En 2019, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión, impulsó una reforma de diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que tuvo como objetivo principal actuar contra el delito de feminicidio; dicha ley hoy busca homologarse en el estado de Morelos.
Daniel Martínez Terrazas, presidente de la Junta Política y de Gobierno refirió que es urgente la homologación, derivado del aumento de los feminicidios en la entidad.
Señaló que desde el Congreso local ya se dio la primera acción para abonar al combate de este delito, esto ocurrió tras la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se permitió la creación de una Secretaría que dará atención específica a las problemáticas que enfrenta el sector femenino.
No obstante, se requieren acciones adicionales, tales como recuperar el Estado de Derecho, esto mediante la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía del Estado, “en conjunto, estas tres instituciones deben atender el delito para ver un verdadero combate; serían acciones preventivas, de integraciones de carpetas y dictar sanciones lo que abarcaría, dando como resultado justicia y disminución de los casos; este trabajo, precisamente lo dicta la ley federal”, explicó.
El legislador lamentó los casos que han ocurrido durante los últimos seis años, donde las agresiones contra las mujeres no han cesado y el feminicidio, específicamente, aumentó un 50 por ciento.
Actualmente, Morelos ocupa el primer lugar a nivel nacional por el delito de feminicidios; el 2023 fue el año con más feminicidios reconocidos por las autoridades en la historia de la entidad, el registro del (SESNSP) ubicó en 41 los reconocidos como tal hasta noviembre de ese año.
A dos meses de que concluya el 2024, tanto Divulvadoras como el Instituto de la Mujer, reconocen más de 90 feminicidios, lo que coloca a Morelos por encima de la media nacional (0.77), al registrar 3.78 casos por cada cien mil habitantes y en promedio serían 10 casos mensuales; con ello se supera a estados como Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León.