Carlos Quintero J.
La jueza especializada de control, Elvia Terán Peña, dictó un auto de no vinculación a proceso penal a favor de las excomisionadas del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo y Dora Ivonne Rosales Sotelo.
Tras deliberar durante varias horas, Elvia Terán resolvió que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) llevó a cabo una investigación deficiente, presentando únicamente un hecho manipulado con apariencia de delito para someter a proceso penal a las excomisionadas, sin contar con pruebas suficientes.
La denuncia presentada por el comisionado presidente del IMIPE, Marco Antonio Albear Sánchez, y el comisionado Roberto Yáñez Vázquez, más bien pareció un acto de venganza contra los exservidores públicos que ocuparon el cargo anteriormente.
Según la jueza, apenas existen datos de prueba suficientes en contra del excomisionado Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quien un empleado llamado Sergio Armando Salinas Leyva afirma que era su chofer y que recibía pagos del IMIPE. Sin embargo, la imputación resultó muy débil.
El hecho imputado a los exservidores públicos fue que el 31 de mayo de 2019, Mireya Arteaga y Víctor Manuel Díaz adquirieron de manera “indebida” dos vehículos que formaban parte del parque vehicular del Instituto Morelense.
Para respaldar esta afirmación, la Fiscalía Anticorrupción presentó el peritaje de Gabriela Mendoza Rodríguez, quien nunca vio dichos vehículos y solo emitió una opinión sobre su valor, sin conocer las condiciones en las que se encontraban.
La Fiscalía no profundizó ni presentó un dictamen técnico automotriz para determinar las condiciones reales de los vehículos que finalmente adquirieron los dos excomisionados. Según el dictamen de la empresa automotriz, su valor era de un peso, aunque los excomisionados los adquirieron por un valor de 20 mil pesos.
En cuanto a la comisionada Dora Ivonne Rosales, se le imputó el hecho de no haber hecho nada en su momento para evitar esta situación ni denunciar el hecho pero, según la jueza, no quedó claro el menoscabo o daño patrimonial que sufrió el IMIPE, ni se presentaron datos de prueba suficientes en su contra.
De esta manera, la jueza resolvió no vincular a proceso penal a Arteaga Dirzo y Rosales Sotelo, pero dictó una vinculación a proceso contra Díaz Vázquez por el delito de ejercicio abusivo de funciones y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.