Erick Abraján Juárez
Tras la liberación de Luis Alberto N, alias “El Diablo”, el Poder Judicial de Morelos reveló que la juez de control dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue presuntos actos de tortura en contra del supuesto responsable del multihomicidio de tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), además de que no descartaron la posibilidad de girarle una nueva orden de aprehensión, pero con nuevos datos de prueba.
En conferencia de prensa, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, confirmó que, durante la declaración de Luis Alberto N, inculpado por el multihomicidio de los tres jóvenes reportados como desaparecidos el 12 de abril, acusó haber sido torturado por elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC).
Por esa razón, la impartidora de justicia activó el protocolo de Estambul que establece darle vista a la FGR para que inicie una investigación y, en su caso, sancionar a los elementos que participaron en la detención de Luis Enrique alias “El Diablo”, hechos ocurridos el pasado 21 de abril en Huitzilac.
Gamboa Olea indicó que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público de la Fiscalía General de Morelos durante el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso, no correspondían a la supuesta participación de Luis Enrique N en los hechos del paraje “Fierro del Toro”.
Sin embargo, indicó que la Fiscalía de Morelos podría solicitar una nueva orden de aprehensión en contra de “El Diablo” pero con nuevos datos de prueba, es decir, nuevas pruebas en su contra que acrediten su participación en los hechos delictivos, por lo que la autoridad judicial analizaría la nueva orden.
“Nosotros somos respetuosos de las investigaciones de la Fiscalía y consideramos que hasta este momento no había esos datos y así lo señaló la juez, y la Fiscalía continúa en la investigación. Por supuesto, se le puede fincar los mismos delitos y formularle imputación pero con nuevos datos de prueba”, explicó.
Por último, dijo que tras la aparición de un narco mensaje en el municipio de Huitzilac, se dará vista a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Gobierno del Estado, debido a que los jueces no serán sujetos a amenazas en la investigación y sentencia de los delitos, por ello, al presidente del Poder Judicial y a dos jueces más se les otorgaron medidas de protección de seguridad para evitar cualquier situación de peligro.
Exigen abogados renuncia de Uriel Carmona
Tras la liberación del presunto multihomicida de tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), integrantes del Foro Morelense de Abogados solicitaron a los diputados la destitución del Fiscal General, Uriel Carmona Gándara, tras el intento de presentar pruebas ilícitas en contra de “El Diablo”.
En conferencia de prensa, el presidente del Foro Morelense de Abogados (FMA), Pedro Martínez Bello, opinó que el Congreso de Morelos deberá iniciar un procedimiento para remover al Fiscal por incapaz e incompetente, al mencionar que las pésimas investigaciones sólo vulneran a las víctimas, quienes tienen que soportar que los responsables de los crímenes continúen en libertad.
Por ello, Martínez Bello aseveró que al Fiscal General, Uriel Carmona Gándara se le podrían fincar responsabilidades por la comisión de los delitos como fabricación de pruebas y delitos cometidos por servidores públicos.
“El fiscal Uriel Carmona Gándara tiene que irse por incapaz e incompetente. Es un violador de derechos fundamentales, viola derechos de seguridad jurídica y de legalidad que consagra la Constitución. Son delitos cometidos por servidores públicos; se equivoca y no hay consecuencias por ello; se exhorta al Congreso del estado a que analicen su permanencia por la serie de equivocaciones que ha realizado en su gestión”, dijo.
El jurista dijo que “del 100 por ciento de los ilícitos que se cometen en Morelos, solamente un 10 por ciento se denuncia y lamentablemente no se tiene la certeza de que se vaya a llevar una investigación correcta y adecuada en la persecución de los delitos. El estándar de persecución es muy bajo”, comentó.
