
La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) de Morelos, a cargo de Penélope Picazo, desde el mes de diciembre le ha suspendido el apoyo a María Luisa Villanueva que como víctima tiene derecho, aun cuando es una institución que fue creada para atender y apoyar a las personas de un delito o violación a sus prerrogativas.
Así lo declaró en rueda de prensa Francisco Radilla Corona, vocero del colectivo Cuernavaca, quien anunció que derivado de tal omisión, este miércoles 16 de abril, a partir de las 8:00 horas, iniciará en la plaza de armas una huelga de hambre “a pesar de su frágil y quebrantada salud”.
“Queremos hacer del conocimiento público que María Luisa ha comunicado a esta organización que ha tomado la delicada decisión de iniciar a partir de este próximo miércoles una huelga; lo anterior como una medida extrema para evitar que los magistrados que llevan su caso sigan actuando con indolencia y apostándole al cansancio y al desistimiento de quien justamente sostiene una lucha para que se le reconozca su inocencia”, dijo Radilla Corona.
Ante ello señaló que el colectivo seguirá respaldándola “pero preocupados por la precariedad de su salud queremos pedirle que reconsidere su decisión de iniciar esa huelga de hambre ya programada, dado que con ese acto pone en riesgo su propia vida”.
Cabe recordar que María Luisa Villanueva Márquez, en enero de 1998, fue privada de su libertad y trasladada a una casa de seguridad donde fue torturada durando cuatro días continuos para poderle arrancar una declaración de culpabilidad de un delito que ella jamás cometió y se considera que todas esas ilegalidades y arbitrariedades fueron cometidas por policías judiciales adscritos al Grupo Antisecuestros que en aquella época encabezaba Armando Martínez Salgado personaje que a la postre fue detenido junto con sus jefes, el procurador Carlos Peredo Merlo y el director de la policía judicial Jesús Miyazawa Álvarez, acusados todos de tortura, homicidio y secuestro.
Esas acciones llevadas a cabo desde la Procuraduría General de Justicia de aquella época, recordó, contaron con el aval de jueces de consigna, lo que llevó a María Luisa Villanueva Márquez a estar injustamente 25 años de su vida en la cárcel, “lo que es una clara evidencia de un sistema de justicia absolutamente corrompido en el que las mayorías más vulnerables, los pobres, las mujeres y los indígenas, siempre estarán condenados al abuso a la indefensión, a la penalización y hasta a la humillación pública, como en este caso en el que por órdenes del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, sacaron en vilo del penal de Atlacholoaya a María Luisa Villanueva a pesar de su legitima exigencia de que antes se reconociera su inocencia”.

María Luisa Márquez está solicitando que se reconozca que la privaron ilegalmente de su libertad, que le torturaron, que se le fabrico un delito y que la encarcelaron injustamente durante 25 años.
“Lo que ella pide es muy simple, que se reconozca su inocencia en un delito que ella jamás cometió. Si en México no se resuelve esta grave injusticia este caso llegara hasta instancias internacionales”, puntualizó.
