Raymundo Espinoza Hernández se formó en las calles, no en los reflectores. Su trayectoria comenzó en comunidades donde los derechos existen solo en el papel, en territorios donde la justicia se disputa cada día entre el abandono institucional y la resistencia social. Desde sus primeros años como abogado eligió un camino alejado de los privilegios: acompañar a quienes difícilmente tienen voz en los tribunales y que, muchas veces, ni siquiera comprenden los mecanismos que deberían protegerlos.
Varios de esos acompañamientos legales los ha realizado en el estado de Morelos, en luchas donde la defensa de la tierra, los derechos humanos y la dignidad se han vuelto causa urgente y cotidiana.
Ray, como es llamado cariñosamente, nació el 22 de agosto de 1982 en Delicias, Chihuahua, aunque creció en la Ciudad de México, a donde regresaron sus padres poco después de su nacimiento. “Mi mamá se fue a vivir con mis abuelos a Chihuahua durante el embarazo. Pero mi familia es originaria de Viesca, Coahuila, y tras mi nacimiento volvimos a la ciudad”, relata.
Pasó sus primeros años en la colonia Hipódromo Condesa. Ahí vivió el terremoto de 1985, que marcó profundamente su infancia. “La casa quedó destruida entre dos edificios. Mi mamá nos sacó, y luego llegaron mis tíos que trabajaban en Pemex. Recuerdo los camellones abiertos, las banquetas partidas”, narra.
Después, su familia se estableció en Iztapalapa, donde cursó el kínder, la primaria y la secundaria. Su formación básica transcurrió en escuelas públicas, como la primaria Antonio Díaz Soto y Gama y la secundaria técnica Agustín Yáñez.
Despertar político y elección profesional
Más adelante estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde vivió de cerca la huelga universitaria de 1999. “Ahí fue donde comencé a entender con claridad qué quería hacer. Me marcó para siempre”, asegura.
Aunque al inicio pensó en estudiar Astrofísica o Economía, se decidió por el Derecho, motivado por su interés en los problemas sociales. “Fue un choque cultural muy fuerte. El Derecho está lleno de sesgos que ni los abogados notan, pero sabía que desde ahí podía incidir”, comenta.
En la UNAM comenzó a dar clases y a publicar desde joven. Fue profesor adjunto en Derecho constitucional y más tarde se integró al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) como asistente de investigación del doctor Oscar Correas Vázquez. “Trabajar con él fue una guía académica, pero también un ejemplo de compromiso político”, destaca. Desde ese espacio impulsó líneas de crítica jurídica y mantuvo una activa participación en foros nacionales e internacionales.
Además de su formación en la UNAM, estudió especialidades en Derecho Constitucional y de Amparo, y más adelante cursó el doctorado en la Universidad Panamericana. Su trabajo lo ha llevado a establecer redes de colaboración académica con colegas de América Latina y Europa. “Pensar colectivamente fue clave. Aprendí mucho en redes académicas y en diálogos más horizontales”, afirma.
Del ámbito internacional a la reflexión crítica
En paralelo, Ray tuvo la oportunidad de salir del país y colaborar como asesor en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza. Esa experiencia se combinó con su participación en seminarios organizados por universidades en Alemania. Tiempo después, realizó una colaboración similar en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, Uruguay.
Esa etapa, además de fortalecer su formación profesional, le permitió tener un panorama más amplio sobre los retos sociales y laborales que enfrentan diversas regiones del mundo. “Fue un periodo que me ayudó a comprender el impacto de las decisiones macroeconómicas en la vida cotidiana de las personas”, comenta Ray.
Regreso a México y nuevas rutas académicas
De vuelta en México, retomó sus estudios de posgrado en Derecho. Al concluir esta etapa, ya había iniciado una nueva licenciatura en Ciencia Política, carrera en la que se tituló por la UAM Iztapalapa. Más adelante, se inscribió en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos, aunque eventualmente optó por cambiarse a Filosofía, también en la UAM.
“Profesionalmente, ya no estaba tan involucrado en temas jurídicos”, recuerda. Sus intereses se habían desplazado hacia la teoría política y la filosofía, aunque una invitación inesperada volvió a acercarlo al derecho desde otra perspectiva.
Fue en un contexto académico, participando en círculos de estudio organizados por profesores de la Facultad de Economía y de la UAM Iztapalapa —donde se discutían textos como El capital de Marx y obras de otros pensadores marxistas— cuando conoció al doctor Jorge Beraza y al doctor Andrés Barrera. Este último, al saber que Ray era abogado, lo invitó a participar en un proceso que estaba por comenzar: la Sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos.
“Al principio no quería participar. En ese momento, esto fue en 2010, ya no deseaba involucrarme en aspectos prácticos del derecho. Me resultaba complicado incluso mantenerme en las cuestiones teóricas”, explica. Sin embargo, poco a poco se fue integrando a las reuniones preparatorias y se convenció de colaborar.
Durante cuatro años, trabajó en la documentación de violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos humanos en México derivadas del modelo neoliberal y los acuerdos de libre comercio. “Fue un proyecto muy interesante que además me permitió tener contacto con comunidades reales”, afirma.
Una nueva mirada del país desde las comunidades
Esa experiencia, señala Ray, le ofreció una comprensión más cercana de la realidad nacional: “Me permitió conocer el país desde otra perspectiva, a través de las luchas sociales en temas como derechos de la juventud, periodistas, trabajadores; violencia contra las mujeres; violaciones a derechos territoriales de comunidades indígenas; temas de soberanía alimentaria, migración y cuestiones ambientales”.
Durante esos años, se realizó un trabajo intenso de documentación de casos en todo el país, con amplia participación de organizaciones civiles y académicas. “Fue una experiencia profundamente formativa, porque me dio otra forma de entender el trabajo jurídico: no desde el escritorio, sino en diálogo con las comunidades”.
El derecho al servicio de las causas colectivas
En paralelo a su trabajo académico y su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Ray comenzó a involucrarse de lleno en procesos colectivos de defensa del territorio y del medio ambiente. Su participación en talleres de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de la Red en Defensa del Territorio marcó un giro definitivo en su trayectoria profesional.
“Ahí empecé a colaborar de manera cotidiana en numerosos casos”, relata. Al principio, su participación se centró en labores de documentación, pero con el tiempo asumió un papel más activo en la estrategia jurídica y en el litigio. Fue en esos espacios donde comenzó a desarrollar, junto a otras personas, prácticas de educación jurídica popular y justicia participativa, con el objetivo de que las propias comunidades contaran con herramientas para defenderse, incluso sin abogados.
“Varias de esas luchas fueron muy importantes en su momento y hoy la gente las recuerda porque afortunadamente salieron bien”, explica. Algunos casos emblemáticos fueron el del gasoducto Tuxpan–Tula, en la Sierra Norte de Puebla, y el de las comunidades mayas en Bacalar, Quintana Roo, donde se lograron resoluciones judiciales contra la siembra de soya transgénica promovida por Monsanto.
Una práctica jurídica desde abajo
Este trabajo territorial también representó un momento de reconciliación personal. “Ahí fue donde aprendí derecho agrario, derecho indígena, derecho ambiental. Y fue también cuando logré reconciliarme con mi historia como abogado”, comparte. Hasta entonces, no se sentía identificado con la tradición jurídica de su familia, pero al poner su conocimiento al servicio de causas sociales concretas, redimensionó su papel profesional.
Por casi una década, Ray recorrió distintas regiones del país trabajando junto a comunidades afectadas por megaproyectos, políticas extractivas o decisiones gubernamentales que ponían en riesgo su salud, sus tierras o su forma de vida. En ese proceso, se consolidó una práctica legal centrada en la autonomía de los pueblos y en el fortalecimiento organizativo.
“Vi que era lo que mi intuición y mi corazón me decían que debía hacer. La gente tenía muchas necesidades, no tenía abogados y enfrentaba casos muy difíciles”, señala. Desde los primeros talleres —como el que recuerda en el Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI), detrás de la Basílica— hasta hoy, se ha mantenido firme en su compromiso con esas luchas y con quienes las encabezan.
“Se necesitaban abogados técnicamente competentes, con claridad política y profundo compromiso social. Yo sabía que podía hacerlo y sentía que era necesario”, concluye. Así fue como Ray, como le dicen en confianza muchas de las personas con las que ha trabajado, construyó una forma distinta de ejercer el derecho: lejos de los tribunales tradicionales, cerca de la gente.
Morelos: donde comenzó el litigio comunitario
Entre los caminos que lo llevaron a recorrer diversas geografías del país, Morelos marcó un punto de inflexión. Fue ahí donde comenzaron sus primeros litigios territoriales, más allá de la asesoría externa. Ray recuerda con claridad los vínculos que se tejieron en aquellos años.
“Algunos de los compañeros que se integraron al proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos provenían de colectivos de Morelos”, comparte. Uno de los primeros casos que atendió directamente fue el de la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla, en Tepoztlán.
El conflicto fue complejo y prolongado. La comunidad, dice, le brindó una recepción generosa, que le permitió involucrarse desde el principio. “Fue una lucha en la que estuvimos cerca de tres años. Después se sumaron otros grupos y abogados, pero nosotros acompañamos desde el inicio.” Aquella experiencia le confirmó la necesidad de construir estrategias jurídicas desde abajo, en diálogo con la comunidad.
Basureros, agua y comunidades en resistencia
Poco después llegó otro caso: el del basurero de Alpuyeca. Fue una lucha marcada por la afectación directa a la salud y a la calidad de vida de la población. “Era un sitio que se impuso bajo diferentes presiones. Se tuvo que tomar la decisión de qué comunidad sacrificar. Desafortunadamente, se decidió sacrificar Alpuyeca”, recuerda.
Ese proceso le permitió observar de cerca las consecuencias de una gestión inadecuada de los residuos y las tensiones que generan decisiones gubernamentales impuestas sin consulta ni evaluación comunitaria.
Además de estos dos casos, brindó asesoría constante a procesos que surgían en Cuernavaca, Cuautla y otros municipios. “Muchos tenían que ver con el agua, con la forma en que se gestiona, se privatiza, se controla. Varios de esos conflictos siguen vivos.”
Morelos fue, sin duda, el punto de partida de una forma distinta de ejercer el derecho: no desde el escritorio, sino desde el territorio. “Desde ahí comencé a involucrarme en litigios de defensa territorial. Fue el inicio de todo.”
Aprender con la comunidad: la experiencia en Morelos
Fue en Morelos donde Raymundo Espinoza Hernández encontró su primer campo de formación práctica en el litigio comunitario. En ese terreno, sin modelos previos ni manuales establecidos, comenzó a construir una forma distinta de ejercer el derecho: desde el territorio, con la gente y para la gente.
“Fue una experiencia muy formativa, porque no había ejemplos previos; nadie me dijo cómo debía hacerse, y la gente tampoco lo sabía. Hacíamos lo que entendíamos que había que hacer”, recuerda.
Lo que encontró en ese proceso fue mucho más que una serie de litigios ambientales. Fue una lección de organización colectiva, de aprendizaje mutuo, de escucha activa y de respeto a la toma de decisiones comunitaria. “Comprendí el valor de las asambleas. La asamblea fue fundamental, porque es una forma que tienen las comunidades de organizarse, privilegiando el diálogo y la construcción de consensos en contextos muy complejos”, explica.
Esa etapa también le dejó en claro el papel que debía asumir: “El abogado no es el protagonista. Las protagonistas son las personas de las comunidades, quienes intentan tomar conciencia, organizarse y resistir frente a proyectos que muchas veces se imponen de manera atropellada”.
En Morelos también nacieron amistades profundas. “Se generaron vínculos muy fuertes, amistades importantes que son fundamentales para que las luchas sean sustentables. Aquí no estaba en juego el dinero, sino los principios, las convicciones y la necesidad de defender los territorios”.
Una nueva etapa: por un Poder Judicial democrático
Años después, su camino lo llevó a otro terreno igualmente complejo: el de las instituciones. Tras colaborar en la administración pública federal como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), se enfrentó a temas de corrupción, así como al reto de extinguir más de 90 fideicomisos operados por el organismo.
Participó en la elaboración de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con el objetivo de recuperar el sentido público y social del conocimiento. “No es lo mismo estar del lado de los movimientos sociales que desde las instituciones”, señala. La experiencia, sin embargo, lo fortaleció.
Al término de ese ciclo, tomó una decisión que marcaría otro giro: participar en el proceso de selección para la renovación del Poder Judicial de la Federación. Se registró como aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Pasé todos los filtros: el documental, el de idoneidad y, finalmente, fui seleccionado por sorteo”.
Hoy, forma parte de un proceso inédito a nivel mundial. “Nunca antes se había llevado a cabo una elección de este tipo para integrantes del poder judicial. Es una experiencia completamente nueva, que se va construyendo día a día, porque no hay un camino ya hecho”.
En medio de controversias, resistencias e intereses enfrentados, Raymundo Espinoza Hernández avanza con claridad: “Lo importante es que este proceso ha sido impulsado por sectores académicos, sociales e institucionales que buscan democratizar las estructuras públicas. Ese es el fondo del debate”.
Del territorio al proceso electoral: una nueva experiencia
Tras años de trabajo en comunidades, instituciones y en la defensa de derechos colectivos, Raymundo Espinoza Hernández enfrenta un nuevo reto: ser parte de un proceso inédito para renovar el Poder Judicial de la Federación. Ahora, en plena etapa de campañas, se adentra en un terreno que le resulta completamente nuevo.
“Para mí es algo totalmente novedoso. Nunca quise participar directamente en una campaña, aunque apoyé en muchos momentos al proceso de transformación del país junto al presidente López Obrador y a Morena. Nunca imaginé estar en esta posición, y ahora estoy viviendo esta experiencia con el objetivo de contribuir a la transformación y recuperación social del Poder Judicial”, comparte.
La experiencia, reconoce, ha estado llena de aprendizajes. Enfrenta desafíos complejos, tanto técnicos como políticos. Uno de los principales ha sido navegar en un proceso electoral sin precedentes.
Una elección extraordinaria
El diseño del proceso presenta reglas distintas a las de cualquier otra elección: no participan partidos políticos, no hay financiamiento público ni privado y muchas de las disposiciones se han definido sobre la marcha. “Familiarizarse con este modelo es un primer reto. Incluso las boletas son diferentes, y la ciudadanía aún no está familiarizada con este formato. Es fundamental que se acerquen a él para que eso no desincentive el voto”, advierte.
La elección no solo implica elegir nuevos perfiles para integrar el Poder Judicial. También exige una comprensión más profunda del propio sistema judicial y de las funciones que cumplen las y los jueces, magistrados y ministros. “La gente necesita saber qué hace el Poder Judicial, cuáles son los cargos en disputa y quiénes son las personas que aspiran a ocuparlos. No es tarea fácil”, dice.
El proceso para la Suprema Corte ilustra esta complejidad: hay 64 aspirantes —31 hombres y 33 mujeres— que compiten por nueve lugares. “Es necesario no solo saber qué es la Suprema Corte, sino también conocer a las y los candidatos para ejercer un voto informado”, señala.
Resistencia y convicciones democráticas
A lo largo del camino, se han presentado críticas y resistencias. “Ha habido escepticismo, oposición de distintos sectores —incluidos algunos académicos— y trabas institucionales. Pero poco a poco todo eso se ha ido superando. Al final, lo que está sacando adelante la reforma judicial es el ímpetu y las convicciones democráticas del pueblo de México”.
Para Raymundo Espinoza Hernández, este momento representa la posibilidad de contribuir, desde una nueva trinchera, al fortalecimiento de la justicia. Un paso más en un camino que comenzó lejos de los reflectores, en el diálogo con las comunidades, y que hoy lo coloca en una coyuntura decisiva para el país.
“Hay que votar con conciencia, no con simpatía”: Ray Espinosa, candidato a la Corte
Con una trayectoria forjada desde la defensa de derechos humanos, Ray Espinosa Hernández busca ser uno de los primeros ministros electos por voto popular en la historia del país. Desde su experiencia, advierte sobre los riesgos de normalizar perfiles inadecuados y la urgencia de hacer de esta elección un ejercicio de formación ciudadana.
Ray Espinosa Hernández habla sin rodeos. Sabe que no basta con que su nombre aparezca en la boleta morada con el número 42, junto a otros 30 aspirantes. Tiene claro que lo más importante es que la ciudadanía entienda el proceso, conozca a las y los candidatos, y vote con información. “El INE habilitó una plataforma llamada Conóceles, donde se pueden consultar los perfiles, pero no es suficiente. Falta pertinencia cultural, claridad y pedagogía”, señala.
Para él, el mayor peligro es que lleguen a los cargos personas sin el perfil adecuado. Y lo ejemplifica con un caso que conoce de cerca: “Aquí en Morelos hay una pareja de políticos —esposos entre sí— que han sido diputados, candidatos, funcionarios. Ahora quieren ser magistrados. No tienen el perfil, pero sí una base social construida en sus partidos. Eso podría darles votos, aunque no tengan la idoneidad”.
En su visión, la única manera de evitar que candidaturas inadecuadas se legitimen por la vía democrática es que la ciudadanía conozca a profundidad quiénes son las y los aspirantes. “No se trata solo de cómo se promueven, sino de revisar qué han hecho, cómo se han conducido, incluso en la vida privada si es relevante. Hay que ventilar todo lo disponible”, afirma.
La elección de ministras y ministros para la Suprema Corte, explica, es inédita y compleja. Por eso cree que las campañas deberían dejar de centrarse en la empatía superficial y convertirse en espacios de formación. “Se requiere alfabetización jurídica y política. El proceso es nuevo, y muchas personas no saben cómo participar”.
Una boleta compleja y una ciudadanía desinformada
Espinosa Hernández será el número 42 en la boleta morada, correspondiente a la elección de ministros. Competirá junto con otros 30 hombres por uno de los cuatro espacios en disputa. Reconoce que muchas personas no saben ni siquiera que habrá esta elección. “La responsabilidad principal de difundir, explicar y acercar a la ciudadanía a esta reforma, en este momento electoral, es del INE”, dice. Pero también señala que el propio INE tiene capacidades limitadas y ha impuesto restricciones para que otras instancias informen, lo que complica aún más la comprensión del proceso.
Frente a ello, propone un enfoque distinto: “Las campañas deberían funcionar como espacios de alfabetización, de información y de formación para que la gente se apropie del proceso. Esa es la única manera de vencer tanto el abstencionismo como el gran desconocimiento que hay sobre el tema”.
Reconoce el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral al implementar un simulador de voto que permite practicar y familiarizarse con el proceso. Sin embargo, considera que es insuficiente: “El tiempo es corto y no veo cómo el INE pueda solventar toda la necesidad de información y capacitación”.
Sobre irregularidades, niega haber visto compra de votos, pero admite que ha observado acciones que podrían violar las normas del proceso. También cuestiona que algunas personas aspirantes no hayan renunciado a sus cargos públicos y sigan usándolos para ganar visibilidad. “No lo creo correcto. Éticamente no lo es y legalmente, seguramente, tampoco está permitido. En mi caso, renuncié porque estoy convencido de que eso era lo que correspondía”.
Para él, este proceso representa una oportunidad para transformar de fondo el sistema judicial, pero para lograrlo, insiste, es indispensable que la ciudadanía se involucre de forma activa. “Yo creo que todas y todos debemos participar de manera propositiva para que la implementación de la reforma y la elección sean lo más exitosas posibles, por el bien del país. Eso implica que cada quien, desde su trinchera —la academia, los medios, la ciudadanía—, se involucre de manera consciente, reflexiva y activa en el proceso”.
Con voz firme, cierra: “Sí, sería muy negativo que perfiles no adecuados, o con otro tipo de arraigo, lleguen con legitimidad democrática a ocupar cargos tan relevantes como los de impartición de justicia. Al final de cuentas, se trata de servir al pueblo de México. Y eso está en riesgo si no se vota, o si se vota de manera no consciente”.