El presidente del Foro Morelense de Abogados Pedro Martínez Bello, acusó que fue un error la designación de José Ortiz Guarneros como comisionado de Seguridad Pública del estado y solicitó a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la gestión del magistrado presidente del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea, quien podría haber desviado recursos públicos para fines personales.
Respecto a la gestión de Ortiz Guarneros advirtió que desde el principio de la administración su agrupación había señalado que “no era acertado traer a una persona que no conocía la territorialidad. Yo creo que se desestimó el estado de Morelos por ser pequeño en territorio. Sin embargo, Morelos tiene problemas tan grandes, aunque sea un estado pequeño, a consecuencia de su ubicación… y tiene peculiaridades por cuanto hace a su mapa criminal… Fue un error haber traído no solamente a un comisionado estatal de otro estado, sino que además este comisionado se trajo todo un grupo de gente de otros estados que no conocían la criminalidad”, aseguró al calificar la gestión en seguridad pública como un gran fracaso.
Por otra parte, a unas semanas de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia rinda su informe, Martínez Bello pidió a Luis Jorge Gamboa Olea sacar las manos de las designaciones de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Martínez Bello explicó que anteriormente las magistraturas tenían un precio de cinco a siete millones de pesos en el Congreso del Estado, por lo que se cuestionó la compra de la magistratura por parte del titular del Poder Judicial. “Se sabe al interior del Tribunal de dicha compra, y que nos diga a los morelenses de donde obtuvo los recursos para pretender comprar dicha magistratura”.
“No es posible que quien supone ser, el garante de la justicia en Morelos, el presidente del Poder Judicial que administra justicia en el Estado, sea el principal promotor de la ilegalidad y la injusticia”, acusó.
El abogado señaló que los dos magistrados del Poder Judicial recientemente designados por el Legislativo, no cuentan con los suficientes conocimientos para ejercer el cargo.
“Consideramos fundamental que se preserve la integridad de las instituciones, principalmente la del Poder Judicial, por ello; es sano que la Fiscalía Anticorrupción investigue las acciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia”.