Tras las modificaciones que realizaron los diputados para la aprobación del paquete económico 2023, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que revisará que no haya inconsistencias, de lo contrario, “probablemente” se va a vetar la decisión tomada por el Poder Legislativo.
Luego de que los diputados aseguraron que fueron eliminadas las libres transferencias, ya que podían ser movidas con total discrecionalidad y opacidad por la administración del ex futbolista, sin tener que pedir autorización de nadie, el Ejecutivo, quien primero inició una “guerra de declaraciones” contra el edil de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, ahora se va contra los legisladores, al asegurar que si no “va de acuerdo con nosotros, lo podemos vetar”.
El pasado miércoles 26 de octubre, en una sesión nocturna a puerta cerrada y a modo de “fast track”, los diputados aprobaron el presupuesto del próximo año, del cual anunciaron en rueda de prensa, fueron eliminadas las libres transferencias, ya que podían ser movidas con total discrecionalidad y opacidad por el Poder Ejecutivo, sin que nadie tuviera derecho a cuestionarlo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Agustín Alonso Gutiérrez, explicó que el Paquete Económico 2023 es por la cantidad de 34 mil 212 millones de pesos, de los cuales 17 mil 981 millones, es decir, prácticamente la mitad, son de libre disposición, por lo que fueron eliminadas en la sesión del pasado miércoles.
“Por poner un ejemplo, a la Secretaría de Salud y a la de Educación le quitaron recursos a su antojo y le asignaron a la Oficina de la Gubernatura más de 130 adicionales a lo presupuestado”, detalló en rueda de prensa Alonso Gutiérrez.
Se eliminó también la cláusula de libre transferencia de recursos y se reasignaron alrededor de 600 millones de pesos, apenas un 3% del proyecto gubernamental, ya que de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, le corresponde al Congreso asignar el presupuesto.
El legislador comentó que en el caso de los municipios, se reformó el artículo 6 de la Ley de Coordinación Hacendaria para aumentar las participaciones a los 36 municipios, ya que del 20% pasó al 22% para fortalecerlos, por lo que se asignaron más de 280 millones adicionales, los cuales fueron distribuidos de forma equitativa.
