Sin actualizaciones de software, monitores de más de una década, sin programas más avanzados que permitan actuar en medio de la comisión de delitos, sin aire acondicionado, entre otras deficiencias, se encuentra el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C5, informó el secretario de seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Al participar en la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, el funcionario aseguró «tenemos un C5 obsoleto, no cuenta con las debidas actualizaciones; hoy existen programas que ayudan, por ejemplo, a la identificación más rápida de una motocicleta o vehículo que se haya utilizado en la comisión de algún delito, pero no tenemos los programas actualizados; de nada nos sirve que los más de cinco mil equipos de videovigilancia privados, los que colocan los ciudadanos afuera de sus domicilios, y con los que nos pueden compartir información que nos puedan servir para obtener pruebas sobre algún delito cometido, bueno pues hoy no resulta imposible, porque muchas veces no son compatibles», explicó el encargado de la seguridad.
También la estrategia de Segurichat, un modelo donde se crean grupos ciudadanos, a través del uso de aplicaciones móviles donde se advierte o denuncian actos ilícitos, hoy podría representar un riesgo, toda vez que no se conoce a todos sus integrantes, «de los 43 mil integrantes de los más de cuatro mil grupos de segurichat, usos grupos o usuarios, no están totalmente identificados», dijo el funcionario.
Miguel Ángel Urrutia aseguró que ya se trabaja en un plan integral de renovación del C5, a fin de poder llevar a cabo las actualizaciones necesarias que lo hagan sostenible y funcional.
El C5 fue inaugura en noviembre del 2014, durante el sexenio de Graco Ramírez y estando al frente de la extinta Comisión de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, quien presumió dicho centro como el más moderno del país y a través del cual Morelos sería un referente en el combate a la inseguridad.
12 años después, ese modelo ya se considera obsoleto, a raíz del abandono del gobierno que encabezó Cuauhtémoc Blanco Bravo.
En el Paso Exprés no hay cámaras de seguridad
La situación empeora, luego de que en la entidad, tampoco se cuenta con las suficientes cámaras de reconocimiento de placas vehiculares; el asunto sale a relucir, luego de que este fin de semana trascendió el secuestro de una participante de una reality show, cuya privación ilegal de la libertad habría ocurrido en el municipio de Huitzilac, cuando circulaba por la autopista; es importante destacar que, precisamente ese tramo carretero que conecta a la Ciudad de México con Morelos, ha sido escenario de diversos hechos delictivos que ni la presencia de la Guardia Nacional ha podido inhibir.
En este hecho, fue la intervención de las autoridades de la Ciudad de México, lo que permitió obtener la identificación vehicular donde viajaban las víctimas, mismas que horas después fueron localizadas, a bordo de su propio vehículo privadas ilegalmente
El propio secretario de seguridad reconoció y urgió la colocación de cámaras de reconocimiento de placas vehiculares, puesto que, por ejemplo, en el Paso Exprés «no hay ni una sola cámara de videovigilancia», reveló.
Miguel Ángel Urrutia aseguró que esta situación ya se atiende, por lo que se dispuso de un recurso extraordinario con el que se adquirieron 41 cámaras de LPR, miasmas que estarán siendo puestas en operación en diferentes tramos carreteros.
Signarán convenio con CAPUFE para instalar cámaras LPR
Derivado de la alta incidencia delictiva en la México-Acapulco, en los próximos días se llevará a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Ejecutivo y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), a fin de establecer coordinación en materia de seguridad.
El secretario de gobierno, Juan Salgado Brito también resaltó que, como resultado de la reunión que sostuvieron en días pasados, la gobernadora Margarita González Saravia y la presidenta Claudia Sheinbaum, se dispuso el envió de 300 elementos de la Guardia Nacional que realizarán patrullajes en la entidad, con lo que se estima la reducción de la comisión de los delitos.
