La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Congreso de Morelos llamar a comparecer a la gobernadora, Margarita González Saravia, para que explique en tribuna los motivos para no aceptar las recomendaciones 49/2023, 37/2023 y 195/2023. Por esta última también pide citar a comparecer al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
En la sesión ordinaria de este jueves, la LVI Legislatura dio cuenta de la recepción de los oficios remitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en que pide la comparecencia de los funcionarios electos a fin de que se explique la negativa a atender las recomendaciones citadas, todas ellas comparten por lo menos un mismo remitente, el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
La recomendación 49/2023
En el 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 49/2023 al entonces gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, derivada de su negativa a aceptar una recomendación previa “por la detención sin justificación jurídica y uso ilegítimo de la fuerza perpetrada por elementos de la policía adscritos a la CESPM, actos que violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la vida de la víctima”.
El asunto se originó en una queja de oficio, iniciada en febrero de 2017, “derivada de una nota periodística que informaba sobre la muerte de un hombre en las instalaciones del Mando Único en Cuernavaca, Morelos, luego de ser detenido por presunto robo. De manera extraoficial se conoció que la víctima llegó sin vida a las instalaciones policiacas, después de haber sido golpeada por elementos municipales, ingresado a una patrulla y trasladado a la dependencia de seguridad pública, ya inconsciente”. En el 2017, Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca.
Derivado de la investigación realizada por la comisión, se solicitó “al gobernador del estado de Morelos la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado a las personas agraviadas, instruya que se garantice a una víctima indirecta el acceso efectivo a la educación hasta el nivel medio superior y se le otorgue una beca o mecanismo similar, además de inscribir a las víctimas indirectas en los programas sociales públicos estatales que garanticen sus derechos como víctimas y se les proporcione atención psicológica y tanatológica”.
Solicitó también “dar asesoría jurídica a las personas agraviadas para que ejerzan sus derechos en los procedimientos administrativos y el proceso penal que se llevan a cabo. Además, se pide, previo consentimiento de las víctimas indirectas, que se les ofrezca una disculpa pública institucional, a cargo de una persona funcionaria de alto nivel jerárquico del Gobierno de Morelos y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la cual reconozcan las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas, y acepten la responsabilidad de los hechos”.
Finalmente, pidió al gobierno estatal “colaborar con la denuncia administrativa que este Organismo nacional realice ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno estatal, en contra de tres personas servidoras públicas adscritas a la CESPM, así como de una autoridad responsable de dicho gobierno para deslindar responsabilidades”.
La resolución fue impugnada por la administración de Cuauhtémoc Blanco, recurso que fue resuelto como improcedente por la Comisión el 9 de mayo de 2023. Sin embargo, el Ejecutivo estatal no admitió la recomendación.
Una negativa que vulnera el sistema de protección a los Derechos Humanos
En la Recomendación 37/2023 la CNDH refiere a la no aceptación de medidas recomendadas en el 2021 por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) por vulneraciones del Estado al derecho de un ciudadano a la propiedad de dos lotes en Cuernavaca.
“Con la no aceptación de la Recomendación, la autoridad a la que está dirigida no sólo desestima el trabajo de la CDHM, sino también el de la CNDH, ya que con su proceder vulnera el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, así como la garantía efectiva para reparar de manera integral el daño ocasionado a la víctima”, aseguró entonces la comisión nacional.
La recomendación fue dirigida al gobernador Cuauhtémoc Blanco y ratifica que “al menos seis personas servidoras públicas del gobierno de esa entidad (cuatro de ellas en la nómina del Ejecutivo estatal) vulneran el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, y al acceso a la justicia en plazo razonable, por no aceptar la Recomendación emitida el 30 de agosto de 2021 por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM)”.
La CNDH advirtió que “con la desatención de las autoridades señaladas como responsables al no ejercer sus atribuciones y no efectuar las acciones necesarias para la entrega de los lotes, se provocó la violación al derecho humano de acceso a la justicia que tiene la víctima, y al no cumplir en un plazo razonable la resolución emitida en su contra y no aceptar la Recomendación de la CDHM, la víctima permanece sin la posibilidad de que se le restituyan sus derechos. Este organismo autónomo considera que el acatamiento a una resolución de carácter jurisdiccional no puede estar supeditado a la voluntad de quien tenga que cumplirlo, ya que cuando no se cumplen y el plazo razonable es vulnerado, se continúa la afectación de derechos humanos, situación que debe ser reparada sin dilación”.
La 195/2023, una recomendación que va desde el gobernador hasta SAPAC
El 11 de febrero de 2020, una persona presentó queja ante la CDHM debido a que desde hace varios años había solicitado a las autoridades estatales y municipales la introducción de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado, para obtener el servicio de agua potable para los habitantes de la localidad donde habita. Entonces el Ayuntamiento de Cuernavaca estaba a cargo de Antonio Villalobos Adán cuya consejería jurídica determinó no aceptar la recomendación “en virtud de que si bien es cierto el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene dentro de sus atribuciones la prestación del servicio público consistente en la conservación y saneamiento del agua potable, también lo es dicha facultad exclusiva del organismo operador municipal”.
Los órganos de derechos humanos estatal y nacional demostraron jurídicamente que la dotación del servicio es obligación de SAPAC, pero también del Ayuntamiento de Cuernavaca, así que se recomendó realizar las acciones necesarias para, entre otras cosas, garantizar el derecho al agua potable de la localidad solicitante; diseñar, construir y habilitar la red hidráulica. Solicitudes que no fueron atendidas, por lo que se emitió una nueva recomendación que alcanzó al alcalde y al gobernador de Morelos.
En ella se demanda atender la demanda de servicio de agua de la comunidad, sin embargo, la falta de coordinación entre la administración de Cuauhtémoc Blanco y el Ayuntamiento de Cuernavaca impidió el cumplimiento y ambas instancias rechazaron la recomendación.
La petición de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos giró entonces oficios al Congreso de Morelos, en los que pide a la LVI Legislatura citar a comparecer a la gobernadora y al alcalde de Cuernavaca para explicar la negativa de atender las recomendaciones. Los oficios fueron turnados a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas que preside el diputado Luis Eduardo Pedrero del Partido Verde Ecologista, para darles cauce legal.