

En Morelos el mercado laboral, formado por las personas que están trabajando o buscando trabajo es menor a la media nacional. Sólo el 58% de la población en edad de trabajar (un millón 212 mil 401), es decir, 703 mil 192 personas integran la Población Económicamente activa, en el plano nacional la proporción es de 60.4%.
Probablemente por ello la tasa de desocupación en el estado sea también más baja que en el plano nacional 1.93% de las personas que buscan empleo no lo encuentran; contra el 3% en el resto del país.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ayudan un poco a entender la realidad de los trabajadores de Morelos, una que es de pobreza laboral pese a las largas jornadas de trabajo y en la que la brecha de género persiste con una amplitud enorme.
En Morelos, los trabajadores de tiempo completo ganan en promedio 7 mil 770 pesos al mes, pero como son pocos los trabajadores registrados en esta modalidad, el INEGI reportó que, para el tercer trimestre del 2024, el promedio de salario mensual en Morelos se ubicó en apenas 2 mil 570 pesos para los trabajadores formales y 2 mil 830 pesos para los informales. El estado es el quinto en el país que paga peor a sus trabajadores.
Aún más grave, el 1.3% de los trabajadores, más de 11 mil 500, tienen ingresos que se ubican por debajo de la línea de bienestar.
La brecha de género

Y es peor para las mujeres, aunque ya forman el 42% de la población económicamente activa. Los ingresos de ellas en general son 21.5% menores que los de los hombres haciendo labores similares; y el salario llega a ser hasta 34% inferior. También padecen de una informalidad mayor, que alcanza al 68.1% de las trabajadoras contra el 67.5% de los trabajadores.
En estas condiciones, las mujeres también son víctimas más frecuentes de la pobreza laboral, (población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral). En 2024 Morelos cerró con 48.7% de su fuerza de trabajo en condiciones de pobreza laboral, pero si me considera solo a las trabajadoras, el índice se eleva a 49.8%.
La breca de género existe en el terreno laboral, pese a que, en términos generales, las mujeres tienen un nivel de escolaridad más alto que los hombres en Morelos. El 9.11% de ellas tiene licenciatura contra el 8.84% de los hombres; igual pasa con los niveles de primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato tecnológico o normal básica. En cambio, en los niveles de posgrado, maestrías y doctorados, hay más hombres que mujeres, aunque el porcentaje de la población con ese nivel de estudios no supera el 2 por ciento.
Explotación laboral en largas jornadas

La Ley Federal del Trabajo establece la duración máxima de la jornada laboral en 8 horas diarias para la diurna, 7 para la nocturna y 7 y media para la jornada mixta, todas ellas con por lo menos un día de descanso a la semana. Esto implica que la máxima jornada semanal legal es de 48 horas a la semana.
Pero de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el 27% de los trabajadores en Morelos cubre jornadas de más de 48 horas semanales, es decir, excede el límite legal de contratación. Este porcentaje representa un aproximado de 239 mil 770 personas que cubren jornadas mayores.
La oferta de empleo en Morelos
Y tampoco es que haya muchas alternativas. Morelos es de los pocos estados que no ha recuperado el número de empleos formales que cerraron con la pandemia, así que la oferta de empleos de calidad es verdaderamente escasa. Aunque de enero del 2025 a la fecha se han creado más de dos mil 600 empleos formales, la cifra queda 4 mil 200 puestos debajo de los requeridos para atender la creciente demanda de colocación.
Si bien el Servicio Nacional del Empleo en Morelos ha reforzado su estrategia de colocación con mayor vinculación empresarial y una promoción más efectiva de la oferta laboral, lo cierto es que la meta de nueve mil colocaciones para este año sigue siendo menor a la demanda esperada en más de 12 mil empleos formales para el fin de año.
Otra opción parece estar en el autoempleo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Morelos (Icatmor) ha signado convenios de colaboración con 26 municipios para llevar capacitación -en la que incluye el desarrollo de planes de negocios-, y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo modificó sus políticas para asignar créditos semilla para el inicio de actividades de mujeres y jóvenes emprendedores en el estado.
Además, a finales de este abril, la secretaría presentó “Impulso al Bienestar Laboral”, una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión y vinculación de las personas que están en busca de un empleo. El proyecto incluye al gobierno estatal como enlace entre mil 300 personas en busca de empleo y los centros de trabajo de diversas regiones del estado.
Una relación laboral abusiva

En el 2023, las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local que publicó por última vez el INEGI reflejan que siete de cada mil trabajadores morelenses suscribieron convenios laborales perjudiciales; una cifra que equivaldría a unas seis mil 258 personas. Esa práctica es la relación laboral conflictiva más frecuente en Morelos de acuerdo con el estudio, y ubicó a Morelos como el decimoquinto estado en la práctica. La mayor parte de los convenios perjudiciales para los trabajadores tuvieron que ver con retiros voluntarios e indemnizaciones por terminación de la relación laboral.
En Morelos más de mil 220 personas demandaron conflictos de trabajo en el 2023, es decir, 1.4 de cada mil ocupadas; lo que ubicó al estado en el decimocuarto lugar en este apartado.
De los conflictos individuales de trabajo en Morelos, igual que en el resto del país, el más frecuente se da por despido injustificado con casi siete de cada diez asuntos. Los reclamos en este rubro incluyen los pagos de indemnización conforme a ley, días de descanso, aguinaldo, prima de antigüedad; en mucho menor medida se demandó la reinstalación, salarios retenidos y aumentos salariales.
Las muy pocas soluciones
Los conflictos laborales en Morelos tienen un índice muy bajo de solución. En contraste con los más de ocho mil asuntos ingresados a las juntas en el 2023, en el mismo periodo se resolvieron en las juntas locales poco más de 800, la mayoría de ellos eran asuntos rezagados por años. Uno de cada tres fue solucionado a través de convenios, pero uno de cada cinco se dio por el desistimiento del trabajador. De hecho, fueron más los asuntos que caducaron 15.9% que los resueltos con sentencias y laudos, 15.2%.
Gran parte del problema es el abandono que durante todo el sexenio de Cuauhtémoc Blanco se dio en la atención a los conflictos laborales. Incluso antes de la pandemia, las cuatro juntas de conciliación y arbitraje de Morelos fueron acumulando un rezago en expedientes que superó los 26 mil.
La atención al rezago
El cambio de gobierno significó una revisión profunda de los sistemas de conciliación y justicia laboral, que permitió de inicio la resolución de alrededor de cuatro mil expedientes. El 22 de febrero, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo, dio cuenta de un rezago que alcanzaba los 22 mil expedientes y advirtió que con las herramientas tecnológicas y humanas con que hoy cuenta el gobierno de Morelos tomaría cuatro décadas atender ese rezago.
La primera estrategia para enfrentar el rezago fue la conciliación de asuntos con muchos años de litigio. También empezaron a digitalizarse los expedientes laborales para acelerar los procesos de concertación entre las partes.
Entonces, el gobierno estatal informó que “como parte de los esfuerzos del gobierno estatal para modernizar y hacer más eficiente la procuración de justicia laboral, la Coordinación del Trabajo y Previsión Social (CTPS), por medio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (JLCyA), ha puesto en marcha estrategias para optimizar los procesos y mejorar la atención a los justiciables”.
Se trata de dar atención a 21 mil 970 casos en las juntas locales, más los que se van acumulando, para lo que se cuenta con la estrategia de atención.
Las oficinas de la Coordinación del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal fueron reubicadas, igual que las del Centro de Conciliación Laboral, para ofrecer espacios dignos y funcionales de atención al público.
Ana Samantha Davis Sánchez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, expuso que en los primeros seis meses de la nueva administración estatal se ha reducido considerablemente el rezago de expedientes.
«Nuestro compromiso es seguir disminuyendo el rezago y, al mismo tiempo, asegurar que todos los ciudadanos reciban un trato justo y accesible. Con estos avances, continuamos construyendo una administración más eficiente y humana», señaló.
Para favorecer la atención a los grupos vulnerables, desde enero se abrió una mesa de atención especial para personas adultas mayores y con discapacidad.
También se avanza en la profesionalización del equipo de trabajo en la Junta Local con la formación especializada de los actuarios, y posteriormente se incluirá al resto del personal jurídico, con el propósito de mejorar la capacidad operativa y elevar la calidad en la atención de los casos laborales.
