de esos cortes de energía provocaron daño a los equipos de bombeo que tuvieron que ser reparados o reemplazados, según información oficial del sistema de agua.

En contraste, un estudio de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad publicado en septiembre del 2020, reveló supuestas compras de equipo para mantenimiento de red hidráulica a empresas fantasma, una de ellas, “Mantenimiento de obras y proyectos Cuenca S.A. de C.V.”, obtuvo recursos por más de 13.6 millones de pesos en junio del 2018; cuando Cuauhtémoc Blanco ya era alcalde de Cuernavaca.

Hechos de sangre en el sistema de agua potable

Además, sobre el SAPAC en tiempos de Cuauhtémoc Blanco pesaron sospechas de la infiltración de grupos criminales en la administración. La Fiscalía General de Morelos mantiene abierta la investigación sobre la fotografía que se publicó en el 2022, tomada años antes, presuntamente cuando Blanco era alcalde de Cuernavaca, en que aparece posando con tres presuntos mandos criminales: Irving Solano -detenido en 2021-, Homero Figueroa y Raymundo Isidoro Castro, quien fue detenido y luego asesinado en el penal de Atlacholoaya en el 2019.

De acuerdo con la investigación, Homero Figueroa Meza, uno de los cabecillas de uno de los grupos criminales, fungió como asesor jurídico de SAPAC entre febrero del 2016 y septiembre del 2018. El expediente sigue abierto.

Dos funcionarios de SAPAC durante esa administración murieron en ataques armados: Sergio Flores, jefe de la oficina de administración en el 2018; y María Luisa López, directora del organismo en 2019, ya con Cuauhtémoc Blanco como gobernador.

En diciembre del 2019, el secretario de Seguridad de Cuernavaca, Juan David Juárez López, también murió asesinado; Juárez, fue -por apenas cinco meses- jefe de la policía de la ciudad y había brindado protección a trabajadores de SAPAC que denunciaron amenazas y reforzó la vigilancia al sistema y las pipas de agua en la ciudad.

El peso de la corrupción en el Ayuntamiento de Cuernavaca

Los problemas de SAPAC no fueron la única herencia terrible que el periodo de Cuauhtémoc Blanco como alcalde dejó a Cuernavaca. El Ayuntamiento que presidió aún debe pagar hechos de simulación en obra pública, como el contrato con Corporativo Constructor de Morelos S.A. de C.V., por obras de pavimentación que, en su momento, fueron presentadas públicamente como donación, pero en la práctica han llevado a un juicio que obliga a la comuna a pagar cien millones de pesos por las obras y los rendimientos financieros del monto.

Adicionalmente, Blanco Bravo despidió a colaboradores suyos con abultadas liquidaciones establecidas en convenios que, además, imponen penalizaciones diarias extremas, según expuso la actual síndica municipal, Paula Trade Hidalgo, al referir el caso de un asesor que aún trata de cobrar ese convenio de liquidación al Ayuntamiento y que ahora sumaría un gasto de dos millones de pesos. Como ese caso, hay por lo menos una decena más, además de los que fueron liquidados en su momento, como los del personal del ayuntamiento que lo acompañó en campaña y que después de ella fue reinstalado en sus cargos en el municipio.

El juicio político, huelga de hambre y amparo

Cuauhtémoc Blanco no cumplía el requisito de residencia para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca; en su campaña recibió apoyo de una empresa constructora a la que después beneficiaría ya en su gestión como alcalde. Esta colección de irregularidades dio forma al juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo que, a solicitud del jurista Raúl Carrancá y Rivas, fincó la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

En diciembre del 2016, el Congreso resolvió dar entrada al juicio político en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco quien acusó una persecución política en su contra y se refugió en Catedral de Cuernavaca, donde inició una “huelga de hambre”.

En paralelo, la defensa de Blanco recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se le otorgó protección jurídica, y luego, gracias a un incidente de inconstitucionalidad, logró que la Corte ordenara frenar cualquier acto en contra del presidente municipal de Cuernavaca, lo que dejó sin efecto al juicio, que ya estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para su sentencia.

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, inició una huelga de hambre afuera de la Catedral de la ciudad.

Blanco en su huelga de hambre en Catedral. Foto: Tony Rivera. Archivo

Cuauhtémoc Blanco, gobernador

Cuauhtémoc Blanco decidió postularse a la gubernatura de Morelos meses antes del 2018. Desde el inicio de su gestión como alcalde había roto con el PSD que lo llevó a la alcaldía, por lo que no era una opción. El Partido Revolucionario Institucional lo buscó para postularlo, pero no hubo acuerdos; en paralelo, Encuentro Social, que le había brindado respaldo desde el juicio político, decidió nominarlo como su candidato a la gubernatura.

El PES se alió con Morena, que tenía como propuesta de candidato al entonces senador Rabindranath Salazar Solorio, entonces vino una encuesta para resolver la candidatura al gobierno de Morelos y la popularidad de Blanco la resolvió con facilidad.

El 29 de abril del 2018, iniciaron las campañas y el 1 de julio Blanco ganó la elección el 1 de julio del 2018 con el 52% de los votos.

Se hace presente un sospechoso equipo de colaboradores

En su paso por la alcaldía y gracias a algunos apoyos políticos desde la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, Blanco Bravo se fue haciendo de algunos apoyos con trayectoria política que se sumaron al de su exrepresentante, José Manuel Sanz Olvera, quien le acompañó desde aquella firma de contrato.

En las primeras reuniones de la comisión de transición en ese 2018 apareció el abogado Pablo Ojeda Cárdenas, un abogado veracruzano cuyo nombre aparece frecuentemente en los expedientes por corrupción que llevaron a las causas penales contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.

Pronto vinieron las divulgaciones de carpetas de investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, sobre José Manuel Sanz por la presunta triangulación de recursos públicos, a través de las que se mandaron a cuentas en Suiza hasta 741 millones de pesos. Ese fue el llamado Caso Primavera.

Hubo también un escándalo por la presunta creación y otorgamiento irregular de una patente notarial en que intervino el hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, a través de quien después sería nombrado, paradójicamente, titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, Kenji Uchida García.

Además, la Fiscalía Anticorrupción sigue una decena de carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco por delitos que van desde la falsificación de documentos hasta el enriquecimiento ilícito, pasando por ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa, fraude procesal, falsedad de declaraciones ante la autoridad, algunas de ellas iniciadas por particulares y otras de forma oficiosa.

Tres de esas carpetas fueron presentadas al Congreso de Morelos en abril del 2022, sin embargo, ninguna de ellas fue procesada por la LV Legislatura, por lo que el mandatario no fue llamado a responder de tales causas penales.

Una enorme colección de denuncias y desfalcos

Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, conductas como las compras a empresas fantasma, desvío de recursos, pagos excesivos a empresas, contratación irregular de personal con salarios superiores a los del tabulador, adquisición de mercancías como equipamiento, medicamentos, uniformes y equipos de cómputo que no fueron localizados, se volvieron comunes, la mayor parte de ellas relacionadas con exfuncionarios cercanos a Ulises Bravo Molina.

La Auditoría Superior de la Federación observó en las autorías, solo de 2019 a 2023, irregularidades por casi cinco mil millones de pesos, mil 701.3 millones en las ocho más recientes, en el ejercicio de recursos de programas federales. Las oficinas con mayor número y montos de observaciones han sido los Servicios de Salud Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda. En la mayor parte de los casos se dio vista a la Contraloría de Morelos para iniciar los procedimientos sancionatorios pertinentes, ya sea por la vía administrativa o la penal en contra de los funcionarios responsables.

Otros casos de corrupción en el manejo de recursos públicos fueron detectados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y por la Comisión de Hacienda de la LV Legislatura en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y el Trabajo, Movilidad y Transporte, sistema DIF Morelos, Comisión Estatal del Agua, Colegio de Bachilleres; la mayor parte de esos hallazgos están en procesos de aclaración y presentación de denuncias.

Hasta ahora, se han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción denuncias por probables desvíos de recursos estatales en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por 36 millones de pesos contra cuyo último titular ya se giró orden de aprehensión; y la Comisión Estatal del Agua, por 96 millones de pesos, que aún se encuentra en fase de integración.

En enero pasado, la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, presentó a su vez lo que llamó “un primer paquete” de denuncias por presuntos hechos de corrupción encontrados durante el proceso de entrega-recepción contra exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Trabajo por presuntas irregularidades en la aplicación de recursos para la rehabilitación del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, por más de 30 millones de pesos.

También se presentaron denuncias contra los exfuncionarios del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), una por 19 millones de pesos que fueron destinados a un concierto que no se realizó; y otra por la presunta venta irregular de terrenos en el lago de los que, además, no se entregó la parte correspondiente a tres ejidos que deberían haber recibido un monto, aún no determinado.

Además, hay investigaciones que generarían denuncias posteriores en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; Servicios de Salud de Morelos; Comisión Estatal del Agua; Fideicomiso Lago de Tequesquitengo; Fideicomiso Turismo Morelos y Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, cuyos montos de detrimento patrimonial aún deben ser determinados.

Otros casos que se investigan en la Secretaría de la Contraloría son por probables irregularidades en la Oficina de la Gubernatura, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, la hoy Coordinación de Movilidad y Transporte, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y la hoy Secretaría de Turismo.

Una personalidad que no ayuda

Sobre Cuauhtémoc Blanco no solo pesa un historial lleno de sospechas y denuncias por corrupción, su personalidad generó también rasgos de conducta reprobables. De acuerdo con excolaboradores del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco acostumbraba a tomar sus decisiones bajo el influjo de bebidas alcohólicas lo que habría comprometido su objetividad y habilidad en el manejo de casos relevantes, como el linchamiento de dos presuntos delincuentes ocurrido en Huitzilac en septiembre del 2021.

En el 2023, Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente del PES y también excolaborador de confianza de Blanco Bravo, acusó que el entonces mandatario atendió el problema mientras bebía con otras personas en la Ciudad de México y permitió el linchamiento de los dos sujetos. Aunque probablemente sea la historia conocida más grave, no es la única. Varios exalcaldes morelenses han narrado haberse encontrado en diversas ocasiones con el entonces gobernador en restaurantes con servicio de bar, y haber sido amenazados o increpados por Blanco Bravo acompañado por su hermano, Ulises Bravo.

El comportamiento violento de Cuauhtémoc Blanco ya había sido evidenciado desde sus tiempos de futbolista, el caso más famoso fue el golpe a un comentarista deportivo en un estadio de Veracruz.

De las agresiones de Blanco también habrían sido víctimas su esposa, Natalia Rezende en 2022, de acuerdo con un video tomado por ella misma; y en 2023, Nidia Fabiola, media hermana del mandatario, quien lo denunció por el delito de violación en grado de tentativa.

• Cuauhtémoc Blanco festejó simulando a un perro que orinaba la línea de gol. ESPECIAL  /

Un festejo que retrataría la personalidad de Blanco Bravo. Foto: Especial

Una elección por la vía rápida y la extensión del fuero

Pese a todos los señalamientos, Cuauhtémoc Blanco logró que Morena, partido al que recién se había afiliado en el 2022, lo postulara por la vía plurinominal a una diputación federal en el 2024. Blanco se rehusó a renunciar a la gubernatura de Morelos hasta que le fue ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La buena posición en el listado de candidatos y los resultados de la elección favorables al partido en la cuarta circunscripción electoral le permitieron llegar al Congreso de la Unión sin problema y renovar el fuero que le protege de acciones penales en su contra por parte de cualquier autoridad estatal o federal.

En febrero pasado, la Fiscalía General de Morelos solicitó el desafuero del gobernador mediante la figura de juicio de procedencia, con el fin de continuar el proceso en su contra por violación en grado de tentativa en agravio de Nidia Fabiola “N”, su media hermana. El caso se turnó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados que, al cierre de este recuento, aún no determinaba si admitiría el proceso, con lo que aún no empezarían a correr los 60 días hábiles que se tendrían para desahogar el procedimiento y determinar si se retiraría el fuero al exgobernador.

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