La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó, el 19 de diciembre de 2011, la resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, cuya finalidad fue y sigue siendo promover la igualdad de género desde temprana edad, así como visibilizar la situación de discriminación y violencia de muchas niñas y jóvenes a nivel mundial. En 2023 el lema es “Invertir en los derechos de las niñas: nuestro liderazgo, nuestro bienestar” y es una ocasión propicia para formular algunas reflexiones en relación con esta temática.
Las niñas y las adolescentes poseen una enorme capacidad transformadora que genera impactos positivos en su desarrollo personal, así como en el de sus familias y comunidades, los cuales contribuyen al progreso de las sociedades en su conjunto. Los valores, conocimientos, habilidades y experiencias que adquieran durante la niñez las habilitan para, progresivamente, tomar decisiones autónomas encaminadas a emprender y consolidar todos sus proyectos de autorrealización en condiciones de igualdad respecto a los demás sectores de la población.
Para propiciar que niñas y adolescentes desplieguen su máximo potencial, es indispensable que el Estado y los sectores social y privado, respeten, promuevan, protejan y garanticen el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos, teniendo siempre como base de su actuación el interés superior de la niñez y adolescencia e incorporar un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas, de acuerdo a su edad, el área geográfica en que residen, los roles de género que imperan en su comunidad, así como su condición de salud o socioeconómica de sus familias.
En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales en la materia, marcan un hito en la evolución de los derechos de las personas menores de edad al reconocerlas como titulares de derechos. De ese reconocimiento se derivan obligaciones de protección especial a cargo de las autoridades, de las personas responsables de su cuidado y de la sociedad en general. No obstante, el cumplimiento de esas normas enfrenta múltiples retos de importante complejidad.
Las niñas y adolescentes, por lo general, se desenvuelven en contextos en los que aún prevalecen la desigualdad y los estereotipos de género que limitan su desarrollo integral. La Observación General número 20 del Comité de los Derechos del Niño señala que, en muchos países, las niñas y adolescentes registran niveles más bajos en los índices de salud y satisfacción vital que los niños, brecha que aumenta gradualmente con la edad. De igual forma, indica que ciertas normas culturales pueden colocarlas, de forma negativa, en una condición de inferioridad y vulnerabilidad, circunstancia que incrementa las posibilidades de confinamiento en el hogar; falta de acceso a la educación secundaria y media superior; escasas oportunidades de esparcimiento, deporte, recreación y generación de ingresos; limitaciones en el acceso al arte y la vida cultural o que se les responsabilice del cuidado de sus hermanas y hermanos.
Las desigualdades de género, afirma el Comité, se hacen más evidentes durante la adolescencia, de forma que los estereotipos, la inequidad y la discriminación contra niñas y adolescentes redunda en violaciones a sus derechos tales como el matrimonio forzado, el embarazo a temprana edad, la mutilación genital femenina, la violencia física, mental y sexual por razón de género; la servidumbre o la explotación y trata de personas, las cuales, en numerosos casos, han finalizado en privación de la vida.
La violencia en las redes sociales amerita la intervención urgente de las autoridades, pues el marco jurídico y las acciones de prevención encaminadas a su protección son aún insuficientes para frenar conductas que van desde el acoso escolar hasta la explotación sexual, e incluso la pornografía. La lucha contra la violencia hacia niñas y adolescentes implica el involucramiento de familias, instancias de gobierno y del estado, instituciones educativas, asociaciones religiosas, comunidades indígenas y sociedad en general, en nuestros respectivos ámbitos de competencia, con un simple pero ambicioso objetivo de erradicar cualquier forma de violencia e impedir que el miedo no limite su libertad ni condicione las decisiones que tomen sobre su proyecto de vida.
Otro tema de atención prioritaria es el creciente número de embarazos de niñas y adolescentes a temprana edad; México ocupa el primer lugar de los países de la OCDE de madres menores de edad. Se trata de un problema derivado de factores como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y estigmatización, entre otros, que vulneran su desarrollo y plan de vida, siendo urgente su prevención.
La desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y para su erradicación es necesario sensibilizar e involucrar a niños y jóvenes en las acciones tendentes al cumplimiento de los derechos de las niñas y las adolescentes, a través de la educación en y para los derechos humanos; la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica; optar por técnicas de crianza positivas libres de violencia y con perspectiva de género, y la promoción de las masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarios respecto a la situación del género femenino.
El trabajo transversal entre las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, permitirá generar un México más incluyente e igualitario, donde las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan sentirse libres y seguras de luchar por sus objetivos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos