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La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, que dará forma al gabinete de la gobernadora Margarita González Saravia, considera aún a la Secretaría de Gobierno como la responsable de la política interna del estado, pero le añade facultades para consolidar sus capacidades de mantener la gobernabilidad en el estado.

Al titular de la secretaría, Juan Salgado Brito, le tocará, de acuerdo con la iniciativa que discute el Congreso de Morelos “preservar los límites territoriales del Estado, así como los límites interiores de los municipios y expedir diversas licencias, autorizaciones, concesiones y permisos cuyo otorgamiento no esté dispuesto para otras Secretarías”.

También “incorpora atribuciones para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tutelar el Sistema de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, así como recabar, clasificar y procesar información sociopolítica vinculada con el desarrollo de las estrategias de gobernabilidad”.

Lo que la gobernadora electa considera “el cambio sustancial” en el despacho, es “que la Secretaría de Gobierno asume las facultades de la Secretaría de Movilidad y Transporte que se extingue. Es así que, el artículo 24 de la Ley materia de la presente Iniciativa establece las facultades y funciones necesarias para fortalecer y optimizar la regulación y el control del servicio de transporte público y particular, a efecto de consolidarlas y lograr que funcionen eficiente y eficazmente, a través de un ejercicio ético en la gestión pública”.

Esta incorporación del sector de movilidad y transporte a la secretaría, expone la iniciativa; “busca elevar los estándares de calidad a través de optimizar la dirección, coordinación, planeación, organización, control, reglamentación, regularización, vigilancia y administración de las políticas públicas en materia de movilidad y transporte e impulsar su modernización, procurando el cuidado y la preservación del medio ambiente, con apego a las políticas que en materia de control y prevención de la corrupción dicten los Gobiernos Federal y del Estado, para mejorar el bienestar de la población de Morelos”.