Esta semana, de nueva cuenta, dos mujeres fueron encontradas sin vida, aparentemente tras haberse suicidado al interior del Centro Federal de Reinserción Social número 16, en el poblado de Michapa, Coatlán del Río, Morelos, con lo que ya suman seis decesos en lo que va del año.
Al respecto, Susana Díaz Pineda, vocera del Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa», explicó en en entrevista para La Jornada Morelos que, de acuerdo con datos del Instituto de la Defensoría Pública, suman en total 19 mujeres que han perdido la vida, de 2022 a la fecha, por lo que consideró necesaria la intervención del Poder Ejecutivo, a través de la gobernadora Margarita González Saravia, para atender la situación de manera integral, aun cuando se trata de un reclusorio federal.
«Los catalogan como suicidios. Incluso, sabemos de otros nueve intentos y aunque se trata de una cárcel federal, sí hay violencia contra las mujeres el estado debe atenderla, pues el Cefereso está en Morelos. Tenemos ocho municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), pero esto no es privativo de estas localidades, sino de toda la entidad», destacó.
La entrevistada señaló que todas las violencias que afectan a las mujeres deben ser atendidas de manera pronta, principalmente en beneficio de quienes se encuentran privadas de la libertad, requisitos que imponen las normas internacionales, ya que sólo pierden su derecho al libre tránsito, no sus prerrogativas a un trato digno como seguridad médica, educación, entre otros que deben ser garantizados plenamente.
«Lo que para las autoridades son suicidios, para nosotras son feminicidios y en ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en sendas recomendaciones, según recuerdo, ha instado tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE), como a las autoridades federales encargadas del penal, a que atiendan la situación bajo el protocolo de feminicidio, por estas muertes violentas de las Personas Privadas de la Libertad (PPL)», destacó.
Destacó que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, se deben tender los puentes para que se permita la atención integral a las mujeres privadas de su libertad, con base en los protocolos de atención para PPL, al recalcar que hay mecanismos y maneras de solucionar la incidencia.
