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El estrecho acercamiento que mantienen las autoridades encargadas de la seguridad pública con presidentes municipales, tanto electos como en funciones, permite generar análisis sobre situaciones de riesgo que pudieran presentarse y, con base en ello se definen estrategias efectivas para brindarles protección, según refirió el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia.

Confirmó que, hasta el momento, únicamente el actual alcalde de Emiliano Zapata, Sergio Alva Esquivel requirió el regreso de dos elementos estatales para su custodia, mismos que se le habían retirado; el jefe policiaco no puntualizó si el edil corre algún riesgo o derivado de qué habría solicitado la reincorporación de los policías a su equipo de resguardo.

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Otro caso es el del alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, a quien le fueron designados efectivos estatales, en un seguimiento al reciente proceso electoral celebrado en dicho municipio y al tenerse antecedentes de violencia en elecciones pasadas.

Miguel Ángel Urrutia explicó que la intención es eliminar las designaciones de policías al resguardo de funcionarios, por lo que se aplica un previo estudio sobre situaciones que pudieran enfrentar y que se justifique el riesgo que podrían correr ante un atentado.

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La intención de la Secretaría de Seguridad es retirar escoltas a altos funcionarios y retornar a los efectivos a tareas de prevención y atención de los delitos.

«Se debe quitar ya esa política de que los funcionarios deben traer escoltas; se trata de elementos policiacos que deben regresarse a cumplir con la labor principal que es la de cuidar a los ciudadanos, deben regresar a los patrullajes y todo lo enfocado a la seguridad pública», refirió.

En entrevista posterior a la rueda de prensa que ofreció junto a la gobernadora, Margarita González Saravia, Urrutia Lozano detalló que son alrededor de 150 elementos que fueron asignados en la pasada administración como servicio de escolta de altos funcionarios, tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

«Estamos revisando a detalle cuántos elementos tuvieron estas asignaciones, no solo en el gobierno estatal pasado, sino también por parte de los anteriores diputados; la actual legislatura está actuando de manera congruente, coinciden con las acciones emprendidas por la gobernadora y se busca eliminar este tipo de privilegios que se dieron los anteriores funcionarios», concluyó el secretario de seguridad.

En otro tema, Urrutia Lozano, informó que en el Centro Estatal de Reinserción Social «Morelos», ubicado en Atlachaloaya, municipio de Xochitepec, iniciaron una campaña de información sobre denuncias para erradicar los actos de corrupción al interior del penal; y se regularizaron los ingresos de familiares de Personas Privadas de la Libertad en días de visita.

Además, dio a conocer la detención de una persona que presuntamente forma parte de un grupo dedicado al allanamiento de morada y robo de autopartes en la periferia del lago de Tequesquitengo, por lo que hizo un llamado a la población a denunciar los hechos ilícitos.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia. Foto: Especial

Angélica Estrada