Acompañadas por integrantes de la Alianza de Mujeres, Reyna Hernández y otras extrabajadoras del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), acudieron al Congreso del para solicitar a los diputados investigar y valorar la permanencia en el cargo de la presidenta Isela Chávez Cardoso a quien acusan de violencia institucional y acoso laboral y afectar con ello la atención a las usuarias.
Reyna Hernández narró que trabajó en el Instituto de la Mujer durante poco menos de 45 días en el 2023, etapa que concluyó con su despido “por no acatar órdenes la presidenta que eran violentar a las profesionistas que estaban a mi cargo y que, por supuesto yo no quise ser parte de eso, fui despedida de mi cargo de manera violenta y discriminatoria”.
A partir de ello, la agrupación Alianza de Mujeres cobijó a la denunciante y se elaboró un documento que se entregó al Congreso del Estado para visibilizar “las violencias que vivieron las demás profesionistas a mi cargo… (entre ellas) salud emocional muy afectada, acoso laboral, el tema de los rasgos físicos, cómo te vistes, cómo te arreglas etcétera, era algo que le molestaba mucho a la presidenta y no toleraba que yo tuviera cerca de mí a personas, mujeres que nos ayudaran con las encomiendas que se desempeñan en el Centro de Atención Externa (CAE) que es justo la columna vertebral del Instituto de la Mujer. En este CAE están más o menos 55 profesionistas, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, quienes el 60% acudía conmigo para visibilizar las violencias que ella (la presidenta) ejercía”.
Puso como ejemplo la práctica de la presidenta de “quitarles el celular (a las trabajadores) para revisar si ellas tenían contacto o no con Flor Desiré (León Hernández, ex directora del IMM y activista feminista), o con algunas otras mujeres que la antecedieron en el Instituto de la Mujer”, de la que, aseguró, ella misma habría sido objeto, pero al no permitirlo, fue despedida “de manera violenta”.
Las trabajadoras denunciaron también a la presidenta del IMM por haber violado los derechos de una madre lactante que fue despedida en esa etapa; y por no brindarles seguridad social a sus trabajadoras ni el derecho a ser indemnizadas en caso de despido.
La solicitud a los diputados incluye la creación de una comisión de investigación y análisis sobre el funcionamiento del Instituto de la Mujer.
