Por resolverse denuncias presentadas hace cuatro años contra excolaboradores de primer nivel de la pasada administración.
El secretario del Poder Ejecutivo, Samuel Sotelo Salgado, dio a conocer que se suman más carpetas de investigación relacionadas a la secretaría de Obras Públicas durante la pasada administración, por lo que será el Poder Judicial el que determine si hay elementos o no para proceder.
Pese a que ha habido algunas críticas por la presunta “cacería de brujas”, el funcionario explicó que el Poder Ejecutivo lo único que ha hecho es presentar las denuncias, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga y es el Poder Judicial el que determina si los demandados son culpables o no, luego de que el lunes se dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción logró prisión preventiva contra Sergio “N” exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra de Morelos, vinculado a proceso por el delito de Incumplimiento de Funciones Públicas.
“Después de cuatro años las denuncias se están resolviendo. Tenemos muchas aún en proceso, pero aún hay otros temas relacionados con funcionarios de primer nivel de la administración pasada. También hay otras denuncias contra el ex gobernador, Graco Ramírez, las tiene la Fiscalía”, expresó.
El entrevistado aseguró que compete al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes en cada una de las denuncias presentadas, ya que se han presentado los elementos necesarios para ratificar el delito.
“Nosotros consideramos que sí hemos presentado los elementos y aportes necesarios. Será una valoración que tendrá que hacer el ministerio público”, abundó.
Cómo se recordará, el 12 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Sergio “N”, José Gonzalo “N” exdirector general de Licitaciones y Obra Pública y Lucero “N” exdirectora general de Obras Públicas, debido a que en 2017 presuntamente autorizaron la adjudicación directa de la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, por más de 98 millones de pesos.
En mayo de 2017 como parte del Comité de Obra Pública, los antes mencionados aprobaron la adjudicación directa del museo a la empresa Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración S. A. de C. V., pese a que la Ley de Obras Públicas vigente en ese momento establecía que las adjudicaciones directas no debían rebasar los dos y medio millones de pesos, por lo que debió realizarse una licitación pública, y es por ello, que los imputados presuntamente incurrieron en incumplimiento de sus funciones derivadas del encargo que tenían. Por ello, este día, todos fueron vinculados a proceso.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
