Aideé Tassinari Azcuaga*
Hasta 2021, se habían concesionado para la extracción minera en el estado de Morelos 22,178 hectáreas (Geocomunes, 2022). Esperanza Silver de México, subsidiaria de la canadiense Alamos Gold, posee13,900 hectáreas, el 62.6% de todas las concesiones. La apropiación territorial de este consorcio minero se concentra en los municipios de Miacatlán y Temixco. En el primero tiene el lote gigantesco denominado Reducción Esperanza VI de 9,689 hectáreas que le fue concesionado en diciembre de 2017. El 55 por ciento de la superficie territorial del municipio de Miacatlán ha sido concesionada a esta minera. Dato que evidencia un despojo territorial de corte porfiriano.
En 25 años, los gobiernos federales, sin importar el partido del que provengan, han entregado millones de hectáreas de México a los consorcios mineros de Estados Unidos, Canadá y México. Destrozan montañas, selvas y bosques para extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo y venderlos en los mercados internacionales. Para gobiernos y mineras el territorio mexicano es una tierra “libre” de la que se enriquecen sin limitaciones.
En 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras a Tajo Abierto y organizaciones aliadas, frenaron el proyecto de Esperanza Silver al demostrar que las afectaciones ambientales serían devastadoras pues contaminaría ríos, que el volumen de agua que la minera utilizaría se llevaría la mitad del agua de Cuernavaca, que impediría las actividades agrícolas, que destrozaría la zona arqueológica de Xochicalco y que dañaría la salud de miles de personas. El estudio de impacto ambiental que entregó la minera fue cancelado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En aquel momento, quedó claro que una mina a cielo abierto afectaría al estado de Morelos, no solo a una región. (Ver ejatlas.org y el artículo de Téllez y Sánchez- Salazar).
Diez años después, Esperanza Silver reaparece con un disfraz de empresa responsable pero trae las dagas bajo el manto. Ahora habla de impulsar un Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable. Ha impulsado una alianza para el desarrollo local, ha dicho que trabaja en coordinación con los comuneros de San Agustín Tetlama en la elaboración del proyecto técnico de factibilidad y, aquí viene lo más peligroso, para entregar a SEMARNAT el estudio técnico justificativo para obtener el cambio de usos de suelo en terrenos forestales (El Universal, 27/10/2022). La subsidiaria de Alamos Gold se promueve como la institución que ha dado respuesta a las demandas sociales de esa comunidad y que su proyecto minero traerá desarrollo económico y social para Morelos.
Las mineras canadienses que llegaron a México hacia finales de siglo XX venían con una experiencia previa en el mal trato con comunidades indígenas en su propio territorio. Aparecieron con un discurso cuidadosamente trabajado junto con el Estado Canadiense, centrado en el desarrollo como crecimiento económico. Su discurso en relación con comunidades indígenas en México y el cuidado del medio ambiente ha sido copiado las autoridades mexicanas, desde la presidencia de la República, los funcionarios de la Secretaría de Economía y los gobiernos locales.
Esperanza Silver miente cuando afirma que habrá 8 mil empleos directos e indirectos en Morelos. Las minas a cielo abierto emplean, en muy pocos casos, cientos de trabajadores temporales y las proyecciones de que generarán empleos indirectos por servicios no se sustentan en estudios serios. Lo que sí ocurre es que son expertos en dividir comunidades.
La entrega de cubrebocas, jabón quirúrgico, apoyos funerarios, becas, talleres, la reparación de tanques de agua o los estudios optométricos no compensan la destrucción de las áreas naturales protegidas, la contaminación del agua con cianuro ni la pérdida de medios de vida de la población. No se puede entregar el presente y el futuro del Morelos a una empresa depredadora.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
