El fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, aseguró que las instituciones de combate a los delitos cometidos en la función pública no deben ser instrumentos de persecución política ni servir a los intereses de grupos de poder, por lo que es necesario concederles autonomía plena para que sirvan al pueblo.
En su mensaje al inaugurar la VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), Salazar Núñez, quien también es presidente de la Convención adelantó que en la reunión se tratan propuestas importantes para construir un nuevo marco jurídico en el combate a la corrupción, entre las que resulta central “homologar las fiscalías anticorrupción del país dotándolas de autonomía técnica, de gestión, presupuestal, de patrimonio, y personalidad jurídica propia, es una aspiración que además de otorgarles esa potestad autónoma, les daría independencia para poder ser eficaces en este combate al flagelo de la corrupción”.
Morelos es la sede de la cumbre en que este miércoles y jueves los titulares de las fiscalías anticorrupción de todo el país intercambiarán experiencias y propuestas para mejorar la gestión de las instituciones responsables de la investigación y sanción de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus cargos.
En el acto inaugural, Salazar Núñez insistió en la necesidad de “consolidar y construir un nuevo estadio en el combate a la corrupción, un marco jurídico en que las fiscalías anticorrupción sean para servir al pueblo no para servir a intereses políticos o por consigna, como sucede en algunos estados del país”.
En entrevista aparte, el fiscal Anticorrupción de Morelos trató temas sobre su gestión en Morelos. En ella confirmó la investigación que se sigue contra exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la que además de quien fuera su titular Omar “N” se indaga la participación de otros exfuncionarios que pudieran haber participado en una serie de ilícitos puestos al descubierto por cateos en bodegas particulares donde se encontraron apoyos para el campo que fueron indebidamente retenidos.
También refirió al caso de una diputada local del Partido del Trabajo que es investigada por una denuncia presentada por la extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública. El fiscal Anticorrupción de Morelos descartó que exista una persecución política en contra de la legisladora, pero advirtió que tampoco se permitirá la impunidad jurídica en el caso. Reconoció que las investigaciones sobre políticos causan molestia en los sujetos a indagatorias, aunque adelantó que, en caso de que no haya pruebas en contra de la diputada se determinaría el no ejercicio de la acción penal.
Incrementar sanciones no resolvería el problema de la corrupción: Javier Corral
Incrementar penas a funcionarios deshonestos no resolvería de raíz el problema de la corrupción, aseguró el senador, Javier Corral Arce, durante su intervención en la inauguración de la VII cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), en la que anunció una ley general para investigar y sancionar los delitos cometidos en la función pública.
Aseguró que debe combatirse la impunidad en casos de corrupción para que ésta no sea un incentivo para la proliferación de estos delitos; por lo que la ley que se propondrá, tendría como objetivo establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país; para lo que deberá homologarse a las fiscalías anticorrupción en principios, lineamientos, directrices y perfiles, y se les dotaría de plena autonomía, enfocada en la eficacia para investigar y sancionar la corrupción tanto a pequeña como a gran escala.
El senador abundó que la nueva ley no implicará “necesariamente aumentar las penas ni impulsar castigos más severos con el fin de ejercer un escarmiento social, ya que eso no resolvería la raíz del problema”; en cambio, “lo que se busca es brindar la certeza de que cualquier delito de corrupción sea sancionado sin importar quién lo cometa”.
Los fiscales anticorrupción presentes en la reunión de la Conafa recibieron durante el día un documento en que se destacan las características fundamentales de las nueva Ley General de Combate a la Corrupción que se impulsará desde el Senado de la República a través de su Comisión de Justicia, para que el proyecto sea trabajado en conjunto con los fiscales anticorrupción de todo el país.
La Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y Juan Zalazar, fiscal Anticorrupción del estado. Foto: Cortesía
