A cinco años del sismo del 19 de septiembre del 2017, por lo menos 2 mil 637 millones de pesos destinados a la reconstrucción en Morelos están en el limbo y existen evidencias documentales de posibles actos de corrupción en la operación de diversas autoridades involucradas en el proceso.
Concepción Peralta, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizó una investigación siguiendo la ruta del dinero público que se destinó en Morelos como parte de las medidas de atención luego del desastre natural:
A continuación, se exponen algunos de los principales hallazgos de esta organización civil que podrían poner al descubierto irregularidades y omisiones tanto de autoridades anteriores como actuales.
“Una diáspora de dinero perdido
“Morelos fue elegido para este ejercicio de fiscalización por el elevado número de irregularidades que presentó en la Cuenta Pública 2018. La ASF originó 75 pliegos de observación –que es la acción previa a la denuncia penal y significa un posible daño al erario– por 4 mil 256 millones de pesos y cinco solicitudes de aclaración por 2 mil 614 millones de pesos. La suma de dinero no aclarado equivale al 80 por ciento de las participaciones federales que recibió ese año.
“Un solo pliego de observación tiene recursos por 3 mil 474 millones de pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido de 42 dependencias, entre éstas, el Instituto de Educación Básicadel Estado de Morelos (mil 98 millones de pesos), el Congreso del Estado (427 millones de pesos) y el Instituto Morelense Electoral (252 millones de pesos).
“En 2018, Morelos tuvo un Presupuesto de Egresos de 22 mil 792 millones de pesos, recibió recursos extraordinarios para la reconstrucción por los daños del sismo y tuvo dinero adicional para la realización de sus elecciones estatales. Por otro lado, tenía daños económicos por 7 mil 322 millones de pesos: 15 mil 801 viviendas, mil 194 escuelas, 9 unidades de salud y 5 mil 141 unidades económicas dañadas, según El Programa Nacional de Reconstrucción, Diagnóstico 2021.
“Arturo Pérez, presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción en el Congreso de Morelos, desconoce cuánto dinero llegó al estado, cuántos recursos fueron desviados y cuántas familias aún necesitan vivienda. Se estima que se recibieron alrededor de 8 mil millones de pesos por un informe del Cenapred.
“Para conocer el origen y destino de los recursos destinados a la reconstrucción, MCCI revisó los documentos públicos de 2017 a 2019: cinco informes especiales, 15 auditorías y el Presupuesto de Egresos 2018, realizó 520 solicitudes de información. Pudo establecer que al estado llegaron 15 mil 884 millones de pesos, el doble del monto que maneja la clase política en el estado, a través de siete fuentes de dinero público.
“De estos, 2 mil 637 millones de pesos se fueron perdiendo como la arena y están clasificados como posible daño al erario: 568.2 millones de pesos detectados por la ASF, mil 325.6 millones de pesos observados por la ESAF, y 743.5 millones de pesos quedaron en el limbo porque no fueron auditados y se desconoce su destino.
“Con los recursos del Morebús, por ejemplo, se realizaron obras por 164 millones de pesos. MCCI pudo constatar que algunas de estas obras no existen, como la pavimentación de la calle Orquídeas y del callejón Benito Juárez, en las colonias Zapata y Vicente Guerrero, donde invirtieron 492 mil y 391 mil pesos. Ambas son de terracería y los vecinos nunca han sabido de un plan de pavimentación.
“Del Fonden, Morelos obtuvo 4 mil 401 millones de pesos en 2017 y mil 355 millones en 2018; y por recursos estatales mil 186 millones en 2017 y 123 millones en 2018.
Unidos Por Morelos, organismo creado por el gobernador Graco Ramírez en octubre de 2017, fue auditado por la ESAF, la cual revisó un universo de 410.084 millones de pesos en 2017 y 915.492 millones de pesos de 2018. Vía transparencia, la entidad informó que el total de los recursos fueron llevados a pliegos de observación ante la falta de documentación comprobatoria.
“En noviembre de 2017, el Congreso local autorizó al gobernador una deuda pública de 2 mil 100 millones de pesos. Este solo contrató mil 638 millones de pesos en tres préstamos: 368 millones con Banorte, en diciembre de 2017; y 1,071 de pesos y 199 millones de pesos en 2018 con Banobras, por estos dos dejó en garantía los recursos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC), convertidos a recursos públicos federales auditables. Al primer préstamo ninguna entidad lo fiscalizó, informó la Secretaría de Hacienda estatal.
“Del Morebús, el proyecto de transporte público cancelado, el gobierno estatal obtuvo 540 millones de pesos que redireccionó a ‘inversiones públicas productivas’. En el archivo del Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF 2017-2019), entregado por la Secretaría de Hacienda local, aparecen obras por 164 millones de pesos. En la pavimentación, banquetas e imagen de la calle principal de Jojutla, Constitución del 57, invirtieron 90.5 millones de pesos. Tampoco hubo auditorías a estos recursos y se desconoce el destino de los 376 millones de pesos restantes.
“El Presupuesto de Egresos 2018, Morelos tuvo recursos para un Fondo de Reconstrucción por 363.1 millones de pesos. La ASF emitió un pliego de observación por estos, sin aclarar la irregularidad. El fondo estatal incluyó además 111.9 millones de pesos provenientes del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal.
“Para 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el Programa Nacional de Reconstrucción y Morelos recibió 4,841 millones de pesos provenientes del Fonden, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), fundaciones, recursos propios, el PREF y seguros, según el Primer Informe del organismo.
“Si hallar el origen del dinero fue difícil, encontrar su destino y fiscalización resultó más complejo porque intervinieron muchos ejecutores del dinero y porque el diseño de rendición de cuentas de la ASF no ayuda.
“Usa un lenguaje técnico, ambiguo y poco accesible para la ciudadanía y emite dictámenes a nivel nacional, sin delimitar en qué entidad se cometieron las irregularidades, lo que impide conocer a los responsables.
“A Sedatu le detectó un posible desfalco por 37.7 millones de pesos por honorarios para verificar acciones de autoconstrucción de vivienda en cinco estados, sin pormenorizar monto por entidad. En 2020 publicó la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero a los recursos para la reconstrucción, informó de 32 auditorías a 39 dependencias que generaron 36 pliegos de observación por 275.5 millones de pesos, pero en 11 estados.
Con ambas auditorías, el Informe Especial Fonrec (2018) y las auditorías de Gasto Federalizado y de Cumplimiento Financiero de Morelos, MCCI pudo identificar 27 posiblesdesfalcos por 568.6 millones de pesos.
“Inexplicablemente, la ASF no procede a la acción inmediata como sería la denuncia ante el Ministerio Público para obligar a los responsables a rendir cuentas y resarcir el daño patrimonial. Desde hace tres años su estatus es “por recuperar o aclarar”.
“Con un pliego de observación que recuperara, el de mayor monto por 363 millones de pesos dirigido al gobierno de Morelos, se podrían construir 2,420 casas para Anastacio, los Tinoco y tantas familias damnificadas que siguen rogando por un techo que alivie su necesidad.”