La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos logró la vinculación a proceso de tres exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Esta es la cuarta vinculación a proceso que enfrenta Einar Topiltzin “N”, quien fuera titular de la dependencia durante ese periodo.
En una audiencia celebrada el viernes 2 de mayo de 2025 en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez, tras analizar los sólidos datos de prueba presentados por la Fiscalía Anticorrupción, dictaminó la vinculación a proceso de Einar Topiltzin “N”, exsecretario de Desarrollo Sustentable; José Iván “N”, exsubsecretario de Gestión Ambiental; y Noé “N”, exdirector general de Gestión Ambiental; los tres exservidores públicos son señalados por su presunta negligencia y omisiones en el mantenimiento y operación de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en el municipio de Xochitepec, un proyecto que consumió recursos públicos por la considerable suma de 39 millones 500 mil pesos y que actualmente se encuentra en un estado de abandono e inoperatividad total.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción reveló que la planta, construida en 2016, nunca recibió el mantenimiento adecuado estipulado en los programas oficiales y tampoco fue operada siguiendo los manuales técnicos correspondientes. Se presume que el entonces secretario, Einar Topiltzin “N”, incumplió sus responsabilidades de administración, dirección y supervisión de los programas estatales, incluyendo la Estrategia para la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Morelos, lo que directamente habría ocasionado el deterioro irreversible de la infraestructura.
Por su parte, el exsubsecretario, José Iván “N”, habría omitido la aplicación y evaluación de los convenios vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos, mientras que el exdirector general, Noé “N”, no ejecutó las acciones de supervisión y coordinación necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la planta.
Estas omisiones conjuntas llevaron al abandono del proyecto al finalizar la administración, dejando una inversión millonaria inservible y sin cumplir su objetivo ambiental.
La investigación también identificó graves deficiencias en la gestión de la planta, como la falta de personal capacitado, la ausencia de protocolos técnicos y jurídicos claros, y la inexistencia de mecanismos de control efectivos, lo que provocó un daño directo al patrimonio del estado.
Un agravante adicional detectado por la Fiscalía Anticorrupción fue que no se informó al entonces gobernador del estado, Graco Ramírez que la planta se construiría dentro de una zona de reserva natural catalogada como selva baja caducifolia, generando un impacto ambiental negativo en el ecosistema local y sin prever que la falta de operación adecuada frustraría su finalidad ecológica.
El juez a cargo del caso otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó como medida cautelar para los tres exfuncionarios la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
