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Carlos Quintero J.

Un tribunal oral aplazó un mes el juicio en contra de 54 personas, acusadas por secuestro agravado, que habían sido detenidas cuando se manifestaban frente al edificio de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión para exigir que se le diera a conocer la situación jurídica de sus compañeros quienes fueron remitidos al obstruir el cobro en una caseta de peaje en el municipio de Puente de Ixtla en octubre de 2020.

Hasta el pasado 1 de diciembre de 2022, las 54 personas procesadas se hallaban en prisión preventiva, pero recobraron su libertad porque se excedió el plazo de la aplicación de la medida cautelar, por más de dos años.

La mañana del viernes, los imputados acudieron, a una audiencia programada para afrontar en libertad el delito, que, en su momento, estableció la entonces Fiscal Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

En esta última audiencia se confirmó la conformación de un nuevo tribunal que es presidido, como juez presidente: Joel Alejandro Linares Villalba; Jueza relatora, Leticia Damián Avilés y Jueza Tercera, María Elena Gómez Salgado.

Aunado a lo anterior, se sumó al equipo de defensa de las personas acusadas, y en sustitución de la abogada Elsa Merlos, la también defensora publica, Griselda Álvarez González.

A fin de no vulnerar el derecho de algunas de las personas acusadas a una adecuada defensa, el tribunal de juicio oral difirió la audiencia para el próximo 15 de mayo, y así reiniciar el proceso penal.

Tribunal pide información sobre muerte de preso

 

En este mismo caso, el tribunal llamó al Coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, para que informe sobre la muerte de Luis Alejandro C. B. una persona que se hallaba privada de libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos.

 

Luis Alejandro C. B. era parte del grupo de 54 personas procesadas por secuestro tras tomar algunas casetas en 2019. Sin embargo el tribunal de enjuiciamiento no conoce detalles sobre la causa de su muerte mientras se encontraba preso.

 

Así, el Tribunal requirió al Coordinador de Reinserción Social para que en un terminó de 5 días informe sobre al respecto, ya que no existe ni siquiera un acta de defunción para acreditar el hecho.

 

Por ese motivo el tribunal oral aplazó un mes el inicio de juicio en contra las 54 personas, acusadas por secuestro agravado, pero detenidas cuando se manifestaban frente al edificio de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión.