H. Alexander Mejía García*
La cultura política de la imposición se ha vivido en Morelos prácticamente desde su origen como Estado en 1869. A lo largo de su historia, sus gobernantes han sido designados por las estructuras del Estado para controlar la región al sur de la capital del país. Son contadas las ocasiones en que Morelos ha vivido plenamente en democracia. Desde Pedro Sainz de Baranda, primer Gobernador Provisional, hasta la actualidad todos y cada uno de los gobernadores de Morelos fueron impuestos por el poder central, llámese caudillo o partido en el poder. Raras veces el pueblo de Morelos ha jugado un papel activo, más allá de legitimar un personaje mediante comicios.
La excepción a esta regla fue quizás durante la Revolución Mexicana durante los años de 1914 a 1916 que Adolfo Gilly denominó como la Comuna de Morelos en que los pueblos recuperaron la autonomía que por siglos les fue arrebatada. En 1916, Emiliano Zapata promulgó el Decreto de Libertades Municipales en el que se establecía claramente una democracia participativa, en donde los ciudadanos podían destituir a sus gobernantes si la mayoría de los habitantes así lo decidían. Por primera vez en la historia del México contemporáneo la democracia directa se convirtió en realidad.
Sin embargo, este tipo de democracia popular no fue bien vista por los otros, aquellos que aun guardaban lazos importantes con la oligarquía nacional y extranjera. El experimento zapatista de poder popular debía ser eliminado del mapa político mexicano, no es de extrañar las campañas de exterminio por parte del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza contra los pueblos de Morelos en el sangriento 1916 mismo que continuó hasta 1919 con el asesinato de Emiliano Zapata.
Cabe aclarar que al Estado de Morelos se le suspendieron sus garantías como entidad en 1911 y las recuperó sólo hasta 1930. Recuperada la soberanía, el grupo triunfante de la Revolución, los sonorenses crearon un nuevo orden político, social y económico en el Estado, todo aquel que estuviera alineado con ellos podía aspirar a formar parte de la reconstrucción. Así los nuevos políticos afines a los intereses del grupo sonorense comenzaron a ocupar cargos públicos a lo largo del país, Morelos no fue la excepción.
El periodo posrevolucionario en el resto de México, así como en Morelos se caracterizó por el establecimiento de un régimen político con instituciones, procesos electorales y reglas propias de un sistema democrático. En la práctica era un sistema de democracia autoritaria en el que las decisiones en materia electoral eran tomadas por el presidente y aceptadas por el partido. Las elecciones eran el acto de legitimación de acuerdos ya tomados. Pero hay que señalar que ni todo fue tan malo, ni todo fue tan bueno, hubo gobernantes que, a pesar de ser impuestos, llevaron con sus claroscuros gestiones aceptables.
Con la caída del régimen del partido único, todo podría indicar que finalmente la política de imposición de gobernantes en Morelos había llegado a su fin. Sin embargo, esto no fue así. La imposición de candidatos dejó de ser una decisión que correspondía únicamente al presidente, esta se trasladó a los líderes partidistas quienes alejados de la realidad social que viven los morelenses han elegido a personajes que lejos de ser los más indicados, son los que les aseguran ganar frente a la oposición, algunos sin siquiera ser de Morelos, aunque después hagan desplegados arguyendo que se equivocaron en su selección de candidatos y mientras tanto a los morelenses nos toca padecer las consecuencias de sus actos. Y del otro lado los políticos locales que están más interesados en mantener y heredar sus cacicazgos y de la política estatal que se encarguen los de siempre, los de allá arriba. La política sistémica de evitar que en Morelos se haga política seria es real, de nosotros depende incidir para que esas prácticas lleguen a su fin y podamos vivir en democracia.
* Historiador