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  • Advierten que los primeros en beneficiarse serán la consejera Isabel Guadarrama y los consejeros Javier Arias y Enrique Pérez, los mismos que acaban de ser reinstalados  

  

  

Estrella Pedroza  

Activistas iniciaron una demanda para frenar el bono millonario que se auto aprobaron consejeras y consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y advirtieron que, de concretarse, pondría en riesgo los derechos electorales de las y los morelenses.  

 

En conferencia de prensa, explicaron que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con el número TEEM/JDC/29/2023 fue promovido por ciudadanos poblados indígenas del municipio de Tepoztlán, Temixco y Cuernavaca, entre las que figuran la comunidad de Cuentepec.  

Detallaron que el juicio es contra la reforma al reglamento interno del IMPEPAC concretamente el artículo 50 BIS y en el que establecieron otorgarse tres meses de salario por cada año por el que fueron designados, en este caso es por siete años. 

“Tendrán una prestación económica de 21 meses de salario, las y los consejeros electorales recibirán un aproximado de un millón 650 mil pesos y la presidenta, un millón 800 mil pesos”, detalló Karina Vara, una de las firmantes.  

Adicional al bono, señaló, recibirán lo que por Ley les corresponde que son tres meses de salario, más 20 días por cada año trabajado, es decir, casi siete meses dando la cantidad aproximada de 500 mil pesos.  

“En concreto, por ley les corresponde 500 mil y pretenden, con el bono, llevarse más de dos millones en total”, añadió. 

Roberto Salinas, activista y especialista en transparencia, alertó que de no revocarse esta reforma el próximo año vendría el primer desfalco para las arcas del órgano electoral;  

“tenemos el temor fundado de que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC priorice las transferencias de recursos económicos para dotar de suficiencia presupuestal para este bono; debido a que el próximo año tres consejeros finalizan su designación y que esto ponga en riesgo nuestros derechos político-electorales”, apuntó.  

Isabel Guadarrama, Javier Arias y Enrique Pérez, son la consejera y los consejeros que serán los primeros beneficiados, los mismos que el 22 de agosto del 2022 fueron destituidos por cometer presuntamente diversas irregularidades aunque recientemente fueron reinstalados por el Instituto Nacional Electoral (INE).  

Salinas, destacó que es incongruente que el IMPEPAC se plantee otorgar bonos excesivos cuando argumenta no tener recursos para sus gastos operativos.   

  

“El IMPEPAC no ha hecho lo necesario para garantizar la participación ciudadana, hasta el momento, las acciones afirmativas que ha implementado para ser garante de los derechos políticos electorales de las personas que pertenecen a los grupos considerados en situación de vulnerabilidad, han sido consecuencia de los juicios promovidos por ciudadanas y ciudadanos, que lograron que autoridades jurisdiccionales ordenaran, a través de sentencias, cumplir con sus obligaciones constitucionales”, subrayó.  

  

“Necesitamos autoridades conscientes de la realidad, No queremos funcionarios que actúen para su beneficio personal”. 

 

Por su parte, la defensora de los derechos electorales Perla Pedroza, lanzó un llamado al Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM), para “que resuelva pensando en los derechos electorales y no permitan que se violenten”. 

 

Además, recordó a la ciudadanía, partidos políticos y asociaciones civiles, que en los juicios electorales se abre un término de 72 horas hábiles para que puedan entrar como terceros interesados y sumarse a la lucha para defender el patrimonio electoral de Morelos.