Saúl Roque Morales, representante del Consejo de Pueblos en Morelos, informó que iniciaron las asambleas en las comunidades para supervisar que los aspirantes a cargos de elección popular por la representatividad indígena sean nativos de los pueblos y con ello evitar la usurpación que se ha presentado en procesos electorales anteriores.
Aclaró que los únicos facultados para expedir constancias de oriundez son las asambleas comunitarias y no las autoridades auxiliares de los municipios, como ha ocurrido en otros años. “La asamblea comunitaria es la que debe avalar las candidaturas, esa es la condición, que ya la conocen las autoridades electorales y partidos políticos, pero hicieron caso omiso en el proceso anterior”, dijo.
Señaló que en las elecciones de 2024 se debe reafirmar el reconocimiento de dos sistemas normativos, que son usos y costumbres para que las comunidades puedan llevar a cabo sus elecciones y, además, se debe reconocer como único ente para avalar las candidaturas a la asamblea porque la gente conoce si realmente son originarios y han realizado buen trabajo a favor de las comunidades.
Durante el proceso electoral pasado, diversas comunidades indígenas impugnaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) los registros de candidatos, a quienes acusaron de “mentir”, puesto que no pertenecían a dichos grupos.
Uno de los casos más sonados, fue el del ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Martínez Terrazas, quien en 2021 buscó competir bajo la representación de la figura indígena sin serlo, lo que provocó la anulación de su candidatura.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 30.18 por ciento de los morelenses son indígenas, por lo que se determinó que en la Legislatura (conformada por 20 curules) les corresponden cuatro diputaciones de mayoría relativa y dos de representación proporcional en cuatro distritos electorales (3, 4, 5 y 10) y dos por la vía plurinominal, que deben corresponder a una mujer y un hombre.
No obstante, sólo una diputada es reconocida por las comunidades como de origen indígena, Macrina Vallejo, lo que ha llevado a integrantes de comunidades indígenas a manifestar su inconformidad señalando que la autoridad comicial simula a las comunidades y viola sus derechos político-electorales.