En medio de las labores de exhumación en las fosas comunes de Jojutla, Morelos, Alberto Belmont Gutiérrez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Desaparecidos, ha sido acusado de revictimización y abuso de autoridad por parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Las familias señalan que, desde el inicio de las actividades, el 6 de noviembre, Belmont ha mostrado una actitud prepotente, misógina y despectiva hacia quienes participan en las diligencias, especialmente contra quienes cuestionan procedimientos o señalan posibles irregularidades.
Los primeros roces se dieron durante la reunión de coordinación del 6 de noviembre, cuando Belmont presentó al equipo encargado de los trabajos en el panteón Pedro Amaro y enumeró a las instituciones participantes. Las buscadoras expresaron su descontento por la ausencia de instancias clave, como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, cuya intervención habría reforzado las labores de toma de muestras genéticas. Según testigos, ante estos cuestionamientos, Belmont respondió con comentarios agresivos y despectivos, interrumpiendo y desacreditando a las participantes.
Uno de los incidentes más graves tuvo como protagonista a Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, víctima emblemática del caso Tetelcingo. Hernández expresó dudas sobre el procedimiento de exhumación y su transparencia. En respuesta, Belmont habría recurrido a comentarios burlones, intentando minimizar sus observaciones y, de acuerdo con testigos, desacreditándola públicamente con el fin de imponer su postura sin admitir cuestionamientos.
Estas actitudes no se han limitado a un solo evento. En reuniones posteriores, donde se informaba a las familias sobre el avance de las exhumaciones, Belmont habría mostrado un comportamiento similar. Durante una de estas sesiones, interrumpió de manera abrupta a Hernández mientras esta dirigía una pregunta a otro miembro del Ministerio Público, desestimando sus inquietudes y minimizando públicamente los argumentos tanto a ella como a otras mujeres de los colectivos presentes, incluidas integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda.
Las familias y colectivos denunciaron que este tipo de conductas no solo vulneran su dignidad, sino que también perpetúan el trato revictimizante por parte de las autoridades. “Estamos aquí buscando a nuestros seres queridos. No necesitamos que nos humillen ni nos ignoren”, declaró Amalia Hernández. Además, señaló que el comportamiento de Belmont refleja un abuso de poder inaceptable y exigió que se tomen medidas inmediatas para garantizar que el proceso de exhumación se realice con respeto y sensibilidad hacia las víctimas y sus familias.
Luis Goytia Pacheco, fiscal especializado en desaparición forzada, fue cuestionado sobre las acusaciones contra Belmont. Aunque inicialmente evitó emitir comentarios, aseguró que las instituciones presentes, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, están documentando las diligencias. Sin embargo, cuando se le señaló que había presenciado algunos de estos episodios sin intervenir, Goytia afirmó que no había recibido quejas formales por parte de las familias. Al insistirle si habría sanciones contra Belmont, el fiscal se limitó a declarar que “las acciones institucionales que correspondan se tomarán”.
Por su parte, los colectivos criticaron la falta de involucramiento del fiscal general, Uriel Carmona, en un proceso tan delicado como el que se realiza en Jojutla. Amalia Hernández y otros representantes de los colectivos, como Regresando a Casa Morelos y la Brigada Nacional de Búsqueda, señalaron que la ausencia de Carmona en las exhumaciones refleja una falta de compromiso con las víctimas y sus familias.
En un esfuerzo por obtener su versión de los hechos, este medio buscó a Alberto Belmont Gutiérrez mediante la oficina de comunicación social de la Fiscalía del Estado de Morelos y la Fiscalía Regional Oriente, además de realizar intentos directos a través de llamadas telefónicas y mensajes. Hasta el momento, el funcionario no ha respondido.
Mientras tanto, las familias continúan enfrentando no solo el desgaste emocional de buscar a sus seres queridos, sino también un ambiente hostil que, lejos de ayudar a sanar heridas, las profundiza. Los colectivos reiteran su exigencia de respeto, sensibilidad y justicia en un proceso que debería centrarse en las víctimas y sus derechos.
Alberto Belmont Gutiérrez, agente del Ministerio Público cuestionado por los Colectivos. Foto: Cortesía
