La colección de deficiencias en el sistema de justicia en Morelos, ha sido nuevamente evidenciada por el caso de Jaime Domínguez, un opositor al Proyecto Integral Morelos que en el 2013 fue detenido y sometido a tortura por la policía estatal de Morelos, en aquel momento bajo el esquema de Mando Único.
En resumen, la víctima acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tardó casi una década en resolver que existió tortura y emitir una recomendación a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Morelos.
La tardanza para la resolución de la comisión contrasta con la velocidad para rechazarla mostrada por la Fiscalía, cuya argumentación consiste en que ninguno de sus agentes participó en los hechos, y en omisiones del Poder Ejecutivo de Morelos para publicar las reformas a la Ley Orgánica de la institución de procuración de justicia para crear una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Morelos ocupa uno de los últimos lugares nacionales en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. El reporte indica que, en materia de justicia penal, en Morelos no existe investigación penal eficaz, tampoco una procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, se violan los derechos de las víctimas y el debido proceso legal.
En ese marco, las acusaciones de maltrato a detenidos cometido por policías, custodios y otras figuras de autoridad se vuelven comunes. Incluso el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ha sido sujeto a proceso, junto con dos agentes a su cargo, por ese delito. Policías municipales y estatales son constantemente objeto de acusaciones en torno a tratos crueles o degradantes contra detenidos, con lo que se falta al debido proceso.
Hace casi 30 años, el 16 de diciembre de 1993, el Congreso de Morelos aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Morelos que abrogó la publicada en 1989. Desde entonces, la ley ha tenido solo dos reformas (en 2001 y 2015), pero sigue imponiendo prisión de tres a doce años, multa de hasta 51 mil pesos (500 UMAs), e inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios públicos que sean culpables del delito.
No existe, sin embargo, una estructura autónoma para investigar y sancionar la tortura, esa función la tiene hoy la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, que tiene una unidad especializada para cumplirla, sin embargo, sigue siendo dependiente en los hechos de la Fiscalía General. La reforma a la Ley Orgánica aprobada por el Congreso el 14 julio del 2023 busca corregir esa deficiencia, pero mientras no se publique, la investigación de la tortura seguirá bajo sospecha, y con ella, todo el sistema penal en Morelos.