“En el caso de que sean presentadas denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por parte del gobierno que iniciará su gestión a partir del primero de octubre en el estado de Morelos, en contra de servidores públicos de la actual administración actuaremos bajo las premisas de que no habrá impunidad jurídica ni persecución política, por ponerlo en términos coloquiales, no habrá una cacería de brujas”, adelantó el fiscal, Juan Salazar Núñez en entrevista exclusiva para La Jornada Morelos, en la que habló del estado de investigaciones sobre exfuncionarios, la necesidad de fortalecer las fiscalías anticorrupción de todo el país y el futuro de un órgano autónomo en que, dice, “ya construí mi legado”.
La charla con Juan Salazar inicia con la pregunta obvia dado el accidentado cierre de la administración de Cuauhtémoc Blanco en que las denuncias de presuntos actos de corrupción se multiplican; el equipo de la gobernadora entrante, Margarita González Saravia, tendrá sesenta días para hacer las observaciones pertinentes y en su caso fincar las denuncias que correspondan, luego de asegurar que no habrá cacería de brujas pero tampoco se permitirá que quienes cometieron delitos queden sin castigo, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción es una institución “de buena fe” y promete actuar en las investigaciones con objetividad y exhaustividad sobre todos los actos que les sean denunciados.
¿Y quién resulta más corrupto, Graco o Cuauhtémoc?
Una pregunta que muchos se hacen en Morelos después de doce años de administraciones estatales señaladas por la sociedad como altamente corruptas, la de Graco Ramírez y la de Cuauhtémoc Blanco, es cuál de las dos acumula más actos de corrupción. Juan Salazar advierte que sería una apreciación subjetiva que no debe llevarse a la simplicidad de los números.
Recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a exsecretarios, exsubsecretarios, exdirectores generales, exjefes de departamento, de la administración de Graco Ramírez, a muchos de ellos incluso se les dictó prisión preventiva. Diversos funcionarios de esa administración siguen procesados y gracias a los recursos legales que han interpuesto enfrentan sus procesos en libertad, dice y añade, siguen vigentes aún investigaciones contra exfuncionarios, algunas ya han sido judicializadas, entre ellas, una sobre el propio Graco Ramírez, por la asignación irregular de un crédito para la adquisición de un vehículo vía el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos.
Pero el caso de Cuauhtémoc no es menor, le recordamos las tres solicitudes de juicios de procedencia que la propia Fiscalía Anticorrupción llevó al Congreso del estado en el 2022 para proceder en contra del gobernador, Cuauhtémoc Blanco por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad.
Juan Salazar explica que los diputados de la LV Legislatura del Congreso del estado debieron proceder, pero nunca notificaron a la Fiscalía Anticorrupción cuál fue el destino de esas carpetas, “hubo opacidad total del Congreso” respecto al asunto.
Preguntamos si hubo algo que pudiera haberse hecho desde la Fiscalía Anticorrupción al respecto y nos explica que en el Sistema Estatal Anticorrupción existen cuatro funciones, la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos que pudieran constituir delitos o faltas al servicio público y que si bien la instancia para la coordinación de tales actos es el Sistema Estatal Anticorrupción, actualmente se encuentra semiparalizado pues no se ha nombrado a los miembros del Comité de Participación Ciudadana lo que entorpece la coordinación entre instituciones.
La urgencia de fortalecer a las fiscalías Anticorrupción
Juan Salazar Núñez es el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, una asociación de órganos autónomos del país para lograr intercambios de experiencias, colaboración, acompañamiento colectivo y la continua actualización de los conocimientos que, dada la velocidad con que evolucionan las técnicas para cometer actos de corrupción, se vuelve indispensable.
La reunión de la Convención en la que Juan Salazar fue electo presidente permitió que la Fiscalía de Morelos expusiera la muy positiva respuesta que ha tenido el sistema que posibilita las denuncias anónimas, a través del que se reciben vía telefónica, por correo electrónico o en papel “hemos recibido denuncias escritas a mano”, luego se verifica que se trate de hechos reales y se llevan a carpetas que en varios casos ya se han judicializado (en otros siguen en etapa de investigación). Si bien los principales sujetos de denuncias anónimas son agentes de tránsito, también se han presentado contra funcionarios de todos los órdenes de gobierno y de órganos autónomos, y si se encuentran datos que acrediten la comisión de un acto de corrupción, se imputa a los responsables, explica.
Pero también se detectaron problemas comunes de todos los órganos anticorrupción, el mayor, el relativo a la autonomía jurídica, técnica y presupuestal, que las subordina a las fiscalías generales. Se acordó presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para conseguir la homologación de las leyes orgánicas de las fiscalías anticorrupción de todo el país con este componente, el de independencia, “que no formen parte de las fiscalías generales”, y tocó a la de Morelos elaborar el anteproyecto que será revisado y enriquecido para presentarse al Congreso de la Unión y erradicar “las debilidades, deficiencias y otros males que aquejan a las fiscalías anticorrupción” explica Juan Salazar.
Claridad en la historia de dos fiscalías y dos fiscales
No es casual que haya caído en la cancha de Morelos la elaboración del documento que busca la independencia de las fiscalías anticorrupción. Más allá de las capacidades como jurista de Juan Salazar Núñez, la experiencia que vivió el órgano autónomo apenas hace un año, en septiembre del 2023, puede dar luz sobre todos los puntos débiles que se padecen desde el diseño institucional.
El 13 de septiembre del 2023, Juan Salazar solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo de fiscal Anticorrupción por un lapso que duraría hasta el 16 de octubre, dejó como responsable al vicefiscal, Édgar Rodolfo Núñez Urquiza. En aquel tiempo, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara cumplía más de un mes recluido por acusaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México. Al día siguiente, funcionarios de la Fiscalía General se apersonaron en la Anticorrupción, nombraron a un “nuevo fiscal Anticorrupción” que inició su “gestión” destituyendo a 14 funcionarios, entre ellos el propio vicefiscal. El 22 de septiembre, un operativo acompañado por la policía Morelos y elementos de la Marina, retomaron las oficinas y regresaron a Núñez Urquiza al cargo; pero el conflicto duró aún varias semanas.
A poco más de un año, Juan Salazar resume el asunto a un planteamiento institucional, “precisamente por la cercanía, o por la carencia de independencia porque finalmente (la Anticorrupción) forma parte de la Fiscalía General, es que algunos servidores públicos de la Fiscalía General trataron de perjudicar a la institución, a la Anticorrupción, hubo injerencias indebidas, hubo avasallamiento material, violento que se tuvo que combatir jurídicamente con energía y llevar esos hechos ante jueces penales que giraron órdenes de aprehensión en contra de diversos servidores públicos… incluso de un servidor público que indebida e ilegalmente usurpó” la titularidad de la Anticorrupción.
Son casos aún vigentes, explica, pero la serie de hechos dice “no ha afectado la relación interinstitucional con el fiscal General… (él) fue ajeno a todo ello… él me ha expresado que estaba incomunicado cuando sucedió todo aquello en el (penal del) Altiplano”.
No protejo las espaldas de Graco ni de nadie
En un ambiente político como el de Morelos, plagado de corrupción y sospechas, muchas de ellas arengadas desde el Poder estatal en este sexenio, el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha avanzado, “se decía que Graco Ramírez me había dejado para protegerle las espaldas, y está acreditado que no es así, que hemos trabajado con autonomía y ajeno a todo interés político, de partido o de poder”, asegura el fiscal Anticorrupción, quien añade que se ha “actuado con objetividad en todos los casos, sin fijarnos de quién se trata; o el nivel que tienen o que tuvieron”.
¿El fiscal Anticorrupción tiene miedo? Porque ha pisado los intereses de gente poderosa y algunos incluso probablemente vinculados con grupos delictivos, le preguntamos. “No, tratamos también de guardar la calma, porque somos humanos. Pero tengo la seguridad de que si hago las cosas correctamente, si no fabrico delitos, como nunca lo he hecho… el delincuente de cuello blanco aceptará que cometió un error al cometer el delito. No es el fiscal Juan Salazar el que actuando dolosamente lo está investigando y lo va a meter a la cárcel. Eso es lo que me da tranquilidad, el hacer bien mi trabajo, sin consigna, sin línea. Son las bondades de contar con autonomía, ahora se busca la independencia”.
Las muchas carpetas y la complejidad de las investigaciones
“Se reciben muchas denuncias que no son delitos de corrupción y tampoco encontramos delitos que pudiéramos derivar a otra autoridad. En todos aquellos casos en que el denunciante presenta sus pruebas, testigos y datos de prueba, y el ministerio público no procede” el afectado puede recurrir a un juez, explica, por lo que legalmente no hay forma de que el Ministerio Público sea omiso; así que todos los casos deben judicializarse.
Pero el tiempo puede ser largo para la resolución, abunda, “los asuntos de corrupción son muy complejos”, requieren de peritos en auditoría forense, en delitos de corrupción, adentrarse en todos los actos cometidos, investigar a empresas y su legalidad, conocer el marco jurídico más allá de las leyes ordinarias, también los acuerdos y reglamentos inherentes al acto denunciado. También requieren de la intervención de jueces para conceder información de muchas partes (como los bancos); es un proceso largo porque los delitos de corrupción están integrados por actos visibles y no visibles que deben investigarse todos para lograr imputar a los responsables, pero también que no haya impunidad; y esto es vital “tratamos de no fallar porque eso nos restaría credibilidad y hemos obtenido resultados positivos en la mayoría de los casos que han llegado a sentencias”.
Digitalizar al gobierno un acierto en el combate a la corrupción
Para Juan Salazar, el proyecto de la administración que encabezará Margarita González Saravia a partir del 1 de octubre de digitalizar los trámites gubernamentales favorecerá la disminución de los índices de corrupción.
Se va a erradicar el coyotaje, dice y el contubernio de intermediarios. La accesibilidad de la gente a los servicios de forma directa es una medida muy positiva que ya ha sido probada en otros estados donde ha erradicado muchos esquemas de corrupción.
Ya construí mi legado, me puedo ir en paz
El periodo de Juan Salazar Núñez en la Fiscalía Anticorrupción concluirá en agosto del 2025, terminará tranquilo su función y adelanta, “no estoy casado con el cargo… si hay una reforma que modifique las condiciones y reduzca mi periodo estoy dispuesto a dejar mi encargo. Ya construí un legado”, explica y habla de que le correspondió la creación de la fiscalía desde cero; el armado jurídico y material del despacho, la planeación, los manuales de procedimientos, y la especialización que ha sido lo más importante en un área donde debe darse actualización permanente especialmente en materia de corrupción, porque los delincuentes perfeccionan cada vez más sus técnicas.
Pero antes de concluir, habrá operaciones encubiertas
A través del tiempo, nos confía Juan Salazar, se da una sofisticación de los hechos de corrupción, por lo que el proyecto siguiente de la Fiscalía Anticorrupción es la capacitación de elementos policiacos para operaciones encubiertas, con lo que el órgano ya no solo investigará, sino también detectará los crímenes en flagrancia. La actuación de los encubiertos se dará inicialmente en los ayuntamientos.
Reconoce que hay municipios, como Cuernavaca, en que se han implementado novedosas estrategias para prevenir la corrupción, como el uso de cámaras corporales en elementos de la policía vial y muy pronto en los verificadores municipales, aunque advierte que los corruptos “luego le encuentran la forma” de brincarse esas herramientas, por ello es indispensable la capacitación permanente y las acciones de la fiscalía, concluye.
Fotos: La Jornada Morelos
